Rodríguez Galindo, el general de la Guardia Civil que dilapidó su prestigio con la guerra sucia contra ETA

El fallecimiento el sábado por coronavirus, a los 82 años, del exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado por el secuestro y asesinato de los etarras José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa, ha aflorado la división de opiniones sobre su figura que siempre provocó su actuación en la lucha contra ETA en los años ochenta y noventa. Mientras que asociaciones profesionales de la Guardia Civil y dirigentes de Vox han lamentado su muerte y destacado sus éxitos en la lucha antiterrorista, sectores de la sociedad vasca y española han recordado los oscuros episodios vividos durante sus 14 años al frente de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, con sede en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián).

El hallazgo en 1985 de los cadáveres de Lasa y Zabala —que no fueron identificados hasta diez años más tarde—, enterrados en cal viva y con signos de tortura supuso el principio del fin de su carrera y su posterior ingreso en prisión, pero también la constatación de que en los años más duros del terrorismo elementos de las fuerzas de seguridad buscaron atajos ilegales y de consecuencias dramáticas en la lucha contra ETA bajo las siglas de los GAL.

Los que defienden su actuación destacan que Rodríguez Galindo ha sido el agente más condecorado en la lucha contra la organización terrorista —14 medallas— y que su labor permitió desarticular más de 90 comandos y detener a cerca de 800 personas vinculadas con la banda armada. “Miró de frente a ETA, la combatió y derrotó salvando así la vida a multitud de ciudadanos, guardias civiles y sus familias”, destacaba el día de su muerte la cuenta en Twitter de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc).

También se ha resaltado que fue la labor de los agentes a sus órdenes la que permitió a la policía francesa detener, en marzo de 1992 en la localidad vascofrancesa de Bidart a los entonces integrantes de la cúpula etarra Francisco Múgica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y Joseba Arregi Erostarbe, Fiti, cuando España se jugaba su prestigio con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. “Aquel día ETA se sintió por primera vez vulnerable”, han recalcado siempre mandos del instituto armado para poner en valor aquella operación.

Frente a sus éxitos, está el cúmulo de denuncias por torturas y otros delitos que llevaron ante los tribunales a muchos de sus hombres y, finalmente, al propio general. Rodríguez Galindo negó todas las acusaciones. Durante el juicio en la Audiencia Nacional por el asesinato de Lasa y Zabala presumió de los subordinados que se sentaban con él en el banquillo y que también fueron condenados: “Con seis hombres como ellos se hubiera podido conquistar América del Sur por completo”. Pese a que la justicia consideró probada su participación en aquellas muertes, lo siguió apoyando una parte de la sociedad —una petición de indulto que no prosperó contó con 100.000 firmas— y, sobre todo, sus superiores políticos, entre ellos el exministro del Interior José Barrionuevo y su número dos, Rafael Vera, quienes fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los GAL.

La condena en abril de 2000 por el caso Lasa y Zabala a 71 años —pena que un año más tarde el Tribunal Supremo elevó a 75 años y que supuso su expulsión de la Guardia Civil— y su posterior ingreso en prisión no frenó la polémica en torno a su figura, avivada por el escaso tiempo que pasó en la cárcel. En septiembre de 2004, tras cuatro años y cuatro meses en prisión, fue excarcelado por sufrir una dolencia cardiovascular, lo que le permitió seguir cumpliendo la condena en su domicilio bajo vigilancia policial. Meses después, obtenía el tercer grado o semilibertad, y en 2013, accedía a la libertad condicional. Desde entonces, y hasta su hospitalización hace un mes, el exgeneral había pasado a un discreto segundo plano en Zaragoza, donde residía y ha fallecido.