El limbo en el que quedan más de medio millar de menores en Ceuta
Entre los adolescentes pendientes de las expulsiones a Marruecos están los fugados de la acogida para no ser repatriados
Annas, marroquí de 16 años, lleva una semana viviendo entre los bloques de una escollera cercana al puerto de Ceuta y su expresión es aún de completo descoloque. Se escapó del polideportivo Santa Amelia el pasado 13 de agosto, cuando empezaron a llamar a chavales para meterlos en furgonetas y trasladarlos a la frontera de El Tarajal. Y, de allí, a Marruecos, sin que nadie les preguntase. “Claro que estoy mejor en el centro”, asiente, “pero si me van a mandar a Marruecos, para qué quiero la ducha y la cama”.
“Pensaba que me iban a sacar”, recuerda. “En cuanto empezaron a llamar a los primeros y a sacar el primer viaje, me escapé, salí por la puerta”. Según este adolescente, al menos otros 20 niños se fueron corriendo aquella mañana del 13 de agosto en la que el Gobierno de Ceuta, en coordinación con la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, arrancó con las devoluciones de menores marroquíes que entraron en la ciudad entre el 17 y el 19 de mayo, durante la crisis fronteriza desatada por Rabat a cuenta del contencioso saharaui. De entre los miles de personas que cruzaron los espigones fronterizos en esos días también lo hicieron 1.500 niños. Más de 700 de ellos permanecen tres meses después bajo la tutela de la administración local, mientras que un juzgado de Ceuta decidió el pasado martes mantener la suspensión cautelar de las devoluciones.
Tras un encuentro celebrado este miércoles en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente local, Juan Jesús Vivas, ambos mandatarios han descartado la posibilidad de trasladar a los niños a otras comunidades. Este procedimiento se llevó a cabo con hasta 200 menores que estaban acogidos en Ceuta hasta la crisis migratoria del pasado mayo. Otros 25 han sido reagrupados con familiares en Ceuta o en la Península. La decisión tampoco afectaría a más de 100 niños y niñas cuyo perfil de vulnerabilidad se considera muy grave o que han manifestado su voluntad de solicitar protección internacional y que no pueden ser repatriados. El resto, unos 550, se han quedado ahora bloqueados en una ciudad al límite de sus recursos.
De todos estos muchachos, unos 200 son menores de 16 años y están en edad escolar. El espaldarazo del presidente Pedro Sánchez para retomar las devoluciones deja en el aire qué ocurrirá con su escolarización si dichas repatriaciones se demoran más allá de septiembre. Los esfuerzos por cumplir con todos los trámites que exige la legislación española e internacional y que, según la justicia, se han ignorado en la repatriación de al menos 55 menores, probablemente dilatarán el proceso de repatriación.
La directora provincial del Ministerio de Educación, Yolanda Rodríguez, asegura a EL PAÍS que corresponde al Gobierno de la ciudad autónoma, como entidad de tutela, solicitar o no la matriculación de los más pequeños en los centros públicos. Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguró este miércoles, tras la Conferencia Sectorial de Educación, que “se atenderán esas necesidades educativas de los menores que en ese momento estén en territorio español”. Ante la reactivación de las devoluciones, el tiempo es clave. El curso empieza el 10 de septiembre.
La ministra de Educación afirmó que se están buscando soluciones “en coordinación y colaboración” con el Gobierno de Ceuta desde hace semanas “de manera muy urgente”, y que se está trabajando “en todos los escenarios”. Fuentes del ministerio han confirmado a EL PAÍS que aún no cuentan con cifras exactas de menores que llegaron en mayo y necesitarían ser escolarizados.
“Los tienen que escolarizar”, sentencia Catalina Perazzo, directora de incidencia social de la ONG Save The Children. “Pero hay que crear aulas de enlace en función de su distinto nivel educativo, y no segregarlos a todos juntos en una clase para evitar el malestar en las aulas y la sociedad. Hay que favorecer la integración”.
Para Yassin, de 14 años, la solución es meridiana: “Si alguien me mete en el colegio, me pongo a estudiar”. Este chico asegura que en Marruecos no estaba matriculado. Desde que llegó a Ceuta en mayo, ha pasado poco tiempo en los dispositivos puestos en marcha por la ciudad autónoma para atender a un número de chavales que desbordó todas sus capacidades.
Yassin asegura que huyó del polideportivo de Santa Amelia hace dos meses. Siguió los pasos de muchos compañeros que, en goteo, se escapaban del centro casi a diario. La mayoría regresaba. Otros, como él, se han quedado en compañía de amigos que duermen en las calles de la ciudad desde hace meses o años.
Con ellos trabaja desde febrero un equipo de No Name Kitchen, una organización con vocación internacional de asistencia social a población migrante. “Hay muchos menores que llevan desde mayo en situación de calle, porque muchos de ellos saben lo que es estar en un centro, donde suele haber peleas, inseguridad”, explica Amaia Ochoa, voluntaria de la organización. “Hay quienes se han escapado del [centro de] Santa Amelia y que están en la calle, pero supone para algunos una situación a la que no están acostumbrados y se encuentran muy perdidos. No es lo mismo tener que buscarte la vida”.
La determinación por parte del Gobierno de proseguir con las repatriaciones deja en un limbo a estos menores no acompañados. “El único objetivo que tienen estos niños es llegar a la Península”, incide Ochoa, de No Name Kitchen. “Pero si van a volver a poner en marcha las repatriaciones de forma legal, no sé qué solución puede haber a corto o medio plazo”.
El adolescente Annas tampoco ve un horizonte más allá del hormigón que le da cobijo desde hace días en una escollera del puerto de Ceuta. “No puedo volver”, dice sobre regresar al polideportivo de Santa Amelia del que se escapó. “Tengo miedo”.
