Las abogadas del Estado buscan el jaque mate

Hay muchas palabras bonitas arrumbadas en el diccionario. Timorato, por ejemplo. Se dice de la persona tímida, encogida, indecisa, “que siente temor de Dios y se gobierna por él en sus actos”. El fiscal Antonio Romeral, mientras lee su informe de conclusiones en el juicio de los papeles de Bárcenas, se queja de que los abogados de la acusación popular le han llamado timorato. No se sabe de qué siente temor Romeral ni si lo tiene, pero es verdad que a veces da la sensación de que, más que acusar, defiende, y que cuando ataca lo hace con guante de seda, en voz baja, casi de puntillas, como si en vez de una sentencia condenatoria buscara firmar unas tablas.

—Las acusaciones —se duele el fiscal— entendían que no acusábamos lo suficiente, pero no era ninguna actitud timorata. No nos mueve ningún interés de parte.

Romeral concluye su alegato diciendo que el PP deberá responder por los tejemanejes de Bárcenas y el presidente del tribunal anuncia una pausa de cinco minutos. El arquitecto Gonzalo Urquijo, que este jueves ha regresado al juicio estrenando corte de pelo, departe con su plantel de abogados y se marcha. Hace bien. Hombre acostumbrado a mohines y alharacas —otras palabras en el desván— no se habría podido contener cuando llega el turno de las abogadas del Estado. El escenario cambia de forma radical. La primera en presentar el informe de acusación es la abogada Eva María Fernández Cifuentes. Es probablemente la letrada más joven de la sala, y cuando empieza a hablar, los alumnos de Derecho de la Universidad Carlos III que asisten a la sesión se miran sorprendidos. La abogada del Estado habla rápido y con una precisión extrema, sin adornarse, sus frases son puro músculo. No divaga, no lee, se sabe de memoria el número de las facturas, de la placa de los policías de la UDEF y de los peritos de Hacienda, sube y baja por las siete plantas de la sede del PP explicando de qué manera se las apañó Urquijo y su empresa Unifica para cobrar en negro parte de su remodelación. Pero no se queda ahí. También advierte al tribunal de las posibles estrategias de los abogados defensores para desvirtuar sus acusaciones y les ofrece la contrarréplica antes incluso de que se produzca la réplica. Si el fiscal Romeral parecía buscar unas tablas, la abogada del Estado Fernández busca el jaque mate, solo mueve una pieza cuando sabe que está a salvo de los movimientos futuros del contrario.

—Quedan acreditados y fuera de toda duda los ingresos recibidos y no declarados.

Los abogados de la defensa de Urquijo empiezan a moverse incómodos cuando toma la palabra la abogada del Estado Rosa María Seoane. Su misión es demostrar el dolo —la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud— en la actuación de los dueños de Unifica. Las cargas de profundidad son tremendas — “no defraudaron una vez, sino muchas veces”, “era una mecánica de fraude generalizado...”— y el abogado de Urquijo explota. Desde las últimas filas, los alumnos de Derecho observan cómo el nerviosismo de Luis Jordana de Pozas desemboca en la mala educación: hace gestos ostensibles de desacuerdo, murmura, hace ruido en su asiento. El presidente del tribunal lo mira y parece que lo va a amonestar, pero no lo hace. La abogada Seoane sigue desmontando la trama:

—Su comportamiento estaba basado en el engaño. No era una contabilidad caótica. Era fraudulenta.