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Irene Montero propone al PSOE un calendario y una fecha tope para aprobar la ‘ley trans’

La ministra de Igualdad tilda de “incomprensible” que se prolongue el plazo de enmiendas e insiste en que el texto esté aprobado antes de final de año. Propone que la ponencia esté finalizada el 18 de noviembre

La ministra de Igualdad, Irene Montero, al inicio de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2022, en Madrid (España). Foto: Eduardo Parra / Europa Press
El País

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha propuesto a sus socios socialistas en el Gobierno un calendario cerrado para aprobar la ley trans antes de que acabe el año, a fin de evitar “más retrasos en el debate parlamentario de esta ley”, una vez que el PSOE ha promovido una nueva ampliación de los plazos para registrar enmiendas parciales a un proyecto que tensiona al Ejecutivo y divide al socialismo y al movimiento feminista. Montero, para quien la nueva demora propuesta por sus aliados es “incomprensible”, quiere que la ponencia de la ley acabe el 18 de noviembre, una fecha de complicado cumplimiento ante el nuevo plazo para presentar enmiendas. La Mesa del Congreso, que se ha reunido este miércoles antes del pleno de Presupuestos para 2023, ha aprobado ampliar el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley trans hasta el miércoles de la semana que viene con el respaldo de los seis miembros del PSOE, PP y Vox frente a los tres de Unidas Podemos.

“Es incomprensible que se vuelva a ampliar [el plazo de enmiendas]; solo perjudica a las personas trans que ven en riesgo la ley”, ha manifestado la ministra y secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, en un mensaje en el que cree que esta decisión “solo perjudica a las personas trans y LGTBI que ven en riesgo la aprobación de una ley que garantiza sus derechos”. Montero anuncia que va a proponer al PSOE y los grupos parlamentarios “un calendario de tramitación que incluya la finalización de la ponencia el 18 de noviembre para garantizar que no hay más retrasos en el debate parlamentario de esta ley y puede estar aprobada, sin retrocesos en derechos, antes de que acabe el año”.

La decisión del PSOE de pedir este miércoles una nueva ampliación para presentar correcciones a la ley ha causado un hondo malestar en Podemos y en el propio partido socialista, que ya en la anterior prórroga provocó la renuncia a la militancia socialista de la activista trans Carla Antonelli y vio como se avivaba el debate interno. El argumento que da el PSOE para la dilación es que persigue que el texto “sea garantista” y tenga la “mayor seguridad jurídica” para que quede “libre de cualquier posibilidad” de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El portavoz socialista en la Cámara baja, Patxi López, ha restado este mismo miércoles sin embargo trascendencia a esa decisión de su partido y de la Mesa y ha intentado enmarcarla en un escenario de normalidad como sucede muchas semanas con otras normas y con la intención únicamente de mejorar el contenido jurídico de la ley para estar preparados ante futuros recursos ante el Tribunal Constitucional de partidos de la derecha, como PP, Ciudadanos y Vox, tal y cómo ya han anunciado.

Ya el martes estaba sobre la mesa la propuesta de un calendario para la ley trans como el que ha propuesto esta mañana Montero, que incluyese la finalización del periodo de enmiendas el día 2 de noviembre y la finalización de la ponencia el 18 de noviembre, siempre con el objetivo de que el texto esté cerrado antes de que acabe el año.

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Organizaciones LGTBI y de personas trans han criticado la decisión del PSOE de pedir que se amplíe una última semana más el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley trans en el Congreso porque creen que la “está poniendo en grave riesgo”. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, y Fundación Triángulo consideran injustificable pedir nuevas prórrogas y se preguntan cuál es la intención del PSOE al pedirla.

En un comunicado conjunto, las entidades LGTBI+ advierten de que no aceptarán recortes en los derechos pactados en La Moncloa con la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, “especialmente en lo referente a los menores trans”, informa Europa Press.

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