Un incendio, dos fallecidos y 10 años a la espera de juicio

La tarde del 30 de agosto de 2012 un jardinero encendió un fuego en una vivienda de Coín (Málaga) para quemar restos de poda. Había ramas de cipreses, adelfas y palmeras. Atizó la hoguera en varias ocasiones y, después, abandonó el lugar —propiedad de un ciudadano extranjero que estaba en su país— sin apagarla. El viento impulsó los restos que ardían y estos generaron unas llamas que, durante los dos siguientes días, causaron la muerte de dos personas y arrasaron 8.500 hectáreas de otros cinco municipios de la Costa del Sol. La fiscalía pide siete años y medio para el jardinero por dos delitos de homicidio imprudente y otro de lesiones por imprudencia. Pero, a punto de cumplirse una década del suceso, aún no ha sido juzgado. Su celebración está prevista para enero de 2023. Es un ejemplo de la complejidad de las investigaciones y la lentitud de la justicia española en casos como este. Y un aviso sobre lo que puede ocurrir con los incendios que han quemado unas 200.000 hectáreas en España en lo que va de año.

El relato del fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez, deja claro que la investigación rara vez demora el juicio de estos casos. Tanto las brigadas de Medio Ambiente como los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) suelen acabar pronto su labor apuntando a las causas del origen. Lo difícil es demostrarlo ante la complejidad de encontrar pruebas concluyentes. La narración del incendio de 2012 es resultado de ese trabajo de los investigadores y permite al fiscal afirmar que el presunto autor encendió “de manera absolutamente irresponsable” y sin autorización el fuego, que saltó a terreno forestal y avanzó por los términos municipales de Mijas, Marbella, Monda y Alhaurín el Grande. También Ojén, cuyos 4.000 habitantes fueron desalojados. Dos personas murieron —una de ellas porque no quiso abandonar su vivienda cuando se le pidió desalojarla— y otras cuatro resultaron heridas por unas llamas que se extinguieron el 4 de septiembre. Los daños ocasionados superaron los 20 millones de euros. El gasto público supuso una inversión de 1,3 millones de euros: participaron de 43 helicópteros y aviones, 27 vehículos, más de 500 especialistas y 400 miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

¿Qué ha pasado para que se demore tanto el juicio? El principal problema es la falta de recursos. El caso se ha llevado en el juzgado de Coín (23.375 habitantes), donde no dan abasto. La Junta de Andalucía incorporó un funcionario de refuerzo para el caso, pero no un juez. Y los que ha habido durante estos años —es un juzgado con gran movilidad— no han podido asumir la carga que supone el proceso. Por eso molestó tanto a jueces, investigadores y fiscales que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pidiera hace unas semanas —en plena precampaña electoral— celeridad en las investigaciones. “La competencia de aumentar los recursos es precisamente de su Administración, así que la solución está en sus manos”, cuentan fuentes jurídicas, que amplían la queja al resto de comunidades.

Vieja reivindicación

La falta de recursos es una vieja reivindicación que se repite en las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los informes del Defensor del Pueblo o en los de los sindicatos. El decano de los juzgados de Málaga, José María Páez, denunció la pasada primavera que la justicia malagueña se encuentra en “quiebra técnica” y que faltan 27 unidades en la provincia. Días después, la ministra de Justicia, Pilar Llop, subrayó que la escasez de juzgados era un problema de todo el país. “Nuestro sistema de justicia es como un agujero negro, que absorbe todo el trabajo que se le echa y no es nada eficaz”, dijo en declaraciones recogidas por Málaga hoy. El largo retraso tiene, además, consecuencias: las condenas suelen disminuir por dilación indebida, es decir, porque se juzgan los hechos mucho tiempo después de que ocurran. Es lo que pasó en 2021 en el juicio a las dos personas que causaron el histórico incendio que arrasó unas 30.000 hectáreas en la Comunidad Valenciana. La fiscalía pidió dos años y nueve meses de prisión para ellos, pero se quedaron en diez meses, pena que se suspendió tras un acuerdo de conformidad. Otro incendio en L’Alcalatén (Castellón) tardó ocho años en juzgarse.

El segundo factor del retraso ha sido la gran cantidad de empresas, municipios, comunidades o personas perjudicadas, algo habitual en los grandes incendios forestales. A lo largo de las 8.500 hectáreas que quemó el incendio, desde Coín hasta Marbella se acumularon casi 350 afectados. Las notificaciones y comunicaciones con todos —muchos son residentes extranjeros— ha sido compleja y ha ralentizado los tiempos. También lo ha hecho un tercer factor, nuevamente administrativo. A la empresa que hizo las tasaciones para evaluar las pérdidas de cada perjudicado, Tinsa, se le acabó el contrato con la Junta de Andalucía cuando tenía la peritación casi acabada. La nueva empresa adjudicataria debió repetir el trabajo, acumulando un nuevo retraso. “Había que valorar muchos daños”, subraya Benítez. El juicio está previsto para el próximo mes de enero y en él participarán los 347 afectados porque la defensa del acusado —que se presenta cada 15 días al juzgado para firmar— los ha citado como testigos.

Sobre la mesa de los investigadores se acumulan ya otros grandes incendios en Málaga. El principal arrasó casi 10.000 hectáreas y causó la muerte a un bombero a finales del verano pasado en Sierra Bermeja. Sin detenidos, el caso parecía encarrilado cuando el presidente andaluz dijo que se habían encontrado unos montones de piñas que determinaban que el fuego había sido provocado, algo que molestó a los investigadores por la filtración y porque resultó una pista falsa. Otro fuego quemó 3.500 hectáreas hace casi dos meses en la finca La Resinera, en la misma zona. Se detuvo a cuatro personas, pero la brigada de Medio Ambiente continúa en ello, puesto que hay dudas sobre el origen exacto del incendio, aunque el Seprona sí que tiene más clara su investigación. Por último, el reciente incendio en la Sierra de Mijas —2.000 hectáreas calcinadas— continúa en instrucción sin que, de momento, se hayan producido detenciones. “Dejémosles trabajar”, sentencia el fiscal malagueño.