La agricultura se convierte en el primer campo de batalla de Vox en las instituciones

El lema de campaña de Vox en Castilla y León fue inequívoco: “Siembra”. La cosecha de votos del 13 de febrero les otorgó 13 procuradores, traducidos en la vicepresidencia, la presidencia de las Cortes y tres consejerías. Las negociaciones con el PP iniciadas en una sala del Parlamento adornada precisamente por un cuadro en honor a la cosecha les permitieron comandar los departamentos de Cultura, Empleo y Fomento y Agricultura y Ganadería. Esta última cartera fue una exigencia principal de la extrema derecha, que ha articulado su discurso en torno al campo, aunque ha logrado mucho voto urbano, y ahora encara el reto de gestionar el medio rural desde las Administraciones más allá de los mensajes electoralistas.

Un repaso a los resultados de los comicios arroja que al grupo liderado por Juan García-Gallardo en la comunidad lo votaron más del 20% de los vecinos de localidades de entre 5.000 y 10.000 habitantes y un 18% en municipios con menos de 5.000 residentes. Estos buenos números superan al más del 16% que se decantó por ellos en las ciudades de más de 50.000 personas y demuestran asimismo el ascenso de Vox en un feudo habitualmente afín al PP. La actitud de la formación del dirigente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en las semanas previas a las elecciones evidenció su preocupación por el auge del partido de Santiago Abascal en lo rural: el entonces presidente del PP, Pablo Casado, visitó múltiples pueblos de Castilla y León, se interesó por el entorno agroalimentario del territorio y cimentó parte de sus palabras en torno a las macrogranjas o al sector primario. Mañueco pregonó en campaña “el PP es el partido del campo, de los agricultores y ganaderos” e insistió en su investidura en los beneficios que la coalición llevará a esta población, a la que prometió un descenso de impuestos histórico. El PP siempre presume de su arraigo en la comunidad, con 1.422 Ayuntamientos a su cargo en las 2.248 localidades de esta autonomía que gobierna sin interrupción desde 1987, pero la amenaza de la ultraderecha ya es una realidad y tiene en el campo un trampolín para seguir creciendo.

Los Presupuestos de Castilla y León dan cuenta del peso específico de la agroalimentación. Las cuentas no aprobadas para 2022 incluían 573,5 millones de euros que se añaden a otros 925 millones europeos que brinda la Política Agraria Común (PAC) y que administra la Junta. El presidente del sindicato agrario Asaja, Donaciano Dujo, explica que esta cartera “es de las más importantes” y precisa que entre la producción del gremio, lo que compra para ejecutar su actividad y los servicios que necesita se genera cerca del 25% del PIB de Castilla y León. “Trabajamos en el medio rural y contribuimos contra el envejecimiento y la despoblación”, destaca Dujo, que reivindica esta aportación en una comunidad donde, según el CIS, la despoblación es la principal preocupación de los habitantes, por encima del paro. “El tiempo dirá cómo actúa la nueva consejería, le deseamos éxito porque será el éxito del sector agrícola”, expone el responsable de Asaja, que define la labor de este departamento como “de gestión del día a día, asignación de las ayudas, atención a los consejos reguladores o a las indicaciones geográficas protegidos”.

Vox ha elegido a Gerardo Dueñas, un perfil técnico, para dirigir esta función. Dueñas es ingeniero agrónomo y tiene experiencia en la administración, tras pasar por Asaja, y en organismos públicos de la comunidad. El sector agroalimentario, según la consejería, conlleva 3.000 empresas y 38.000 empleos asociados con una cifra de negocio anual superior a 10.000 millones de euros.

Los presupuestos frustrados que hubiera manejado el anterior consejero, Jesús Julio Carnero, contaban con subvenciones cifradas en 259 millones de euros, planes destinados al empleo joven o a la incorporación de la mujer a este desempeño. Entre sus grandes funciones se encuentra administrar los regadíos, las concentraciones parcelarias y las inversiones del gremio agroalimentario. Vox también se enfrentará a la contradicción de su discurso antieuropeísta y ver cómo la Unión Europea, aparte de los 925 millones de la PAC, insufló otros 969 millones de euros mediante el fondo europeo agrario de desarrollo rural (Feader) en el periodo 2014-2020, cuyos pagos se extenderán hasta 2023, cuando opere la nueva PAC. Para entonces se prevé un desembolso total de 1.813 millones para esta década. A la aportación europea de los Feader 2014-2020 se añaden otros 708 millones que destina la Junta y 145 que da el ministerio de Agricultura.

Esta coordinación entre administraciones autonómicas, nacionales y comunitarias supondrá que la extrema derecha deba dialogar con entidades de todo tipo y signo. Las diferencias ya se notan con comunidades limítrofes. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado que romperá los lazos que pueda tener en materias compartidas donde confluya con Vox. Uno de estos ámbitos es la legislación central que prohíbe la caza del lobo, pues el Principado y Castilla y León han criticado esta decisión contra la que los sectores del campo también han mostrado firme rechazo. Ambas, junto a Galicia y Cantabria, presentaron un recurso pidiendo a la Audiencia Nacional la supresión de esta orden. La actividad cinegética sobre este depredador, que tiene en estas cuatro regiones el 95% de sus ejemplares nacionales, ha ocupado muchas intervenciones de Vox, que intenta canalizar el malestar rural en este asunto. La labor de la extrema derecha en su primera incursión en un Ejecutivo será clave para los próximos hitos electorales: los comicios de Andalucía previstos para los próximos meses o los municipales y autonómicos de 2023 dictarán si a Vox lo impulsa o lastra esta nueva experiencia.