Villarejo pide acceso a sus propios secretos

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado al juez del caso Villarejo que le permita acceder al contenido de la bautizada como Pieza Separada de Expurgo del macrosumario, creada la pasada semana para acumular en ella todas las resoluciones sobre “datos” y “alusiones” que afecten a personas ajenas a la causa que se encuentren durante la investigación. El magistrado decidió formar esta pieza para salvaguardar información sensible, cuya difusión ponga en riesgo el “honor o intimidad” de terceros que no tienen nada que ver con las pesquisas. Pero Villarejo alega que, para ejercer su derecho a la defensa, necesita conocer esa documentación; e insiste en que la mayor parte de ese material le fue “intervenido” a él mismo. Es decir, son los secretos que guardó durante años en su poder y que se le incautaron tras su detención en noviembre de 2017.

Antonio García Cabrera, abogado de Villarejo, envió un escrito al juez el lunes. En ese documento, de apenas una página y al que tuvo acceso EL PAÍS, el letrado pide que se “tenga a esta parte como personada” en la Pieza de Expurgo y que se le dé “acceso a su contenido íntegro”. Con este movimiento, la defensa del comisario responde a la decisión de Manuel García-Castellón, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, que deberá resolver ahora la petición del policía y que acordó crear esta pieza el 25 de mayo para incluir en ella todas las resoluciones encaminadas a “expurgar determinadas alusiones o datos referentes a terceros ajenos a la causa y que no guarden relación con ella, en aras a preservar su honor e intimidad”.

Villarejo y la Audiencia Nacional mantienen una intensa batalla sobre la documentación que le encontraron. Tras su arresto, la Unidad de Asuntos Internos intervino una ingente cantidad de papeles y archivos digitales —grabaciones e información personal y fiscal de terceros, entre otras cosas—. Desde entonces, los agentes trabajan en su análisis y, a medida que elaboran informes, remiten sus conclusiones y el material al magistrado.

Pero, en opinión del comisario jubilado, epicentro de una trama de corrupción policial, esta dinámica le impide acceder a todo el material que se le incautó y, por tanto, ejercer de forma adecuada su defensa. “Lo que se intervino en los registros se mantiene bajo secreto desde el 3 de noviembre [de 2017]”, denunció su abogado al inicio del primer gran juicio del caso Villarejo, que empezó en octubre de 2021 y que se centra en tres de las líneas de investigación del sumario (las piezas Land, Iron y Pintor). “El material de descargo no se facilita a las partes. Se limita el acceso a la defensa a sus propios documentos”, añadió el letrado.

“La valoración del juez y el Ministerio Fiscal es manipulada y parcial. Solo llegan, y muy acotados, los datos que previamente han decidido en Asuntos Internos”, apuntó el propio comisario en un escrito que envió a la Audiencia Nacional en junio del pasado año, donde remacha: “Los supuestos investigadores independientes son los que deciden la parte escogida del documento a aportar y así manipulan el nivel de conocimiento que se tiene sobre la materia, siempre sesgado o mendaz”.

Villarejo considera que se le debería entregar una copia de todo el material que se le incautó, para poder someter así las pruebas que presenten en su contra al “principio de contradicción”. De hecho, batalló durante meses para lograr que García-Castellón le entregara una copia de las agendas que le encontraron y que solo podía consultar personalmente en el juzgado. El magistrado se negó a hacerlo, pero el comisario recurrió a la Sala de lo Penal, que le dio la razón en marzo.

Nuevos encargos detectados

El caso Villarejo acumula ya más de una treintena de líneas de investigación, pero aún puede crecer más. Asuntos Internos envió a principios de mayo un nuevo informe al juez donde identifica otra treintena de supuestos proyectos de espionaje que el comisario al parecer había ejecutado a petición de particulares y empresas. En ese documento, avanzado por La Razón, los agentes destacan que el análisis del material intervenido ha permitido averiguar que el antiguo policía trabajó también supuestamente para empresas como Vips o Citibank.

Según el sumario, Villarejo creó una red de sociedades, liderada por el Grupo Cenyt. A través de este entramado, que tenía su sede en la Torre Picasso de Madrid, asumía encargos de clientes privados, a los que cobraba decenas de miles de euros. Les vendía supuestamente datos confidenciales que obtenía a través del acceso a bases de datos restringidas.