La Audiencia de Zaragoza exculpa a la exministra González Laya por la entrada de Gali en España

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha exculpado a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya de la presunta entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario Brahim Gali, según ha adelantado El Heraldo de Aragón. El titular del Juzgado de Instrucción número 7, Rafael Lasala, ya archivó el caso para el exjefe de Gabinete de González Laya, el diplomático Camilo Villarino, pero mantuvo la imputación de la exministra de Asuntos Exteriores, lo que recurrieron el fiscal y la abogada del Estado.

Ahora la Audiencia Provincial de Zaragoza les ha dado la razón y ha sobreseido provisionalmente la causa contra González Laya, al no apreciar indicios de delito en su conducta. Según el auto de la Sección Tercera, al que ha tenido acceso EL PAIS, la “decisión de permitir la entrada del Sr. Gali de forma sigilosa para no afectar nuestra relación con otros países, forma parte de las relaciones exteriores de nuestro Reino y lo acertado o no de dicha decisión, y las consecuencias de ella derivadas, podrá ser objeto de crítica, y lo fue, pero [...] es un acto político” que carece de relevancia penal.

Gali entró en España, a través de la base aérea de Zaragoza, el 18 de abril de 2021, para tratarse en el hospital San Pedro de Logroño de una grave afección de la covid. Tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sin que este adoptara ninguna medida cautelar contra él, salió de España por el aeropuerto de Pamplona el 1 de junio.

La exministra González Laya fue inicialmente acusada de los delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento, con el argumento de que había ocultado a la Justicia la entrada del líder del Polisario en España y este había utilizado documentación falsa para inscribirse en el centro hospitalario, pero el propio instructor descartó cualquier responsabilidad de Exteriores en el hecho de que Gali se registrara bajo un nombre supuesto.

Sobre la supuesta intención de ocultar la presencia del líder saharaui a la Audiencia Nacional, que tenía dos causas abiertas contra él y había ordenado su localización (aunque no llegó a dictar orden de busca y captura) los magistrados concluyen que “es innegable que la Sra. González Laya era conocedora de la intención de que el Sr. Gali fuera tratado en España y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello, sin embargo, no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona”.

“Parece indudable”, insiste el auto, " que el Sr. Gali accedió a territorio español sin someterse a los controles fronterizos a que debería y esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder Ejecutivo”, pero dicha decisión “se trataría de un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal”. El auto de archivo provisional es firme y contra el mismo no cabe recurso, por lo que la causa queda cerrada a menos que aparezcan nuevos indicios.

La entrada de Gali en España para tratarse de la covid, a petición de las autoridades argelinas, fue el detonante de una grave crisis diplomática con Marruecos que tuvo su punto culminante con la entrada de más 10.000 inmigrantes irregulares en Ceuta el 17 y 18 de mayo de 2021 y no se cerró hasta que el presidente Pedro Sánchez modificó, en marzo pasado, la posición tradicional de España en el conflicto del Sáhara, a través de una carta al rey Mohamed VI que desencadenó una crisis diplomática con Argelia todavía abierta. González Laya fue relevada como ministra de Asuntos Exteriores en la remodelación del Gobierno que acometió Pedro Sánchez en julio de 2021.

En declaraciones a la Cadena SER, la exministra se ha mostrado “satisfecha” de la decisión y ha asegurado que “volvería a hacerlo”, pues la entrada de Gali “fue por razones humanitarias y se hizo dentro de la ley”. González Laya ha lamentado que se haya “manchado el nombre de muchos funcionarios públicos” y ha advertido: “Tenemos que reflexionar sobre la politización de la justicia y judicialización de la política. Lo que hacemos con esto es generar un gran descrédito de la justicia pero también de la política, dos funciones de nuestra democracia que deben mantener su credibilidad”.