La Fiscalía pide endurecer las penas por financiación ilegal de los partidos políticos

La memoria anual de la Fiscalía presentada este miércoles recoge una petición para que se endurezcan las penas previstas en el Código Penal por el delito de financiación ilegal de partidos políticos, que actualmente son de entre seis meses y cuatro años de prisión. Para el ministerio público, el castigo actual es “inusualmente indulgente” y reclama además un aumento de las multas y que se contemple la inhabilitación para sufragio pasivo de los autores del delito. La Fiscalía aboga, además por modificar la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos para introducir “mayores controles respecto a las aportaciones de los afiliados”, ya que, según la Fiscalía, la redacción actual solo castiga las donaciones.

El fiscal general del Estado tenía que presentar este miércoles ante el Rey y el resto de autoridades la memoria de 2021, pero ha sido sustituido por su número dos, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien ha leído la intervención que tenía preparada García Ortiz. En el acto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a que se reúnan “con urgencia” para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció en diciembre de 2018. Lesmes ha insistido en que el bloqueo está causando daños a la justicia que pueden ser irreparables y ya está teniendo unas consecuencias en la administración de justicia a los ciudadanos. Entre esos efectos, el Supremo tiene ya 14 de sus 79 plazas vacantes.

La actividad judicial no se ha recuperado, al menos totalmente, tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia, según la memoria de la Fiscalía del año 2021, que se ha hecho pública este miércoles en el acto de apertura del año judicial. Pese al esfuerzo y la voluntad de recuperar la normalidad ha sido un objetivo “solo parcialmente conseguido”, recoge el texto rubricado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no ha podido asistir al acto porque ha dado positivo por coronavirus. En el último año, los juzgados han convivido con las consecuencias de crisis sanitaria, tanto por la acumulación de trabajo que provocó la suspensión de los plazos procesales tras la declaración del estado de alarma, como por la dificultad de seguir trabajando con las sucesivas olas del virus. “Los datos, si bien reflejan una reactivación de las cifras, no se alcanzan las correspondientes a la anualidad de 2019″, anota el texto.

La fiscal ha alertado del incremento de los procedimientos abiertos por delitos de trata de seres humanos, que aumentaron en un 37,5% respecto a 2020 (año en el que bajó la criminalidad por el confinamiento y las restricciones derivadas de la pandemia). El 67,27% de esos casos se refirieron a trata con fines de explotación sexual, detectándose 277 víctimas, de las que el 98,55% eran mujeres o niñas. La trata laboral le sigue en importancia estadística con un 16,36% de los procedimientos. La Fiscalía, señaló Sánchez Conde, tiene la mirada puesta en la crisis migratoria derivada de los conflictos bélicos, las catástrofes naturales y la crisis climática.

Sánchez Conde ha puesto el foco también en cuestiones como la reparación integral de las víctimas, a las que alude la memoria del Ministerio Público, que aboga por evitar la llamada victimización secundaria mediante mecanismos como evitar que tenga que declarar ante distintas instancias, facilitar el acceso al procedimiento y medidas de apoyo y acompañamiento, informa Reyes Rincón. “Exploraremos todos los aspectos posibles de protección para proporcionar a los fiscales una herramienta jurídica integral en este ámbito. Las víctimas tienen que ser nuestra prioridad: han de ser amparadas y defendidas. Su testimonio, en muchas ocasiones imprescindible para la persecución del delito, no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador”, ha leído.

La memoria fiscal de 2021 también ahonda en la necesidad de hacer aflorar la cifra oculta de la violencia de género y habla una consolidación de la tendencia alcista de los delitos de odio a través de las tecnologías de la información. Con respecto a actuaciones concretas, el escrito recoge que la Fiscalía de Ceuta tuvo que intervenir en la devolución de menores migrantes no acompañados que se intentó en la ciudad autónoma y lo califica como un “atajo” que “cercenaba garantías básicas”, y advierte de la “gran divergencia” que existe en los tribunales a la hora de enjuiciar los delitos de enaltecimiento. Mientras que los casos de terrorismo yihadista “no resulta en exceso complicada” una condena, en los relacionados con ETA o el GRAPO, es un delito “de casi imposible condena” ante las exigencias jurisprudenciales de riesgo de la comisión esos delitos. El texto, de 1.574 páginas, también sugiere la reforma del delito de financiación ilegal de los partidos políticos del artículo 304 bis del Código Penal, de forma que incluya no solo las donaciones, sino también las aportaciones de los afiliados.

En cuanto a cifras, la memoria recoge que el año pasado se abrieron 1.151.357 diligencias previas frente a las 1.068.785 del año 2020. Los juicios leves, cauce con el que se resuelven las infracciones de menor gravedad y que sustituyeron a las faltas, mantienen su tendencia a la baja. Se han tramitado 323.362, más que los 297.744 de 2020, pero menos que los 338.204 de 2019.

Los procedimientos ordinarios o sumarios abiertos (2.905) han subido un 16% con respecto a 2020 y la cifra también es superior a la de 2019 (2.652). Las 13.869 diligencias de investigación de 2021 también han supuesto una subida sustancial con respecto a 2020, pero lejos de las 15.535 de 2019, o las 14.906, de 2018. En este ejercicio memorial se han formulado 285.041 escritos de acusación, un 15% más que en 2020, año en el que las acusaciones ascendieron a 242.846 y también superior a los 277.144 de 2019.

Los juicios suspendidos han bajado con respecto al año anterior. Con todo, un número importante de las cancelaciones han seguido directamente vinculadas a los contagios en las sucesivas olas de la covid-19. Pese a que en muchas ocasiones se ha suplido mediante el uso de sistemas telemáticos, no siempre ha sido posible, recoge la memoria, que también atribuye el incremento de sentencias a la mejora de la situación sanitaria. Los juzgados de lo penal han dictado 147.682 sentencias, frente a las 111.585 dictadas en el año de la pandemia, pero sin alcanzar el número de 2019 (150.643) o de 2018 (155.288). En las audiencias provinciales se han redactado 10.232 sentencias, cifra muy superior a las 7.357 de 2020, y también superior a la de anualidades anteriores, concretamente 9.405 en 2019 o las 8.909 del año 2018.

Los delitos con mayor presencia en las sentencias condenatorias, al igual que en años anteriores, han sido contra la seguridad vial (35%) y contra el patrimonio (18%). Los delitos de violencia familiar y de género han supuesto el 9%, inferior al 13% alcanzado en 2020; los delitos contra la vida e integridad física, el 9%, ligeramente inferior al 10% alcanzado en 2020; y los delitos contra la Administración de Justicia el 7%, que mantiene el porcentaje de la anualidad anterior.

“Constante incremento” del tráfico online de material de abuso infantil. La memoria de la fiscal de sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, incluida en la memoria, señala que, aunque el repunte de las conductas relacionadas con la elaboración y tráfico online de material de abuso sexual infantil se redujeron durante el confinamiento más severo, con la vuelta a la normalidad, persiste ese efecto perverso, y se percibe en el “constante incremento” y una cierta tendencia a la normalización por parte de algunos menores de los contactos online de carácter sexual con adultos a cambio de compensaciones de carácter económico.

Un “marco normativo claro” para los patinetes eléctricos. El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial llama la atención sobre cómo las nuevas formas de transporte han incrementado los colectivos especialmente vulnerables en los delitos de tráfico, por la evidente desigualdad física en la que se encuentran, situando junto a peatones y ciclistas, a los conductores de los patinetes eléctricos. También destaca que se da la circunstancia de que las personas que los manejan pueden ser tanto autoras como damnificadas de estos delitos contra la seguridad vial. “Crece la necesidad de dotar a la circulación de estos vehículos de un marco normativo claro, bien estructurado y territorialmente armonizado”, reclama la Fiscalía, tanto en beneficio de los intereses y de la seguridad de los usuarios de estos vehículos, como de quienes pueden resultar dañados. “Se han producido avances normativos, pero no hay aún una regulación sistemática y completa que debería abordarse”, añade.