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Anticorrupción interrogó al hermano de Ayuso por el contrato de Priviet antes de Semana Santa

La Fiscalía ya ha llamado a declarar a cargos de la Consejería de Sanidad por el acuerdo que supuso 55.000 euros de comisión al familiar de la presidenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la inauguración del nuevo edificio del Ayuntamiento de Tielmes (Madrid), este martes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la inauguración del nuevo edificio del Ayuntamiento de Tielmes (Madrid), este martes.Carlos Luján (Europa Press)

La Fiscalía Anticorrupción interrogó antes de Semana Santa al hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su vinculación con el contrato público de 1,5 millones de euros que firmó la empresa Priviet con la Comunidad en 2020 a cambio de proporcionar mascarillas, y que le supuso una comisión de más de 55.000 euros. Así lo ha adelantado El Mundo y lo ha podido confirmar EL PAÍS de dos fuentes que añaden que también han declarado por el mismo caso el consejero de Sanidad autonómico, Enrique Ruiz-Escudero; varios cargos de su departamento; y Daniel Alcázar, que dirige Priviet, conoce a los Díaz Ayuso desde que eran niños, y también habría sido interrogado por la Fiscalía Europea.

El Ejecutivo madrileño han defendido desde febrero, cuando nació una polémica que ha abierto en canal al PP y ha supuesto la salida de Pablo Casado, que el hermano de la presidenta, especializado en el mercado sanitario, cobró por las gestiones realizadas para conseguir las mascarillas en China, y no por intermediar para que Priviet firmara el contrato con la Comunidad. Los más de 55.000 euros que ingresó por esta gestión serían “una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”, según el Ejecutivo regional. En total, Tomás Díaz Ayuso cobró casi 300.000 euros por todos sus negocios con la empresa de su amigo en 2020, según datos proporcionados por la Comunidad de Madrid.

La presidenta regional defiende que no conoció el acuerdo, alcanzado en la primavera de 2020, hasta septiembre de 2021, cuando Casado le preguntó sobre él durante un encuentro en la sede nacional de Génova. Su hermano habría mantenido ante la fiscalía esa versión, mimetizándose con los argumentos expuestos en la misma sede por representantes del Ejecutivo regional: que no hay ninguna irregularidad y que por eso el contrato ha sido fiscalizado por la Cámara de Cuentas sin que esta pusiera reparo alguno.

Todo empezó así. La empresa de ropa de moda Priviet Sportive SL envió una carta escueta a la Comunidad de Madrid con su oferta de mascarillas el 28 de marzo de 2020, tres días antes de que le fuera adjudicado un contrato de 1,5 millones de euros que acabó beneficiando al hermano de la presidenta. La misiva, que adelantó EL PAÍS, omite una presentación y descripción de la compañía del amigo de Tomás Díaz Ayuso, que no tenía experiencia conocida en comercio sanitario ni en la contratación con el Gobierno autonómico. El contrato fue acordado por la vía de emergencia, es decir, sin publicidad ni competencia.

A finales de febrero, cuando abrió una investigación tras las denuncias presentadas por Más Madrid, PSOE y Podemos, Anticorrupción explicitó que no veía en ese momento indicios para actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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