Cantabria reforma su Estatuto y suprime los aforamientos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha certificado este miércoles un proceso iniciado hace más de tres años en Cantabria: el de la supresión de los aforamientos. Este privilegio supone unas condiciones ventajosas para los aforados, que pueden ser desde políticos a policías, ante posibles causas judiciales. La cántabra se convierte, tras Canarias y la Región de Murcia, en la tercera comunidad autónoma que adopta esta medida. Cantabria inició en 2017 el procedimiento para reformar su Estatuto de Autonomía, pero las interrupciones en las legislaturas impidieron el desarrollo de los trámites. El Congreso admitió a trámite la iniciativa en septiembre de 2020 y el pasado 10 de marzo el Senado lo ratificó por mayoría. La medida afectará a los 35 diputados y a los miembros del Consejo de Gobierno, incluido el presidente Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista Cántabro (PRC).

El proyecto lo planteó Ciudadanos en diciembre de 2017 en el Parlamento regional y contó con la aprobación de todos los grupos. El Estatuto cántabro recogía desde su redacción en 1981 que “los diputados y diputadas del Parlamento de Cantabria [...] durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio a los jueces ordinarios predeterminados por la Ley”. Estas palabras, plasmadas en el artículo 20, quedan desde ahora eliminadas y los cambios que conllevan entrarán en vigor un día después de su aparición en el BOE.

La publicación oficial plasma los argumentos esgrimidos por los políticos cántabros cuando iniciaron los trámites para derogar esta cláusula ventajosa para ellos, incluida en el artículo 24.2 de la Constitución Española. “En pleno siglo XXI es difícil fundamentar la existencia de fueros judiciales especiales al margen del juez ordinario predeterminado por la ley”, explican. Además, añaden que hay “1.500 diputados o miembros de Gobiernos Autonómicos” con un “fuero procesal especial” que entienden carente de “justificación jurídica y social”. Así, consideran recomendable eliminarlo “con un carácter ejemplarizante, para todos aquellos que han sido elegidos directa o indirectamente por los ciudadanos” porque ya no se necesitan unos privilegios propios de los “siglos XVIII y XIX”, cuando estos aforamientos “garantizaban la labor de los parlamentarios”.

La propuesta analizada en el Senado, no obstante, no incluía una cláusula impulsada por Ciudadanos y el PRC (que gobierna junto al PSOE) que pretendía que el Ejecutivo cántabro pudiera aprobar decretos leyes.

El único diputado del PRC en el Congreso de los Diputados, José María Mazón, celebra que por fin se haya certificado la supresión del aforamiento: “Es la línea que venimos manteniendo, que no haya aforamientos para nadie y que todos estemos sometidos igualmente a la ley”. Mazón lamenta que no hayan conseguido la facultad para sancionar decretos-ley y lo cree “incomprensible”. El diputado confía en que dadas las críticas de la opinión pública hacia ese privilegio pronto se elimine en toda España, pero apunta que “no todo es blanco o negro” y que “existen algunas justificaciones” de su existencia.

Eliminación nacional en el limbo

El debate de los aforamientos también se planteó a escala nacional en 2018, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de eliminarlo “de urgencia”, aunque al poco rebajó la fuerza de sus palabras: se mantendría para delitos cometidos “en el ejercicio estricto del cargo”. Finalmente, el procedimiento sigue parado en España, que es a su vez el país con más personas que disfrutan de este privilegio: unas 250.000 en 2018, si bien la inmensa mayoría (unos 232.000) se corresponden con los cuerpos de seguridad del Estado.

El acuerdo de Gobierno suscrito por la coalición PSOE-Unidas Podemos hace casi año y medio incluyó también esta modificación en los siguientes términos: “Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público”. Tampoco ha habido novedades al respecto y son las comunidades autónomas quienes han ido recorriendo este camino: Canarias, Murcia y Cantabria ya lo han efectuado y Baleares se encuentra en el proceso.