El juez del ‘caso Pegasus’ pide declasificar documentos secretos para interrogar a Marlaska y Robles

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga la presunta infección de los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y tres miembros de su Gobierno con el software espía Pegasus, ha acordado tomar declaración como testigos a dos de los afectados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles. Antes de interrogarlos, el magistrado dirigirá un suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasifique “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios”. Tras esta citación, solo Pedro Sánchez y Luis Planas permanecen, por el momento, al margen de esta investigación.

Esta citación se produce tras la reciente toma de declaración, también como testigo, del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se acogió a la posibilidad de contestar por escrito. Bolaños contestó a nueve preguntas del juez y tres del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, aunque, según apuntan fuentes conocedoras del contenido de las respuestas, no aportó novedades relevantes. El ministro se escudó en que sus funciones son políticas y desconoce los detalles técnicos sobre la seguridad de las comunicaciones, que hizo recaer en el personal especializado responsable de supervisar los terminales del presidente y los ministros.

Bolaños fue llamado a declarar, no en su condición actual de ministro, sino por el puesto que ocupaba cuando ocurrieron los hechos: el de secretario general de la Presidencia, cargo que abandonó en julio de 2021, justo un mes después de las intervenciones ilegales a los móviles. Como tal, era el último responsable del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica. Este organismo engloba la llamada Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (UTIC) de La Moncloa, responsable última de la seguridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno.

Calama abrió la investigación sobre el espionaje el pasado 26 de abril, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente y la ministra de Defensa, y que luego se amplió tras confirmarse también el espionaje del terminal que usaba Grande-Marlaska. El Gobierno denunció esta intrusión en los teléfonos de Sánchez y sus ministros en plena tormenta política por un informe de Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto (Canadá), que aseguraba que 63 personadas relacionadas con el independentismo catalán habían sido supuestamente atacadas con Pegasus.

La entonces directoral de CNI, Paz Esteban, tuvo que dar explicaciones en el Congreso. Después, fue cesada. Sánchez aseguró que su salida respondía a ”un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno” y que, por tanto, no tenía nada que ver con el espionaje a los secesionistas. Las supuestas intrusiones en los móviles de los miembros del Gobierno se produjeron entre mayo y junio de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos por la decisión de Madrid de acoger en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser tratado por covid y coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes, mucho de ellos menores, en Ceuta.

Ya en su primera resolución, el juez apuntaba a la existencia de posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos. En otra resolución dictada este mes, el magistrado afirmaba que el presunto robo de datos de los móviles del Gobierno no era solo una cuestión que afectase a la intimidad de los mismos y abrió la hipótesis de que se hubiera sustraído información que afectase a la seguridad nacional, al encontrarse la ministra de Defensa entre los afectados. Posteriormente, ordenó al CNI que conservase y pusiera a su disposición el volcado que hizo de los móviles, al considerar ese material puede constituir una prueba clave para avanzar en las pesquisas. Antes, Calama ya había apuntado que, como resultado de las investigaciones, en la causa se podría manejar “información sensible, que puede estar legalmente clasificada” y que pueda “comprometer gravemente la seguridad del Estado”.

Mientras la causa estuvo secreta, el magistrado envió una comisión rogatoria a Israel para solicitar desplazarse al frente de una comisión judicial a aquel país y tomar declaración como testigo al consejero delegado de la empresa que comercializa el programa Pegasus, la compañía NSO Group. Asimismo, tomó declaración como testigos a la exdirectora del CNI y a un agente del servicio secreto que firmó los informes técnicos que el Gobierno incorporó a la denuncia que presentó por el supuesto espionaje. Fue el testimonio de estos últimos lo que provocó que el juez llamara a declarar a Bolaños como testigo.