Los 133 migrantes que lograron entrar en Melilla permanecen privados de libertad por “recomendación sanitaria”

Las 133 personas que lograron entrar en Melilla en el multitudinario y mortal intento del viernes permanecen aisladas y privadas de libertad en el Centro de Estancia temporal para Extranjeros (CETI) de la ciudad. Ese centro es un recinto del que sus residentes pueden entrar y salir, pero la dirección mantiene a ese grupo en un espacio vigilado y separado del resto, sin permitirles moverse, bajo pretexto sanitario. Según la Secretaría de Estado de Migraciones, se está haciendo así por “recomendaciones sanitarias”, aunque actualmente no hay ninguna obligación de aislamiento, ni siquiera si se es positivo en covid-19. La recomendación sanitaria en vigor es limitar al máximo la interacción social y, si la hay, hacerla con mascarilla.

El protocolo que se está aplicando a los migrantes que entran en España de forma irregular ha estado vigente durante toda la pandemia, y se aplicó de forma masiva, por ejemplo, ante las llegadas a las islas Canarias en 2020. Pero mientras que para el resto de ciudadanos las medidas han ido flexibilizándose o decayendo, para estos migrantes se mantiene la misma rigidez. Migraciones mantiene que la cuarentena obligatoria busca proteger al resto de residentes del CETI, considerados “población vulnerable”, y que todos los aislados firman “un consentimiento informado”. La Secretaría de Estado, sin embargo, no ha respondido a la pregunta de quién da la instrucción para obligar al aislamiento, ni cuántos días son necesarios, ni cuáles son las consecuencias de saltárselo.

El aislamiento de los migrantes y refugiados, sin una aparente cobertura jurídica, ha sido una de las cuestiones que nueve organizaciones humanitarias han planteado al Defensor del Pueblo en una queja formal. En su escrito hablan de que esas 133 personas están “ilegalmente privadas de libertad”. La institución anunció el lunes que ha admitido a trámite la queja, que abrirá una investigación sobre la gestión de todo el episodio, que incluye devoluciones en caliente, y que ya había iniciado actuaciones ante los organismos administrativos competentes. “No existe ninguna resolución administrativa de la autoridad sanitaria competente que avale la necesidad y pertinencia de una medida de esa naturaleza, y tampoco se ha solicitado la preceptiva autorización judicial”, denuncian las organizaciones.

En paralelo, los abogados de tres ONG han enviado a Migraciones un requerimiento para el restablecimiento de derechos fundamentales de ocho migrantes a los que representan. Demandan a la Secretaría de Estado que cese el aislamiento por carecer “de cobertura jurídica por cuanto en la actualidad no existe ninguna disposición administrativa que acuerde la imposición de medidas de aislamiento preventivo del covid con carácter general”. La medida viola, según los letrados, el derecho fundamental de la libertad personal.

Las condiciones del aislamiento, que se mantiene en unas carpas que sirven de dormitorios colectivos, también han sido objeto de crítica en la queja enviada al Defensor. “Son completamente inadecuadas, ya que las personas permanecen aisladas, custodiadas por personal de seguridad del CETI, incomunicadas porque carecen de acceso a teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de comunicación, y el lugar de confinamiento no dispone de mecanismos de llamadores, botón del pánico ni cualquier otro tipo de dispositivo de seguridad en caso de emergencia”, relatan a la institución. El hecho de estar aislados, añaden, “tiene un impacto evidente en su estado psicosocial, que es imprescindible tener en cuenta en el caso de personas que provienen o han transitado por países donde la tortura es endémica y que acaban de sobrevivir a un siniestro con víctimas múltiple”.