El instructor del ‘caso Medina y Luceño’ pone el foco en el Ayuntamiento de Madrid

El caso Medina y Luceño vive este viernes un punto de inflexión. El juez Adolfo Carretero tiene previsto interrogar como testigo a partir de las 12.30 a Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, responsable de Compras durante la pandemia y la persona que tejió una relación cercana con los imputados Alberto Luceño y Luis Medina. El magistrado da así un salto clave en la ronda de declaraciones y pone el foco en el Consistorio. Hasta ahora solo habían comparecido los dos empresarios bajo sospecha, los dos directores de las sucursales bancarias donde ingresaron sus comisiones y los contactos (una profesora universitaria y el primo del alcalde) que usaron como intermediarios para llegar hasta el seno de la Administración local.

La cita de este viernes precede, además, a otra declaración relevante para las acusaciones. Carretero fijó para el próximo 3 de junio el interrogatorio a Matilde García Duarte, coordinadora de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Según relató Carlos Martínez-Almeida, primo del regidor José Luis Martínez-Almeida, Duarte fue quien le facilitó una dirección de email genérica para que se la diera a Luis Medina, a través de la cual presentó presuntamente su oferta para facilitar la compra de material sanitario en la fase más crítica de la pandemia —una operación que permitió al hermano del duque de Feria y a su socio embolsarse casi seis millones de euros en comisiones—.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción ha descartado el tráfico de influencias y el juez considera que el Ayuntamiento es una víctima de la presunta estafa urdida por los empresarios, el propio magistrado quiere indagar más sobre si los comisionistas recibieron el “trato de favor” de alguien. De momento, ha descartado señalar a Elena Collado y ha rechazado imputarla, pese a la petición de tres acusaciones populares (PSOE, Podemos y Grupo Mixto): “Fue engañada [...] Actuó de buena fe porque tenía la imperiosa necesidad de traer material sanitario para evitar más muertes por covid”, escribió Carretero sobre ella. La alto cargo, tras detectar irregularidades en una de las compras de guantes, escribió a Luceño: “Nos han estafado seguro”.

Sin embargo, las acusaciones populares mantienen a Collado en el punto de mira. Y quieren que, más allá de ofrecer su versión de cómo los comisionistas llegaron a ella, precise quiénes dieron el visto bueno a la adquisición de material a la compañía asiática Leno, para la que los empresarios ejercían como intermediarios. Es decir, ¿ella sola acordaba a qué compañías comprar? ¿O participaban otros cargos del Ayuntamiento en la decisión? Eso sí, este no es el único hilo del que la oposición quiere tirar.

Los teléfonos de los comisionistas. Los partidos de izquierda del Ayuntamiento, personados como acusación popular, buscan ahondar en las relaciones que tejieron los comisionistas para adentrarse en el Consistorio. El PSOE ha pedido al juez que intervenga los teléfonos móviles de Luceño y Medina: “Para conocer si pudieran existir terceros implicados de alguna manera en los hechos delictivos”, argumentan los socialistas, que quieren analizar las comunicaciones que mantuvieron entre ambos, y las conversaciones que pudieron entablar con Collado o con Carlos Martínez-Almeida.

Más Madrid también ha solicitado al magistrado que pida a las compañías telefónicas el tráfico de llamadas de Luceño, Medina, el primo del alcalde y la profesora universitaria que les ayudo a contactar con el Consistorio (María Díaz de la Cebosa).

El correo genérico. El Ayuntamiento comunicó el pasado lunes al juez cuál era el correo electrónico genérico que se facilitó a los comisionistas y que se usaba para recepcionar ofertas. Pero el PSOE considera que el Consistorio aún debe responder a varias preguntas sobre este punto y, por ello, ha planteado al juez que traslade al Gobierno de Almeida las siguientes cuestiones: “¿Quién era la persona encargada de la gestión de ese correo? ¿Cuál era el procedimiento para la gestión de las proposiciones que eran recibidas? ¿Qué correos fueron remitidos a esa dirección y qué ofertas se realizaron en los primeros días de la pandemia (entre el 16 de marzo y, al menos, el 25 de marzo de 2020)? ¿Existía otro correo donde se centralizaran las proposiciones de aportación de material sanitario?”.

Más documentación y otra citación. La oposición también echa en falta documentación en el sumario y ha reclamado que se exija al Ayuntamiento (entre otros papeles, convenios internos de la Administración local, facturas, informes de calidad sobre los tapabocas comprados y sobre los fletes y control de aduanas de la mercancía suministrada). A su vez, el PSOE ha solicitado que se cite a declarar como testigo a José Francisco Horcajo, secretario General del Sindicato de Policía Local Asociada, que firmó una carta en julio de 2020 donde se quejaba de “la calidad de las mascarillas adquiridas a Leno” y pedía “que se proceda a la verificación de que cumplen los requisitos de homologación”.