La Fiscalía alienta la confesión en la corrupción al pedir penas bajas para Marjaliza, el primer gran arrepentido

Colaborar con la justicia sale rentable. Así lo ha querido dejar claro la Fiscalía Anticorrupción en su primer escrito de acusación contra el constructor David Marjaliza, cabecilla confeso del caso Púnica y primer gran arrepentido de la corrupción en España. En la pieza seis de este macrosumario, en la que se investiga el supuesto amaño de contratos públicos en una decena de ayuntamientos a favor de la mercantil de eficiencia energética Cofely España, el ministerio público pide para el empresario 13 años y tres meses de prisión por ocho delitos, entre ellos el de blanqueo agravado y pertenencia a organización criminal, tras proponer aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía destaca que el empresario ha mantenido durante gran parte de la instrucción de la causa “un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia” y que ello “ha permitido impulsar y ampliar la investigación” en todo el sumario. El juicio por esta pieza, cuya vista oral aún no tiene fijada fecha de inicio, será previsiblemente el primero al que se enfrente Marjaliza y, por tanto, el que marque su futuro judicial. El constructor está imputado en otras cuatro piezas del macrosumario, según detallan fuentes de su defensa.

En su escrito, Anticorrupción hace una valoración positiva del arrepentimiento de Marjaliza. Así, destaca que el constructor comenzó a colaborar “en una fecha temprana”, junio de 2015, cuando solo habían pasado ocho meses de su detención y la causa estaba aún secreta, por lo que no conocía el contenido las actuaciones judiciales ni las pruebas recabadas contra él. Esta es una de las condiciones recogidas en el Código Penal para aplicar la atenuante muy cualificada.

La Fiscalía señala que, desde entonces, esta colaboración del empresario “se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales, confesando los hechos criminales en los que han participado el mismo y los empleados instrumentales de sus sociedades”. Y añade que, en sus testimonios, Marjaliza siempre ha intentado exculpar de responsabilidad a estos trabajadores para asumirla él, al asegurar que habían actuado “siempre cumpliendo sus instrucciones”. Estos tres empleados, también imputados en la causa, han seguido la senda de su jefe y han admitido los hechos, por lo que la Fiscalía pide aplicarles igualmente la atenuante cualificada en su escrito de acusación.

De este modo, la Fiscalía acusa al constructor por la trama de Cofely de ocho delitos, en seis de los cuales le pide penas de cárcel, pero en ninguno de más de tres años, lo que reduce el cumplimiento efectivo de la pena a un máximo de nueve años (el triple de la pena mayor). Marjaliza ya pasó 14 meses en prisión preventiva tras su detención en octubre de 2014. Así, en el delito de blanqueo agravado, los seis años que el Código Penal fija para esta figura delictiva, la acusación de Anticorrupción los rebaja a tres. Lo mismo ocurre con las penas de los delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal.

En el escrito, el ministerio público también pide que el tribunal valore la confesión de otros tres encausados, vinculados a la empresa Cofely, por admitir el delito de cohecho, aunque en su caso solo como atenuante simple, ya que dieron el paso cuando la causa ya no era secreta y, por tanto, conocían los indicios que había contra ellos. Esto se traduce en que las penas que la Fiscalía pide para ellos por los mismos delitos que a Marjaliza sean mayores. Así, en el delito de cohecho llega a los cuatro años y cinco meses de cárcel y en el de pertenencia a organización criminal, a cuatro años.

En la pieza seis del sumario del caso Púnica, para el que el juez Manuel García-Castellón ha dictado ya el auto de apertura de juicio oral, Marjaliza se sentará en el banquillo de los acusados junto a nueve exalcaldes de la Comunidad de Madrid y Extremadura —siete son del PP, uno, del PSOE y otro, del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA)— y a otras 27 personas por la presunta adjudicación irregular de contratos por parte de nueve consistorios a Cofely, a la que también se envía el banquillo como persona jurídica. El instructor calcula que los contratos bajo sospecha suman más de 224 millones de euros, lo que convierte a esta parte de la investigación en la de mayor fraude de toda la macrocausa. Las comisiones que recibió Marjaliza por ellos se acerca a los dos millones de euros, según detalla la Fiscalía.

En su escrito, Anticorrupción explica que “tras la crisis del sector inmobiliario, el acusado David Marjaliza siguió rentabilizando la red de contactos e influencias tejida desde el año 2000 con alcaldes, ediles y concejales de determinados pueblos de la zona sudoeste de Madrid” gracias a la amistad que mantenía con el otro presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, quien fuera consejero de Esperanza Aguirre en el gobierno regional y secretario general del PP de Madrid. De este modo, el constructor “se convirtió en un ‘conseguidor’ para terceras compañías, quienes firmaban con sus empresas, Servicio Logísticos Inmobiliarios o Aruba Gestion unos contratos de asesoría y colaboración que instrumentalizaban el pago de las comisiones comprometidas con las autoridades municipales, para asegurar la adjudicación de los contratos, y el pago de intermediación del empresario acusado. Entre dichas compañías se encontraba la mercantil Cofely España”, recalca el texto.

El inicio de las pesquisas sobre la trama Púnica, en el verano de 2014, “coincidió con una hiperactividad como conseguidor y comisionista del acusado David Marjaliza para Cofely España”, añade el escrito. A partir de ahí detalla la cantidad de indicios en forma de conversaciones telefónicas, correos electrónicos y pruebas documentales recabados sobre actuación de los directivos de esta empresa y el constructor en los ayuntamientos de Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Parla, Alcalá de Henares, Valdemoro, Collado Villalba, Móstoles, Serranillos del Valle (todos ellos en la Comunidad de Madrid) y Almendralejo (Badajoz). A cambio de que les facilitaran la adjudicación de esos contratos, Marjaliza y directivos de Cofely entregaban a alcaldes, ediles y técnicos de estos consistorios diferentes dádivas, la mayoría en efectivo. La Fiscalía destaca que estas comisiones ilegales fueron mayores en los ayuntamientos de Parla y Móstoles, gobernados por PSOE y PP respectivamente, donde la trama se vio obligada a regatear el importe de las mismas y fraccionar las entregas por sus elevadas cuantías.