El Gobierno hace gestiones para repatriar el cadáver del jornalero muerto por un golpe de calor en Murcia

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se puso en contacto telefónico el pasado viernes con la hermana de Eleazar Blandón, el temporero nicaragüense que falleció el sábado de la semana pasada por un golpe de calor en Murcia. Díaz se comprometió con Ana Blandón, la única familiar del fallecido que vive en España, a hacer las gestiones necesarias para repatriar el cadáver a Nicaragua, según han confirmado la propia hermana y fuentes del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Asuntos Exteriores colaborará en la operación.

El traslado del cuerpo de Blandón era una de las mayores preocupaciones de la familia y, sobre todo, de la madre de la víctima, que perdió a su marido en Texas en 2016 mientras trabajaba en la construcción, en parecidas circunstancias a las de su hijo.

Tras una primera consulta con una funeraria, la hermana calculó que la repatriación podría alcanzar los 5.000 euros, un importe que la familia no dispone. Pocas horas después de la muerte, la comunidad nicaragüense se movilizó para recaudar fondos, pero el dinero no era el único obstáculo. La operación no es tan sencilla en mitad de una pandemia y las restricciones de movilidad que limitan los vuelos complicaban la repatriación del cadáver.

Aunque se busca realizar el traslado del cuerpo cuanto antes, no hay aún una fecha concreta. La hermana del jornalero, según ha adelantado la Cadena SER, también recibió la llamada de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para comunicarle que asumirá los trámites administrativos y logísticos para la repatriación.

Con el paso de los días, han trascendido nuevos datos de la investigación por la muerte de Eleazar Blandón tras una jornada en la que se registraron en Murcia temperaturas superiores a los 44 grados. El hombre que lo empleó de forma irregular, Pedro P., reconoció a la Guardia Civil que lo tuvo tres días trabajando sin darlo de alta —la víctima no tenía permiso de trabajo—. El jefe, titular de una empresa de prestación de servicios agrícolas, negó, sin embargo, haber abandonado a su empleado en el centro de salud, como informó el 112 y mantuvo la hermana del fallecido. “Lo llevó y dejó sus datos de contacto. Volvió más tarde para ver cómo estaba y supo que había fallecido porque ya se encontró allí a la policía judicial”, asegura su abogado, Tomás Ballesteros.

El letrado niega también que su cliente se demorase en prestarle auxilio cuando vio que Blandón se encontraba mal y asegura que corrieron “como flechas” para dejarlo en el ambulatorio. La hermana de Blandón, sin embargo, declaró a EL PAÍS, tras haber hablado con compañeros y amigos de la víctima, que su traslado se retrasó, primero porque la furgoneta con la que habían llegado al campo no estaba y, después, porque esperaron a que todos los trabajadores terminasen la faena para aprovechar el viaje.

El detenido fue dejado en libertad con cargos y sin fianza al día siguiente del suceso por el juez instructor que dirige las investigaciones. El magistrado señala en su auto que de lo actuado hasta ahora se deducen indicios “bastantes” de un posible delito contra los derechos de los trabajadores. Las diligencias del caso recogen además que Pedro P. negó en un principio conocer a Blandón. En una primera declaración aseguró que viajaba en su furgoneta cuando se encontró en la cuneta a una persona a la que acabó llevando al centro de salud. “Fue un lapsus”, justifica su abogado. “Él reconoció que era su trabajador y eso es lo que consta. Una cosa es como empieza la frase y otra como se termina”, añade.

La Inspección de Trabajo ha abierto también una investigación sobre el caso y, según fuentes conocedoras del proceso, se está examinando a la empresa de Pedro P., Plantaciones del Sureste, y la situación de los 40 trabajadores que constan dados de alta y de otro que estaba empleado de forma irregular el día del suceso.

Cuando Blandón sufrió la insolación que, según los primeros indicios, provocó su muerte por una parada cardiorrespiratoria, estaba trabajando descargando sandías en una finca propiedad de la empresa Ros Esparragal. El despacho ad&law que representa a la compañía ha explicado a EL PAÍS que su cliente fue llamado como testigo y que ha colaborado en todo momento con la investigación. El letrado Manuel Martínez aclara que, en este caso concreto, su cliente subcontrató los servicios de la empresa del detenido y es esta la que, por contrato, debe responder por las circunstancias de sus empleados. “En este caso, existe un contrato con una empresa de prestación de servicios y es ella la responsable de hacer cumplir las medidas de prevención de riesgos laborales, higiene, seguridad y la aplicación de la legislación”, recalca.