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El jefe de la policía con el PP apunta que el ex ‘número dos’ de Interior despachaba personalmente sobre Kitchen

El juez abroncó a Pino por tratar de rebajar la importancia del espionaje a Bárcenas

El ex 'número dos' de la Policía, Eugenio Pino, a su llegada a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.
El ex 'número dos' de la Policía, Eugenio Pino, a su llegada a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.

Eugenio Pino, máximo responsable uniformado de la Policía Nacional durante el Gobierno del PP, implicó directamente al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en la Operación Kitchen, la supuesta trama de espionaje parapolicial para robar documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas. En una declaración ante el juez en octubre de 2019, Pino dio por sentado que Martínez era informado en su despacho de esta operación ilegal por el comisario Enrique García Castaño, El Gordo. En su declaración Pino incurrió en contradicciones notables.

“El secretario de Estado tenía a gala despachar con los comisarios generales. Despachaba no solo con García Castaño, sino con quien le viniera bien”, relató Pino ante el magistrado instructor, Manuel García-Castellón. El fiscal le había preguntado si tenía conocimiento de que el comisario Enrique García Castaño, máximo responsable de la UCAO, la unidad especial de la policía encargada de las operaciones encubiertas, le había entregado a Martínez los documentos que Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas le había robado a la familia del extesorero del PP en plena investigación del caso Gürtel en los años 2013 y 2014. García Castaño era uno de los miembros de la cúpula policial encargados de captar y dirigir los pasos de Ríos y estos documentos eran especialmente sensibles para el PP y sus líderes durante la presidencia de Mariano Rajoy.

Uno de los indicios de conocimiento de Pino sobre el contacto de Martínez con la Operación Kitchen fue el rastro del dinero. “Lo sabía porque en un momento determinado el señor García Castaño tenía fondos reservados para operaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, porque lo tenían a gala y porque el secretario de Estado los llamaba personalmente también inclusive conmigo, no una, muchas veces”, afirmó Pino en una declaración con sonoras contradicciones.

Quizá el renuncio más flagrante del antiguo director adjunto operativo —máximo responsable uniformado de la Policía, por debajo del director general— en aquella declaración judicial fuera negar la propia existencia de la Kitchen por el hecho de que de ella no quedara rastro en los archivos del cuerpo. “La Kitchen no estaba registrada en la Dirección Adjunta Operativa, en las cuentas debería aparecer algo como pago kitchen y no aparece, por tanto no existe”, sostuvo al inicio de aquel interrogatorio, que se prolongó durante hora y media y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Sin embargo, pese a negar de partida la puesta en marcha de una red policial de espionaje a Bárcenas, Pino reconoció que él mismo dio la orden de cerrarla. “Sí, di la orden de finalizar [la operación Kitchen]. Antes lo consulté con el secretario de Estado de Seguridad. Le dije: esto no pinta bien, vamos a cortar”.

Durante su declaración, Pino sostuvo que la Operación Kitchen tenía como objeto ayudar en la investigación judicial del caso Gürtel, que en esos años llevaba a cabo en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, y descubrir una posible fortuna escondida por el extesorero Bárcenas fuera de España. Los investigadores entienden, por el contrario, que la operación encubierta, en la que se gastaron al menos 53.000 euros en fondos reservados, buscaba arrebatar a Bárcenas papeles comprometedores para el PP y para sus líderes y escamoteárselos, de paso, a la justicia.

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Para reforzar la idea de que el dispositivo buscaba cuentas de Bárcenas fuera de España, Pino, al final de su declaración, dijo: “Buscábamos cuentas de tres políticos del PP, eran un tal señor Bárcenas, un tal señor Arenas y un tal señor Cascos. Las buscábamos para ponerlas a disposición de la justicia, esa ha sido mi trayectoria como policía durante 43 años”. “Hemos hecho muchas operaciones, algunas nos pondrían los pelos de punta pero siempre por la seguridad ciudadana y el interés de España”, asevera también Pino al principio del interrogatorio.

“De retales, nada”

Pino es considerado el jefe de la llamada policía patriótica, el grupo de miembros de la cúpula policial que, usando recursos y fondos públicos, elaboró informes apócrifos con los que perjudicar a quienes entienden como enemigos del Estado, como Podemos o el independentismo catalán. Durante su intervención ante el juez, respondió con evasivas —era su derecho como imputado— y trató de quitar importancia a la operación encubierta sobre el extesorero del PP. Esta actitud le valió una considerable recriminación del juez García-Castellón. “Trata de enmascarar lo importante que era para usted la Operación Bárcenas, que afectaba a quienes le nombraron a usted. Era algo de una importancia extraordinaria para los dirigentes del PP; que el DAO manifieste que era un asunto más y que el encargado sería el comisario general, permítame que lo ponga en duda”.

El fiscal también dijo, resignado, que “parece que no estamos hablando con el DAO”. Ante esto, Pino, trató de explicar que el caso Bárcenas, como el juez denominaba al caso Kitchen, era un asunto de poca importancia, de “retales”. Esta apreciación colmó la paciencia del juez García-Castellón: “De retales nada. El chófer [de Bárcenas, Sergio Ríos] fue a la sede del PP, digo bien, por orden de su jefe; y recogió una serie de dispositivos o lo que sea, que tenía a su disposición en su despacho; y ustedes lo tenían como confidente, por lo tanto las respuestas me parecen muy bien, pero en el contexto permítame que tenga mis dudas”, le dijo el juez al ex alto mando policial.

Pino reconoció que alguien a quien no identificó le pidió “apoyo” para facilitar la entrada de Sergio Ríos en el cuerpo, algo que este consiguió el mismo mes que dejó de cobrar fondos reservados por espiar a Bárcenas. “Desconozco si tuvo ese apoyo, mío desde luego no; no dependía de mí (...) Un familiar mío en primer grado tardó cinco años en entrar en la policía”, repuso.

El asesor de Cospedal se defiende

El comisario Andrés Gómez Gordo, imputado en la trama y exasesor también de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha, defiende a lo largo de sus declaraciones ante el juez que siempre creyó que operaban conforme a la ley. “Yo he actuado siempre de buena fe”, asegura este policía, pieza clave en Kitchen, ya que los investigadores le atribuyen la captación del chófer del extesorero Luis Bárcenas como confidente y el pago a este a través de los fondos reservados —su firma consta en cuatro recibís—. “He actuado de buena fe e ilusionado porque [Bárcenas] era el delincuente número 1”, reitera el agente, a quien Eugenio Pino colocó a sus órdenes en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo.

Según la versión de Gómez Gordo, él colaboró “encantado” con Kitchen cuando ya estaba como asesor de Cospedal. Y también lo hizo mientras estaba dentro de la policía: “Cumplía órdenes”. Según el comisario, la exdirigente del PP nunca le ordenó captar al chófer, pese a que así lo cree la Fiscalía Anticorrupción.

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