El nuevo fiscal jefe de Tráfico: “Los datos apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad vial”

Luis del Río (Las Palmas de Gran Canaria, 59 años) se puso al frente de la Fiscalía de Seguridad Vial en marzo. Con casi tres décadas de carrera a la espalda y una amplia experiencia en Anticorrupción y Siniestralidad Laboral, sustituyó en el cargo a Bartolomé Vargas, que se jubiló tras 15 años encabezando esta área del ministerio público. El canario llega en un momento complejo: la delincuencia vial aumentó en 2021 y generó el volumen de actividad judicial más alto de la última década; la movilidad crece y se sitúa ya en niveles previos a la pandemia; y, como indica Del Río, los datos provisionales de 2022 de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre fallecidos en carreteras “apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad”.

Pregunta. Si tuviéramos que hacer ahora una foto fija de la delincuencia vial en España, ¿a qué escenario nos enfrentamos?

Respuesta. Actualmente, lo que se percibe es que, si bien durante la última década ha habido una mejora considerable en materia de seguridad vial y de movilidad en general, quizás en el último periodo del que tenemos datos oficiales, que es el año 2021, ha habido un pequeño retroceso. Un retroceso porque se han incrementado los asuntos incoados, las sentencias condenatorias dictadas y los escritos de acusación.

P. ¿Y a qué lo achacan?

R. No tenemos muy claro cuál es el motivo. Algunos expertos que se dedican al ámbito de la seguridad vial han querido ver una especie de efecto rebote tras estos años más duros de la pandemia; sobre todo, de los periodos de confinamiento. Quizás, a un malentendido sentimiento de recuperación de la libertad.

P. ¿Y la campaña de verano y los meses posteriores han confirmado esa tendencia?

R. Los datos que nos va facilitando la DGT confirman que, en cuanto a fallecimientos y lesiones de cierta entidad, sí ha habido un cierto incremento. Eso, según los datos provisionales de lo que llevamos de año. Habrá que esperar, no obstante, al final de año para hacer una evaluación más completa y objetiva. Pero los datos parece que apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad vial en los últimos tiempos.

P. Usted afirma que se ha producido un cierto aumento de los delitos de peligro, ¿a qué tipo de delitos y actitudes se refiere?

R. Me estoy refiriendo a conducir a una velocidad excesiva, superando los límites que fija el Código Penal, que son 60 kilómetros por hora y 80 kilómetros por hora, según sea vía urbana o interurbana; y los delitos de conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas y de droga. También la conducción temeraria e incluso sin el permiso de conducir.

P. Hemos visto gente que se graba conduciendo de forma temeraria para después subir los vídeos a internet, ¿han detectado algún tipo de relación entre el aumento de la conducción temeraria y este fenómeno?

R. No tenemos conocimiento de que haya habido un estudio riguroso sobre esa cuestión. Pero sí parece que, a veces, esas ganas exacerbadas de exposición y de demostrar que se hacen cosas originales, llegan al absurdo de cometer conductas que ponen en peligro la vida de los demás. Y la vida propia también.

P. En la memoria de la Fiscalía se detalla que, pese a los esfuerzos realizados, la atención jurídica de las víctimas no es la debida en dependencias policiales, juzgados y oficinas de atención. ¿Qué deficiencias han detectado?

R. En los últimos años se ha producido una mejoría: se han duplicado esfuerzos, tanto del ministerio fiscal como de los órganos judiciales y la propia Policía. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y quedan esfuerzos que realizar para que se dé cumplimiento al estatuto de la víctima. Por ejemplo, las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delito deberían tener más en cuenta a las víctimas de los siniestros viales y prestarles mayor atención. Somos conscientes de que, en la mayor parte de los sitios, estas oficinas están empezando a instalarse ahora y llevan muy poco tiempo. Y somos conscientes de que no tienen excesivos medios: ni personales ni materiales. E indudablemente, para dar una debida atención, hace falta inversión. También, en materia de responsabilidad civil, tenemos un sistema de cálculo de las mismas [para pedir indemnizaciones] que, en algunos supuestos, es especialmente complicado y requiere de ciertas operaciones, a veces matemáticas, de cierta complejidad.

P. Unos sistemas matemáticos muy complicados para las víctimas.

R. Efectivamente, a veces no es fácil, sobre todo para la víctima. Necesita un asesoramiento especializado, sobre todo los casos más complejos, para poder determinar bien las cantidades a las que tiene derecho a la hora de reclamar.

P. Su predecesor anunció en 2021 que trabajaban en un dictamen para analizar los puntos negros en las carreteras para dar una respuesta penal si los accidentes respondían a fallos en la construcción de las vías. ¿Han avanzado en ello?

R. Seguimos en ello. Lo estamos estudiando, pero es un tema especialmente complejo porque sería susceptible de tipificación en el artículo 385 del Código Penal, que es un tipo penal bastante complejo y que ha sido escasamente aplicado por los tribunales, y además, las veces en que se ha aplicado ha sido en supuestos distintos a los que usted me plantea. Por lo tanto, requiere que continuemos estudiando debidamente esta cuestión.

P. Respecto a los patinetes eléctricos, la memoria de la Fiscalía también apunta a la necesidad de un marco normativo claro, bien estructurado y territorialmente armonizado ¿Dónde se puede mejorar?

R. Esta es una materia, en principio, de carácter administrativo. Es decir, supera un poco nuestras competencias. Nosotros intervenimos cuando normalmente se ha producido algún delito. Recientemente se ha producido alguna reforma en la normativa: en el sentido de exigir mayores medidas de seguridad y, en todo lo que sean mejoras en la seguridad vial, van a tener nuestro apoyo. En el caso de los vehículos de movilidad personal, por una parte, son usuarios especialmente vulnerables respecto a otros vehículos, pero a su vez también los peatones son especialmente vulnerables respecto a los patinetes. Con lo cual, hay que buscar un equilibrio entre una normativa que permita la máxima seguridad de los usuarios de estos vehículos de movilidad personal y de terceros; y que, a su vez, no paralice iniciativas que puedan dar lugar a una movilidad más sostenible.

P. ¿Han detectado un aumento de los casos penales que involucren a patinetes?

R. Aunque no tenemos datos estadísticos separados referidos únicamente a esta clase de vehículos de movilidad personal, sí hemos observado en los últimos tiempos algunas actuaciones judiciales.

P. ¿Y representan un volumen preocupante?

R. No es que sea un volumen alarmante, pero sí que tienen cierta entidad. Quizás, lo que más nos preocupa a nosotros es que, al ser un fenómeno nuevo, a veces el encaje penal presenta algunas dificultades.

P. ¿A qué dificultades se refiere?

R. Que puedan ser considerados o no vehículos a motor, a efectos de aplicar los delitos de peligro. Porque, si bien en principio quedan al margen de estos al no reunir las características típicas que existen en estos delitos, a veces los usuarios o los fabricantes les introducen determinadas reformas que los potencian, haciéndolos asimilables a los vehículos que sí encajan en los tipos penales de peligro.