El PP se compromete a presentar el próximo mes una propuesta al Gobierno para renovar el Poder Judicial

Después de casi cuatro años de bloqueo, el PP se compromete a presentar al Gobierno en “el próximo mes” una propuesta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La dirección de los populares remitirá al Ejecutivo un documento con su oferta, en el que además de los nombres de los vocales para el órgano de gobierno de los jueces habrá un ofrecimiento de pacto sobre una serie de reformas de “regeneración” de la justicia. El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, encargado de la negociación con el PSOE sobre el Poder Judicial, ha confirmado también que el PP se aviene a renovar el consejo de acuerdo a la ley vigente, a diferencia de la dirección anterior de los populares, que exigía un cambio en el método de elección de los vocales para que fueran elegidos en exclusiva por los propios jueces.

El Gobierno ve en este movimiento del PP un nuevo intento de dilatar un proceso que lleva ya tres años y medio de bloqueo y no tiene mucha confianza en que los populares tengan voluntad real de renovación. El Ejecutivo tiene que decidir si renueva los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le tocan y cuyo mandato caducaba este domingo pasado. La decisión se tomará después de las elecciones andaluzas, este domingo, pero en La Moncloa no parecen muy dispuestos a seguir esperando al PP, que después de tres años y medio de retraso y tres meses tras la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en La Moncloa, donde el presidente le emplazó a tener una solución antes del 12 de junio, ahora plantea un mes más de margen para plantear una propuesta.

El ministro de Presidencia y principal negociador del Ejecutivo en este asunto, Félix Bolaños, señaló desde Roma, donde se reunió con el Papa Francisco, que lo que espera el Ejecutivo es que el PP acepte renovar ya el CGPJ y el Constitucional sin esperar más. “Creo que el anuncio que procede del Partido Popular es que cuanto antes digan que van a cumplir la Ley y la Constitución Española y de que vamos, cuanto antes, a renovar el Consejo General del Poder judicial y el Tribunal Constitucional. El PP lleva más de tres años incumpliendo cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta, la Ley y la Constitución. “No se puede ser un partido teóricamente de Estado si no se cumple la Carta Magna y la Ley”, aseguró. Lo que no aclara La Moncloa de momento es si renovará los dos magistrados del Supremo que le tocan sin esperar al PP. Esa decisión llegará en cuanto pasen las elecciones andaluzas.

Nada más llegar el pasado abril a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo anunció su disposición a renovar el CGPJ. El partido retomó entonces las conversaciones con el Gobierno, fraguadas con total hermetismo por las dos partes. Sin embargo, el líder popular decidió después que no pactaría hasta que no transcurrieran las elecciones andaluzas del 19 de junio, y la negociación volvió a quedar congelada. Ahora, el PP se compromete al menos a que después de la cita con las urnas su oferta de acuerdo no quedará varada en un cajón. “El próximo mes, o antes de que transcurra un mes”, ha precisado González Pons, “el PP remitirá al Gobierno una propuesta de renovación de los órganos constitucionales, de reforma de la justicia y de regeneración de la justicia”.

La parálisis en las conversaciones había vuelto a despertar sospechas de que el PP arrastraba los pies para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, que tienen que cambiar de mayoría conservadora a progresista con la renovación. Pero el PP sostiene que sí va a cumplir con el mandato legal y fija ahora al menos un marco temporal para el acuerdo, que hasta hoy se resistía a definir.

Ahora bien, el PP incluye en la renovación un paquete de reformas, cuyo contenido rechaza desvelar, y que podrían implicar un nuevo desacuerdo con el Gobierno. Los populares creen que el bloqueo del CGPJ ―en el que el PP ha participado activamente― y otras decisiones referidas al ámbito de la justicia del Gobierno ―como el nombramiento como Fiscal General del Estado de una exministra del Ejecutivo, Dolores Delgado― obligan aprobar en paralelo y al mismo tiempo una serie de reformas. “Creemos que el mandato constitucional hay que cumplirlo, que el mandato de la ley orgánica hay que cumplirlo, que los órganos constitucionales deben renovarse, pero la situación es de tal gravedad que no basta con una simple renovación”, ha defendido González Pons. “No basta con que el PSOE y el PP se sienten en una salita en La Moncloa y cambien cromos. Hay que dar un paso más”, ha abundado.

Pero posponer la renovación a después de las andaluzas implica que, desde el día 12 de junio, el Tribunal Constitucional ha quedado con cuatro de sus doce miembros en funciones. Ese día vencieron los nueve años de mandato de esos cuatro (dos que corresponde nombrar al Gobierno y dos al Consejo del Poder Judicial). El Ejecutivo ha abierto la puerta a nombrar a los dos magistrados que le corresponden antes del acuerdo global con el PP, pero en la cúpula de Feijóo sostienen que eso “quebraría” la Constitución, pondría “la legitimidad del tribunal en entredicho” y provocaría un rapapolvo de la Unión Europea, según González Pons. En opinión del PP, si La Moncloa tiene prisa por cubrir esas vacantes sería preferible que derogue la reforma que aprobó para prohibir a un CGPJ en funciones aprobar nombramientos de calado. En el Ejecutivo, por el contrario, ven que Feijóo está haciendo maniobras dilatorias como su predecesor, Pablo Casado, y no descartan en absoluto tirar por la vía rápida y renovar los dos magistrados que le corresponden para al menos romper el bloqueo, aunque son conscientes de que eso complicaría muchísimo la posibilidad de cualquier pacto con el PP. La clave es saber si la voluntad de renovación de los populares es real o están perdiendo tiempo a ver si se acerca el final de la legislatura y cambia la mayoría. Estas incógnitas se resolverán en breve, casi con seguridad antes de las vacaciones.