Los vocales conservadores presentan ahora a dos aspirantes al Constitucional para tratar de desactivar la candidatura progresista

Después de tres meses bloqueando las negociaciones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar el Tribunal Constitucional, los vocales conservadores han desvelado este jueves quiénes son sus candidatos, cuya elección quieren garantizar antes de que entre en vigor la reforma legal impulsada por el Gobierno que cambia las mayorías. El primer candidato es el presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa, de tendencia conservadora; pero la propuesta incluye un segundo nombre: el del progresista Pablo Lucas. Al plantear ese tándem, los consejeros propuestos por el PP tratan de tumbar la candidatura del aspirante oficial de los progresistas, José Manuel Bandrés, restándole apoyos. Los vocales conservadores han reiterado al presidente suplente del CGPJ, Rafael Mozo, su petición de que convoque de forma urgente un pleno extraordinario para debatir los nombramientos del Constitucional.

La propuesta de los conservadores llega forzada por la decisión inicial de Mozo de rechazar esa solicitud. El presidente suplente del Poder Judicial dirigió este martes un escrito a todos los miembros del órgano en el que argumentaba que la petición de pleno extraordinario no podía ser atendida porque incumplía los requisitos que exige el reglamento del Consejo. Entre las condiciones está que la solicitud de pleno debe ir acompañada del nombre de los candidatos cuya designación se propone, algo a lo que los conservadores se habían resistido hasta ahora. Los consejeros del PP, que habían amagado con querellarse contra Mozo si no atendía su petición de convocar la reunión, han acabado asumiendo que el presidente tenía razón y que eso les obligaba a poner sobre la mesa, por primera vez en tres meses, el nombre de su candidato al Constitucional y a admitir, además, que no quieren votar al aspirante progresista.

El candidato conservador es César Tolosa, magistrado del Supremo desde 2014 y presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo desde 2020. Tolosa era, casi desde el inicio, el aspirante preferido por algunos vocales conservadores del CGPJ, pero no había consenso en el grupo, alguno de cuyos miembros más destacados preferían al instructor del procés, Pablo Llarena. En la elección final ha influido que Llarena iba a verse obligado a abstenerse en todas las causas relacionadas con los líderes independentistas sobre las que tiene que pronunciarse el tribunal de garantías, lo que restaría un voto en esos asuntos al sector conservador, que una vez que se renueve el Constitucional ya estará de por sí en minoría.

Lucas, por su parte, es el magistrado del Supremo encargado de controlar la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También pertenece a la Sala Tercera y su candidatura fue una de las impulsadas por el grupo progresista al inicio de la negociación, pero, tras una votación interna, este bloque se decantó por Bandrés. Lucas tiene un hermano, Enrique, que es vocal propuesto por el PNV, adscrito al sector progresista, y que tendrá que abstenerse en la votación de los magistrados del Constitucional si su hermano está entre los candidatos.

Con la propuesta de Lucas, los conservadores aspiran a romper el bloque progresista y que no salga adelante la candidatura de Bandrés, a quienes los consejeros elegidos por el PP consideran el candidato preferido por el Gobierno. La razón, según miembros del órgano, es que este magistrado ya estuvo a punto de ser designado para el Constitucional a propuesta del PSOE en la renovación que pactaron los dos partidos en octubre de 2021, pero finalmente los socialistas optaron por Inmaculada Montalbán.

Pero en el rechazo de los conservadores a Bandrés —un magistrado de 66 años, con casi 20 de experiencia en el Supremo y experto en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos y en derecho constitucional y contencioso-administrativo— hay otra razón de peso que los conservadores no niegan en privado: creen que este magistrado votaría a favor de Cándido Conde-Pumpido como futuro presidente del Constitucional, por lo que su designación aumentaría las posibilidades del ex fiscal general del Estado de ponerse al frente del tribunal de garantías, la opción que menos gusta al PP. Lucas, sin embargo, según vaticinan los conservadores, se decantaría por María Luisa Balaguer, también del sector progresista, pero que genera menos rechazo en el otro grupo.

El siguiente paso tiene que darlo ahora el presidente suplente del CGPJ, que debe decidir si atiende la petición del bloque mayoritario del órgano de convocar al pleno de forma urgente. El reglamento del CGPJ le obliga a hacerlo en el plazo de tres días si lo piden cinco o más vocales, y en este caso la solicitud la firman nueve, por lo que Mozo, si no advierte ningún nuevo error formal, debe fijar una fecha previsiblemente para finales de esta semana o principios de la que viene.

Los conservadores, que durante semanas han ido planteando excusas para retrasar la votación de los nuevos magistrados del Constitucional, tienen ahora prisa para que se haga ya. El objetivo de este grupo es adelantarse a la reforma legal que ha impulsado el Gobierno para impedir que los consejeros propuestos por el PP sigan bloqueando los nombramientos y que permitiría elegir al candidato preferido de los conservadores y al de los progresistas sin el apoyo del sector contrario, lo que facilitaría la designación de Bandrés.

Pero mientras esa reforma no esté en vigor, para ser elegido magistrado del Constitucional se requieren 11 de los 18 votos del pleno del CGPJ. Los conservadores suman 10 y los progresistas ocho, por lo que hace falta un pacto entre los grupos o que vocales de uno acepten sumar sus apoyos a los del otro. Y eso es lo que buscan los conservadores presentando a Lucas. La candidatura de este implica la abstención de su hermano, pero esto no conlleva una rebaja en el quórum necesario, que sigue siendo de 11, según miembros consultados en ambos bloques, por lo que para que prosperara la propuesta de los conservadores haría falta que otro progresista cambiara su voto. Fuentes progresistas no contemplan esta posibilidad, ni tampoco la otra vía que han sugerido en los últimos días dirigentes del PP: que la vocal progresista Clara Martínez de Careaga se abstenga por ser esposa de Conde-Pumpido, que aspira a presidir el Constitucional. Pero miembros del órgano de ambas sensibilidades coinciden en que no hay causa de abstención, y los consejeros conservadores no pueden recusarla.

A la espera de que Mozo convoque el pleno, los vocales de ambos grupos miran ahora de reojo al Constitucional después de que su presidente anunciara este miércoles la convocatoria urgente de un pleno para decidir si paraliza la reforma del Gobierno para elegir a los magistrados de ese tribunal. Una posible suspensión implicaría, previsiblemente, un nuevo cambio de prioridades en los vocales del Consejo: los conservadores, que ahora presionan para acelerar la renovación del tribunal de garantías, dejarían de tener prisa; y los progresistas, que saben que la norma que impulsa el Gobierno prácticamente garantiza los nombramientos, verían de nuevo peligrar la designación.