Manuel Cortés, 15 meses injustos en la cárcel por ir a donde no debía
Historias de inocentes que han pasado largas temporadas en prisión por graves errores judiciales
Manuel Cortés, vendedor ambulante de 48 años, se ha pasado 15 meses en una prisión de Málaga por ir y estar donde no debía. Iba a robar fruta en los invernaderos para venderla al día siguiente en el mercadillo y se vio involucrado en un asunto muy feo: el desembarco de un alijo de 2.000 kilos de hachís en Nerja. Ha estado 465 días preso hasta que la Audiencia de Málaga le juzgó el pasado julio y ordenó su libertad inmediata. No había ninguna prueba que lo vinculase con una barcaza que arribó de noche a la costa, a 400 metros de donde él estaba buscando fruta con su furgoneta.
“Yo iba a robar fruta, aguacates, algunos tomates y pimientos. No tenía género para vender y mis hijos sufrían necesidades... Pero eso es una cosa y lo de la droga otra. ¿Qué culpa tengo yo de que entrara en ese momento la barca esa y que los 11 tíos que, según supe después, se bajaron de ella se perdieran entre las rocas del acantilado sin que la Guardia Civil pillase a ninguno?”, se pregunta Manuel, padre de tres hijos. “Venían siguiéndoles por el mar desde un helicóptero. Tenían la droga, pero ningún detenido. Me pillaron a mí allí y me llevaron por delante. Es muy duro que te metan en la cárcel 15 meses mientras tus hijos pasan faltas. Les dije que yo no tenía nada que ver con la droga, pero no me hicieron caso”, cuenta.
No es este el único caso en Málaga de personas que acaban arrestadas o privadas de libertad sin pruebas o por graves errores judiciales. Un profesor y músico de la Orquesta Filarmónica de Málaga, el dueño de un local incendiado a propósito y un espontáneo pescador son otros ejemplos recientes de ineficacia policial y judicial con graves secuelas para las víctimas.
El caso de Manuel Cortés ocurrió la noche del 13 de abril del año pasado. Desesperado, se subió a su furgoneta esa noche, una Ford Transit, y se introdujo en una zona de invernaderos colindantes con una playa de Nerja. Lo confiesa abiertamente: “No tenía género para vender al día siguiente con mi mujer en el mercadillo. Y no tenía dinero para comprar fruta; nunca imaginé lo que me iba a pasar...”. Exhibe la licencia de vendedor y los puestos de venta que tiene asignados en distintos pueblos.
Serían las doce de la noche. Mientras él oteaba su objetivo dentro de la furgoneta en un camino solitario que muere en la denominada Cala de Mora, en Nerja, irrumpió una embarcación cargada con 2.000 kilos de resina de hachís prensada. Él estaba a unos 500 metros. Todo estaba oscuro. Asegura que no vio nada. Lo que sí escuchó de pronto fue el ruido de un helicóptero de la Guardia Civil y un enorme foco de luz que se proyectaba zigzagueante hacia una zona rocosa de la playa.
La luz perseguía a 11 personas que se habían bajado corriendo de la barca y dejado sobre las rocas 69 fardos de hachís. Se oían voces de personas —luego supo que eran guardias civiles— que desde tierra indicaban al helicóptero los recovecos del acantilado por los que habían huido los del barco.
Desde el helicóptero avisaron a los agentes en tierra de la proximidad de una Ford Transit y de que había un hombre en su interior. Sospecharon que Manuel estaba allí para cargar la droga en su vehículo. “¡Baja del furgón, rápido, venga rápido!”, le gritaron los agentes. Y le llevaron detenido al cuartel. “Reconoce que tú estabas ahí para cargar la droga en tu furgón; el lunes hablamos con la juez y quedas libre y te vas a tu casa...”, dice Manuel que le comentaron. “Yo iba a coger fruta, no tengo nada que ver con eso…”, respondió.
En el atestado de la Guardia Civil figura que Manuel estaba aquella noche “muy nervioso”, llevaba dos móviles encima y que les reconoció que le ofrecieron “entre 3.000 y 5.000 euros” por cargar la droga. “¡Eso es mentira, se lo inventaron! Se les escaparon todos y a alguien tenían que pillar; jamás he tenido nada que ver con las drogas...”. Manuel tiene antecedentes por robos de fruta, pero ninguno por drogas.
Ni llegó a tocar fruta ajena esa noche ni droga, puesto que fue detenido a casi 500 metros de la zona rocosa donde la embarcación se deshizo de la mercancía. Aun así, se lo llevaron detenido; y desde el cuartel al juzgado, y desde aquí a la cárcel. Salió de prisión hace un mes. Se pone a llorar cuando recuerda las llamadas a la cárcel de sus hijos, de ocho y nueve años. “Y la impotencia que se siente cuando ves pasar los días y no te dejan salir por algo que no has hecho”.
El tribunal que lo absolvió telefoneó el mismo día del juicio a la cárcel para que lo liberaran. El fiscal le pedía ocho años de cárcel. En la sentencia se critica que estuviese 15 meses preso: “La inferencia deductiva empleada por el fiscal no le permite a esta sala formarse la plena convicción de culpabilidad, viéndose el tribunal obligado a aplicar en toda su extensión el principio in dubio pro reo [en caso de duda, o falta de pruebas, hay que fallar en favor del acusado]”.
La abogada de Manuel, María Jesús Yáñez, se queja de los indeseables efectos de la prisión preventiva y de la necesidad de que se restrinja al máximo para evitar encarcelamientos injustos como este. “La prisión preventiva es la tortura del siglo XXI”, afirma. “Hay que restringirla al máximo, cada vez hay mas injusticias”, añade. Yáñez es también la abogada de un pescador de Marbella, Tomás Martínez, al que le sucedió algo parecido a lo de Manuel, pero aún más hiriente. Este se puso a pescar de noche en la playa de Cabopino de Marbella y justo al lado de su caña, en una noche totalmente cerrada, irrumpió igualmente una lancha cargada de 300 kilos de hachís. La embarcación casi arrolla su caña. Y también se bajaron once personas de ella.
“¿Y ese de la caña es vuestro...?”
A Tomás le gustaba la soledad y los sonidos del mar, pero allí, aquella noche, había de todo menos eso. Dos bandas de narcos esperaban la llegada del barco, con sus miembros ocultos entre cañizales y en montículos de arena. Y, además, en coches camuflados, grupos de policías y guardias civiles que vigilaban. En medio de todos ellos, ajeno a tantas miradas, Tomás Martínez, sentado en una silla de playa y mirando si se movía la luz de neón de su caña. Tomás estuvo un año preso injustamente. También estaba donde no debía. Y el Poder Judicial le ha dado la razón. Los agentes se lo llevaron porque creían que estaba compinchado con los narcos y que puso allí la luz de neón de su caña para dirigir a la embarcación hacia la costa. Pero en el sumario había pinchazos telefónicos de la misma noche en que llegó la droga que lo exculpaban.
En una de las grabaciones, un miembro de una de las bandas pregunta a uno de la otra: “¿Oye, ese que hay ahí con la caña es vuestro...?”. “No, nuestro no”, le respondió. “Pues entonces no es de nadie…”. Pese a esta grabación, interceptada por la policía, Tomás acabó en la cárcel durante un año hasta que un tribunal de Málaga lo absolvió. Tomás lo pasó mal aquella noche. Al llegar la barca, se desató un tiroteo entre guardias y narcos. Él cerró los ojos y se quedó quieto en su silla rezando, según cuenta, para que no le diera ninguna de las balas. El Ministerio de Justicia le ha dado la razón y en estos momentos estudia con cuánto dinero le indemniza. Manuel, el vendedor ambulante, también va a pedir que le reparen los daños causados.
Si el pescador Tomás Martínez exige a Justicia 220.000 euros, bastante menos pide (solo 1.200 euros, y por el disgusto), Francisco Pérez Ortega. Es otro malagueño privado de libertad por un error judicial. El 19 de noviembre de 2016 acudió a una comisaría y denunció que alguien le había prendido fuego a su negocio de repuestos de automóvil. Los agentes hicieron sus pesquisas y detuvieron a Antonio D. como autor del incendio, del que se acreditó que había sido intencionado y este acabó condenado.
Pero sucedió que dos años después, en julio de 2018, la policía se presentó en casa de Francisco Pérez, la víctima del incendio, y le detuvo a él. Existía contra él una orden de busca y captura e ingreso en prisión por el incendio de su propio local. Confundieron a la víctima con el autor. La orden la había dictado el Juzgado de Instrucción 2 de la capital malacitana. Tras estar encerrado en los calabozos después de “un largo día de trabajo”, los agentes le llevaron al juzgado de guardia, el número 11, que accedió a dejarle en libertad tras los ruegos de la víctima. El error consistió en que el juzgado, en lugar de dictar la orden de prisión contra el condenado, la dictó contra la víctima. “Pasé una noche en los calabozos y perdí dos días de trabajo”, cuenta Pérez Ortega en su denuncia. “Me detuvieron en mi casa, en presencia de mi familia y conocidos, sin saber por qué, y eso que tenía problemas de salud…”, describe.
El músico de Málaga
No es este el único error del Juzgado de Instrucción 2 de Málaga. Y también por otra orden de busca y captura de un inocente sin cancelar. El Consejo General del Poder Judicial ha estudiado ya este asunto. Lo ha censurado y también le va a costar dinero a las arcas del Estado. Es el caso de Yuri Chuguev, profesor y músico de la Orquesta Filarmónica de Málaga, quien, por dejación del citado juzgado, estuvo en situación de busca y captura entre el 7 de mayo de 2014 y el 18 de agosto de 2015 por un delito contra la salud pública. La orden surtió efecto cuando el músico fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas en mayo de 2015.
Su viaje se truncó y fue conducido a los juzgados de plaza de Castilla, donde quedó en libertad a disposición del juzgado 2 de Málaga. Chuguev fue involucrado en un asunto de drogas en el que nunca fue ni imputado ni juzgado. Sí fueron imputadas otras personas por la Policía Nacional de Málaga, que luego resultaron absueltas. La busca y captura del músico quedó grabada en los ordenadores de la policía por error. El Poder Judicial admite que se cometió contra él un daño y perjuicio que debe ser resarcido y que el responsable es el juzgado 2 de Málaga. “Soy profesor-músico de la Orquesta Filarmónica de Málaga desde hace 21 años y con una trayectoria profesional internacional. Se me ha lesionado mi derecho al honor y causado un perjuicio y daños morales evidente”. Pide una indemnización al Estado de 15.219 euros.
En ausencia de la magistrada, este periódico intentó recabar in situ la versión del letrado judicial de este juzgado. Este se negó a explicar los errores tanto de este músico como del denunciante de un incendio en su negocio y remitió al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Andalucía. “No hay nada que decir”, espetó el secretario.
