El primo de José Luis Martínez-Almeida, pieza clave para saber “si hubo trato de favor” a Luceño y Medina
El magistrado interroga este jueves a Carlos Martínez-Almeida, que facilitó a los comisionistas el contacto de una alto cargo del Ayuntamiento de Madrid
El ascenso por la red de contactos del comisionista Luis Medina alcanza un nuevo escalón: Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El juez Adolfo Carretero, que investiga al hermano del duque de Feria y a su socio Alberto Luceño por la venta de material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de la capital en marzo de 2020, ha citado este jueves al familiar del regidor para interrogarlo. El magistrado, que ha fijado la declaración a las diez de la mañana, quiere conocer cómo intermedió entre Medina y los responsables del área de Compras de la Administración local, a los que llegaron los empresarios imputados gracias a su ayuda.
A través de una resolución dictada el pasado martes, Carretero acordó citar como testigo al primo del alcalde. El juez descartó llamarlo como imputado, ya que el sumario no ha revelado ningún dato contra él, más allá de que se “limitó a proporcionar a Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento, Elena Collado”. Según expone el magistrado, ”no consta” que “presionase en modo alguno” a Collado, ni que “la obligase” a llamar al comisionista porque “alegase su condición de primo del alcalde”. Eso sí, el instructor considera “conveniente” escuchar su testimonio para “conocer el modo en que los investigados contactaron” con la representante del Consistorio y si “hubo algún trato de favor debido a la intervención de Carlos Martínez-Almeida”.
Durante su declaración del pasado 25 de abril, Medina contó al magistrado que una profesora universitaria, María Díaz de la Cebosa, le proporcionó el teléfono del primo del alcalde. “Yo lo llamo”, explicó al juez el hermano del duque de Feria: “[Y le digo]: ‘Tenemos mascarillas para poder vender. ¿Con quién podría hablar en el Ayuntamiento?’. Y ya no recuerdo si fue por email, o cómo, pero me envía el teléfono de...”, dijo sobre su conversación con el familiar del regidor. “Si mal no recuerdo, me dio un email primero de Elena Collado”, matizó de seguido.
La relación con el Ayuntamiento
Luceño y Medina, a través de la relación que tejieron con Collado, cerraron tres operaciones con el Ayuntamiento por valor de 16 millones de dólares (15,1 millones de euros al cambio actual) para la compra de mascarillas, guantes y pruebas de covid —aunque los comisionistas devolvieron cuatro millones de dólares después de que el Consistorio detectase irregularidades en la venta de guantes, ya que estaban pagando dos dólares por unos que podían adquirirse a ocho céntimos de euro en los supermercados de España—. Desde que estalló el escándalo, la Administración local siempre ha defendido que se les trató como un proveedor más, que no se les dio ningún trato de favor y que el primo del alcalde les facilitó simplemente un correo genérico donde se recibían todas las ofertas que llegaban.
Sin embargo, los grupos de la oposición (Más Madrid, PSOE, Podemos y Recupera Madrid) consideran que el Gobierno de Almeida les abrió las puertas del Ayuntamiento de par en par. “Sin la intermediación del primo del alcalde, este negocio de saqueo a las arcas municipales no se habría podido producir. El primo del alcalde tendrá que dar explicaciones y contar qué dijo en esa conversación telefónica a Medina”, afirmó el pasado martes Alejandra Jacinto, diputada de Podemos.
De hecho, el juez también indaga si los imputados usaron un canal preferente en su relación con el Consistorio o si, por el contrario, utilizaron la misma vía de entrada que cualquier otra persona que ofreció material al Ayuntamiento en aquellos días. Por ello, Carretero ordenó este miércoles al Gobierno de Almeida que le informe de si existía un “correo electrónico general destinado a recibir las proposiciones de aportación de material sanitario” y si lo utilizaron Luceño y Medina, además de exigirle que entregue cualquier email y archivo que los comisionistas pudieran enviar a esa supuesta dirección. La Fiscalía ha descartado hasta ahora el tráfico de influencias.
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