González Laya: “España nunca buscó esta crisis ni la alimenta”

”España nunca buscó esta crisis, ni la alimenta. Lo que queremos es dejarla atrás lo antes posible”, reflexiona la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en conversación con EL PAÍS, al finalizar una semana en la que España ha vivido su mayor choque con Marruecos desde la toma del islote de Perejil, en 2002. “Somos respetuosos en nuestras relaciones con todos los países, pero también pedimos que lo sean con nosotros”, añade. Es consciente de que la crisis está lejos de terminar, aunque España haya decidido no responder a los gestos hostiles que llegan del otro lado del Estrecho y no vaya a llamar a consultas a su embajador en Rabat, como ha hecho Marruecos con su representante en Madrid.

Una marea humana se abatió el pasado lunes sobre Ceuta. Primero fueron decenas de personas. Luego cientos. Al cabo de 36 horas, casi 8.000. Niños, adolescentes, familias enteras se arrojaban al mar para rodear el espigón que separa Marruecos de la playa del Tarajal, ante la mirada complaciente de su policía y la alarma de la española. Al menos dos hombres se ahogaron.

“Se les ha ido de las manos”, concluye un diplomático buen conocedor de la zona. “Lo que hemos visto estos días no son subsaharianos a los que Marruecos estuviera impidiendo llegar a Europa, sino jóvenes marroquíes que se juegan la vida para salir de su país, como si huyeran de una guerra o una calamidad”. Muchos de los que salieron cuando corrió la voz de que el paso estaba abierto, agrega, “eran marroquíes que, tras el cierre de la frontera con Ceuta debido a la covid hace un año, se quedaron sin sustento”. Rabat ha intentado contrarrestar el daño que estas imágenes han hecho a su reputación internacional acusando a la policía española de maltratar a los inmigrantes, pero el intento es vano: todo el mundo pudo ver lo que pasó.

Poco después de comenzar la avalancha del lunes, las autoridades españolas pidieron explicaciones a Rabat, que contestó con excusas. El ministro de Exteriores marroquí, Nasser Burita, apelaría más tarde a la “fatiga” de sus guardias tras los tres días de fiesta que siguen al final del ayuno del Ramadán. Contra toda evidencia, el Gobierno español se resistía a culpar al país vecino, como si lo que pasaba fuera fruto de un fenómeno meteorológico. Hasta que no le quedó otro remedio.

Una semana antes, el 8 de mayo, el Ministerio de Exteriores marroquí ya había puesto por escrito su amenaza: España no debía “minimizar el impacto grave” en las relaciones bilaterales de la decisión de acoger en un hospital al líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Rabat “tomaba nota” de la decisión “premeditada” de Madrid de no informarle de ello y sacaría “todas las consecuencias” de un gesto que consideraba hostil, concluía el comunicado.

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que no reconoce España, aterrizó el 18 de abril en la base de Zaragoza en un avión medicalizado de la Presidencia de Argelia, desde donde fue llevado en ambulancia al hospital San Pedro de Logroño. Contra lo que sostiene Rabat, Gali entró en España con un pasaporte diplomático argelino a su nombre, aunque se registró en el hospital con identidad falsa por razones de seguridad.

La petición de hospitalizar a Gali, de 71 años, gravemente enfermo de coronavirus (llegó intubado y al borde de la muerte) se la trasladó el ministro de Exteriores argelino, Saabri Boukadoum, a su homóloga española. Tras consultar con La Moncloa, González Laya accedió a la petición “por razones estrictamente humanitarias”, pese a las objeciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien advirtió de las consecuencias de un enfado de Marruecos para el control de la inmigración. La titular de Defensa, Margarita Robles, aconsejó avisar antes a Rabat.

Esa era la intención de la jefa de la diplomacia española, según fuentes gubernamentales, pero el aviso se demoró porque España estaba pugnando entonces para que la UE no incluyera a Marruecos en su lista gris de paraísos fiscales, al trasponer la reciente decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo —lo que implicaba trabas en el acceso a los organismos de crédito—, y no quiso mezclar ambos asuntos.

Las autoridades marroquíes consideraron una “deslealtad” que España no les avisara de que había decidido dar acogida a su mayor enemigo —Rabat y el Frente Polisario retomaron las hostilidades el pasado noviembre tras 30 años de tregua— y dieron por rota la confianza entre ambas partes, lo que será muy difícil recomponer. Madrid alega que tampoco Marruecos avisó de decisiones que afectaban a España, como el cierre de la aduana comercial con Melilla, el 31 de julio de 2018. “No se puede exigir aquello que tú no das”.

01:28

“No queremos volver”: La conversación entre un militar español y un inmigrante marroquí

El pasado 22 de abril, a los cuatro días de su llegada, el semanario Jeune Afrique revelaba la hospitalización del líder del Polisario en España. Para el espionaje marroquí, que tiene en España y Argelia sus principales objetivos, no fue difícil enterarse. El servicio secreto español, el CNI, ni siquiera participó en la operación y fue informado cuando la decisión estaba tomada.

Marruecos convocó dos días después al embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, para mostrarle su malestar y pedirle unas explicaciones que España ofreció con tanta profusión como escaso éxito. Durante tres semanas, Rabat meditó cuándo y dónde dar su respuesta: tras el Ramadán en Ceuta, uno de los “presidios”, como llama Rabat a las dos ciudades autónomas.

El primer ministro marroquí, Saadeddine El Othmani, lo dijo en diciembre pasado: “Llegará el día en que habrá que abrir el dosier de Ceuta y Melilla con España”, pero “primero hay que arreglar definitivamente el asunto del Sáhara, que es nuestra prioridad absoluta”, puntualizó. Mohamed VI no ha renunciado nunca a la anexión de las dos plazas españolas del norte de África, pero considera que esa tarea no le corresponde a su generación sino a la de su hijo. Su empeño es completar la obra de su padre, que ganó la guerra del Sáhara Occidental y ocupó la mayor parte del territorio, pero no logró el reconocimiento internacional a su conquista. Ese es el legado con el que el actual rey pretende pasar a la historia.

El sueño de Mohamed VI pareció al alcance de la mano el pasado 10 de diciembre, cuando un Donald Trump de salida de la Casa Blanca reconoció la marroquinidad del Sáhara. Como moneda de cambio, el establecimiento de relaciones con Israel. Casi un anatema para quien es no solo jefe político sino también religioso de Marruecos.

Los acontecimientos se precipitaron. El 10 de enero —10 días antes de la toma de posesión de Biden— el embajador de Estados Unidos en Rabat, David Fischer, visitaba Dajla, la antigua Villa Cisneros, para lo que se anunció como apertura del primer consulado estadounidense en el Sáhara y se quedó en una visita protocolaria. Quienes sí han abierto consulados en la antigua colonia española, desde enero de 2020, son una veintena de países árabes y africanos (además del paupérrimo Haití), la mayor parte de los cuales carecen de nacionales en el territorio y, por tanto, de clientes para sus servicios consulares. Según la prensa argelina, varios de ellos han recibido a cambio compromisos de cuantiosas inversiones marroquíes en su territorio.

El último gran objetivo en la carrera por afianzar el reconocimiento internacional de la anexión del Sáhara era la UE. Y el sospechoso de actuar como caballo de Troya de Marruecos, Francia. El 13 de abril, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, tuvo que salir al paso de la apertura en Dajla de una antena de En Marcha, el partido del presidente Macron. “Se trata de una iniciativa local que lamento y que no cambia en nada la posición de Francia sobre un asunto muy sensible”, se excusó.

La piedra con la que tropezó Marruecos fue Alemania. El 22 de diciembre pasado, el embajador germano ante la ONU, Christoph Heusgen convocó una reunión del Consejo de Seguridad (del que formaba parte en el bienio 2019-20) y afeó “a los amigos americanos” que hubieran incumplido su obligación de abordar el conflicto del Sáhara “en el marco de la legalidad internacional”. Esgrimiendo confusos agravios, Marruecos cortó en marzo pasado la colaboración con la Embajada germana en Rabat y en mayo llamó a consultas a su embajador en Berlín.

España se mantuvo al margen del conflicto hasta que la llegada de Gali la metió de hoz y coz. El argumento de que la acogida humanitaria es práctica aceptada por la comunidad internacional (el dictador Mobutu del Congo murió de cáncer en Marruecos) no convenció a Rabat, que buscó separar a los países europeos supuestamente hostiles de los demás y de las instituciones de la UE.

Desde que estalló la crisis no ha habido ninguna comunicación de alto nivel entre España y Marruecos, reconocen fuentes diplomáticas, más allá de la entrevista que González Laya mantuvo el martes con la embajadora Karima Benyaich antes de que abandonara España. En cambio, Rabat mantiene las líneas abiertas con la UE y tanto el comisario de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, como el alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, hablaron a partir del miércoles con Burita. Ambos le transmitieron, según las fuentes consultadas, “un mensaje contundente” de respaldo a España y le dejaron claro que el control de la inmigración es un asunto de “máxima sensibilidad y prioridad” para la UE.

Tras poner fin a lo que pretendía ser una exhibición de fuerza en Ceuta, Marruecos ha cambiado de táctica y ahora su objetivo es condicionar el futuro de Gali, citado el 1 de junio por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para declarar como imputado por sendas querellas en las que se le acusa de detención ilegal, torturas o genocidio contra disidentes saharauis.

La embajadora marroquí leyó el viernes ante la prensa un comunicado en el que aseguró que la comparecencia del líder del Polisario ante Pedraz será “un test para la independencia de la justicia española”, en la que dijo confiar plenamente, y una prueba para saber si España “opta por reforzar relaciones con Marruecos o prefiere colaborar con sus enemigos”. La diplomática no dejó claro si lo que pretende Rabat es solo que Gali acuda a declarar o que el juez tome medidas contra él.

“No quisiéremos pensar que Rabat condiciona la normalización de las relaciones a algo que no está en la mano del Gobierno”, alegan fuentes diplomáticas, recordando que en España rige la separación de poderes.

Cuando autorizó su traslado, el Gobierno español advirtió a Argelia de la existencia de denuncias contra Gali y de que este no gozaría de ningún tipo de inmunidad ante la justicia. Pedraz se ha negado hasta ahora a dictar medidas cautelares contra él, pero podría hacerlo cuando le tome declaración. Por el contrario, si Gali se marchara de España sin declarar ante el juez, este podría dictar una orden de detención a través de Interpol que pesaría como una espada de Damocles sobre su cabeza en los próximos años. “No nos corresponde decidir sobre eso”, alegan fuentes gubernamentales, “nuestro compromiso era curarlo. Los temas que tenga con la justicia los debe resolver él”.

Un alto cargo marroquí de Exteriores aseguró el sábado que “cuatro generales de un país magrebí” (Argelia) habrían sido cómplices del traslado de Gali a España y anunció que los servicios secretos de Rabat, “entre los más eficaces” del mundo, desvelarán “más detalles en el momento oportuno”. En realidad, el líder del Polisario llegó en un avión oficial, no con el apoyo de cuatro generales, sino del propio Estado argelino. Y eso no hace falta que lo descubra el espionaje marroquí, porque lo ha reconocido el Gobierno español.