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Preocupación en el Gobierno por la crisis de Argelia y el “fallo de cálculo” de Exteriores

Sánchez respalda a Albares “de forma rotunda” y opta por una respuesta firme con apoyo de la UE. Exteriores defiende que España no ha hecho nada para una reacción tan virulenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la clausura del acto de presentación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, este jueves en el Centro de Entrenamiento y Visitantes INTA-NASA, en Robledo de Chavela (Madrid), el miércoles.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la clausura del acto de presentación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, este jueves en el Centro de Entrenamiento y Visitantes INTA-NASA, en Robledo de Chavela (Madrid), el miércoles.Chema Moya (EFE)
Carlos E. Cué

En el Gobierno se ha instalado una gran preocupación por las dimensiones imprevistas que ha alcanzado la crisis con Argelia. El Ejecutivo, que estaba satisfecho porque daba por cerrada la etapa de tensión con Marruecos gracias al giro sobre el Sáhara Occidental, muy criticado por Unidas Podemos y también con recelos importantes dentro del PSOE, ve ahora cómo se agrava la ruptura con el otro socio estratégico del Magreb y principal suministrador de gas para España. Y todo, en un momento de grave crisis energética. Varios ministros, no solo de Unidas Podemos, muy críticos con este giro, sino también del sector socialista, muestran en privado su inquietud por lo que consideran un “fallo de cálculo” de Exteriores, departamento dirigido por José Manuel Albares, a la hora de medir las consecuencias que podía tener en Argelia la decisión sobre el Sáhara, pensada para cerrar la crisis con Marruecos.

La mayor preocupación es que el conflicto se enquiste y pueda provocar que el país africano haga menos esfuerzos para controlar la migración irregular desde su territorio y eso genere alguna tensión en las costas andaluzas o de las islas Baleares en las próximas semanas, aunque en lo que va de año la llegada de inmigrantes salidos desde Argelia (en su inmensa mayoría argelinos) ha bajado un 47% sobre el mismo periodo del año anterior, según datos de Frontex a los que ha tenido acceso este periódico, informa María Martín. La capacidad argelina de presión en este asunto no es tan fuerte como la de Marruecos, que en dos días de 2021 dejó pasar a más de 10.000 personas hacia la valla en Ceuta.

Fuentes de La Moncloa insisten en que la continuidad de Albares no está en cuestión y que el ministro tiene el “apoyo total y rotundo del presidente”, que ha pilotado con él las principales decisiones de esta crisis en los últimos meses. Pero en el Gobierno, en el PSOE y en Unidas Podemos hay muchas dudas sobre la gestión del conflicto, visto el resultado. Sánchez y Albares, en contacto permanente —lo que indica también que no está en cuestión su continuidad—, han reaccionado con indignación ante la decisión de Argelia. Ambos han optado por una línea dura en la que han encontrado el apoyo de la UE para presionar a Argel para que reconsidere su posición, que el Ejecutivo ve como “lesiva para los intereses de España de forma injustificada”. En el Gobierno creen que ese país está cuestionando indirectamente la soberanía de España a la hora de fijar posición sobre algo que no afecta directamente a los argelinos, como es el Sáhara Occidental.

Fuentes de Exteriores señalan que España no ha hecho absolutamente nada que afecte a Argelia y que pueda justificar una reacción tan agresiva, que en opinión del Ejecutivo está poniendo en cuestión la capacidad del país de tomar de forma autónoma una decisión sobre su posición en el conflicto saharaui. Nadie, tampoco en Exteriores, esperaba una reacción así. Los ministros estaban convencidos, porque así se lo habían comunicado La Moncloa y Exteriores, de que las cosas con Argelia estaban controladas. La reacción pilló por sorpresa a todos después del pleno sobre el Sáhara en el Congreso, y eso ha desatado esas dudas sobre el posible “fallo de cálculo”.

Albares, que sustituyó hace menos de un año a Arancha González Laya, destituida precisamente por la crisis con Marruecos, recibió del presidente el encargo de resolverla como prioridad absoluta. Y lo hizo en pocos meses. Pero nunca imaginó que el coste de lograrlo sería una reacción tan dura de un aliado histórico y fundamental como Argelia, que empezó retirando al embajador, siguió suspendiendo el tratado de amistad y ahora ya está bloqueando directamente el comercio con España, con la excepción del gas, el asunto más delicado.

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Fuentes empresariales del sector energético sienten una gran preocupación por la negociación que tiene en marcha Naturgy con la empresa estatal Sonatrach para revisar los precios del gas, que ya era complicada y se estaba retrasando, y ahora con esta tensión política será sin duda más difícil. Nadie se plantea la posibilidad de que el país magrebí corte el suministro, porque tiene una larga tradición de respetar los contratos y porque le interesa España como cliente, pero se da por seguro que la subida que planteará será muy importante.

Esta vez, ante las dimensiones de la crisis, Unidas Podemos ha decidido no hacer sangre, al menos públicamente, y ha evitado criticar al ministro. Solo Pablo Echenique, el portavoz, con un tono mucho más suave del habitual en él, reiteró que su grupo “lamenta la posición del Gobierno sobre el Sáhara, que es el detonante de esta situación”, y añadió: “Si nuestro Gobierno estuviera defendiendo a los saharauis, hoy no estaríamos hablando de Argelia”. “Esperemos que se puedan normalizar las relaciones”, remató. Pero los ministros de Unidas Podemos evitaron las críticas en público. En privado, varios miembros del Ejecutivo de este sector insisten en que Sánchez y Albares cometieron un grave error al creer que podían hacer un giro de ese calibre sin generar un problema muy grave con Argelia.

Lo más novedoso es que también algunos ministros socialistas expresaban en privado sus dudas dado el resultado y sobre todo porque nadie anticipó que algo así pudiera suceder. Hace tres meses, cuando se anunció el giro a través de un comunicado del Gobierno de Marruecos, algo que desconcertó a muchos, desde Exteriores se comunicó a todos los ministros que preguntaron que Argelia había sido informada, y se insistió en que no habría ningún problema con ellos. La retirada del embajador ya descolocó al Gobierno y este último gesto ha confirmado que las cosas estaban muy lejos de resolverse como auguraba Exteriores. Aun así, todos insistían en que el principal responsable de esta escalada es Argelia por una “reacción exagerada” que en ningún caso se corresponde con las decisiones españolas.

En Exteriores tienen muy claro que quien ha tomado una decisión agresiva ha sido la otra parte, no España, y, por tanto, no se puede culpar al agredido. La Moncloa insiste en que la nueva posición española, que Sánchez defendió el miércoles en el Congreso, no supone ni mucho menos una agresión ni para Argelia, que en teoría no es parte en el conflicto, ni para los saharauis, porque en todo momento se habla de una solución “en el marco de Naciones Unidas y mutuamente aceptable”, algo que implica que no habrá nada que no acepten los saharauis. El núcleo duro del Gobierno no entiende por qué Argelia reacciona así con España, pero no lo ha hecho con EE UU, que ha ido mucho más lejos a favor de Marruecos sobre el Sáhara, o con Francia, Alemania o Países Bajos, que han seguido líneas muy similares a las españolas, sin ninguna represalia argelina, o Emiratos Árabes, que ha llegado más lejos y ha abierto un consulado en El Aaiún, en pleno Sáhara Occidental, reconociendo así la soberanía.

En La Moncloa están especialmente indignados con la actitud del PP, que fue el partido que forzó de nuevo la comparecencia de Sánchez —con algunos socios clave del Gobierno—, que en última instancia ha precipitado los acontecimientos, y también está señalando que Argelia debe diferenciar entre el Gobierno y los españoles. Ni Sánchez ni Albares se han puesto en contacto con Alberto Núñez Feijóo o algún otro interlocutor de los populares para hablar de esta crisis, lo que demuestra la enorme distancia que se está produciendo entre los dos partidos sobre un asunto muy sensible de política exterior. De hecho, Feijóo ya ha comunicado a Marruecos que no se siente implicado por el giro de Sánchez y no respaldará nada que no cuente con el apoyo de la mayoría del Congreso, según fuentes del PP. De hecho, en el Ejecutivo creen que la actitud del PP, con ese rechazo a la línea del Gobierno en política exterior, da alas a Argelia para tomar decisiones como la del miércoles, y por eso exigen lealtad a los populares. Pero no parece que haya intenciones de llamarles para intentar que rebajen el tono. Nadie ve, pues, de momento, una salida a la crisis a corto plazo, y la cuestión argelina se puede convertir en uno de los grandes quebraderos de cabeza de lo que queda de legislatura, como antes lo fue la marroquí.

El Papa y Bolaños hablarán en Roma de los abusos de la Iglesia

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viajará el lunes a Roma para verse con el papa Francisco, que le ha invitado a un encuentro para tratar los principales asuntos que están en la agenda de ambos gobiernos, entre ellos y como prioridad, los casos de abusos en la Iglesia española y la investigación que está promoviendo el Ejecutivo y dirige el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Bolaños, que tiene entre sus competencias las relaciones con la Iglesia, ya ha mantenido varias reuniones sobre este asunto y otros con Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal española. Pese a las dudas que tenían algunos miembros de la cúpula española, finalmente decidieron participar en el proceso que está llevando a cabo Gabilondo, como les pidió el Gobierno. También han encargado una investigación propia en la que, sin embargo, la mayoría de los grupos de víctimas han decidido no participar por la desconfianza que les genera. El Ejecutivo tiene muy buena relación con el Papa, muy criticado por sectores conservadores en España, y considera que su influencia ha sido decisiva para que la Iglesia acepte participar en esta investigación del defensor del Pueblo, en la que el Gobierno tiene puestas muchas esperanzas. Otros asuntos relevantes que estarán encima de la mesa de Francisco y Bolaños serán las inmatriculaciones, también con un informe recién presentado y pactado entre el Gobierno y la Iglesia, y la cuestión más delicada de la fiscalidad de la Iglesia y en especial del IBI, que en España no pagan los edificios propiedad de esta institución, algo que el Ejecutivo quiere cambiar. No parece que haya avances o reformas inminentes en este punto, pero la visita en sí es una demostración de las buenas relaciones entre el Papa y el Ejecutivo de Sánchez.


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