Esos erizos eran demasiado baratos
Los técnicos del Instituto del Mar del Perú han ordenado cerrar todas las áreas de explotación del erizo en San Juan de Marcona, un lujo de la despensa marítima del país, porque su precio es muy bajo
El mal de los erizos de Marcona no está en la calidad de sus gónadas ni en la productividad de los caladeros tradicionales, ni siquiera en el exceso de capturas o el riesgo para la supervivencia de la especie. Los técnicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) han ordenado cerrar todas las áreas de explotación del erizo en San Juan de Marcona —unas 2000 hectáreas al sur de la localidad, repartidas en 17 áreas de trabajo y 1500 hectáreas al norte— porque el precio es muy bajo. Dicen que son demasiado baratos; piensan que la prohibición de la pesca no va a afectar demasiado a la vida de los pescadores. Tanto, que ha recomendado prohibirla y acabar con cuatro años de recolección controlada y sostenible del que algunos tenemos como el producto más destacado que ofrece la despensa del mar en Perú. Si el erizo peruano es un lujo, el de Marcona es su estrella más brillante. Cuando llega el invierno austral es una pieza mágica. El caparazón encierra un tesoro difícilmente comparable, en forma de lenguas grandes, grasas y carnosas de un inmaculado color naranja. He visto piezas que pesaban más de 200 gramos. Lo veo como el foie-gras del mar, por la textura que ofrece, y los aficionados a la cocina que lo buscan en restaurantes y cevicherías viven con él una intensa relación de amor.
Son considerablemente más grandes y carnosos que los erizos que he podido encontrar en aguas de Chile y que los de la costa norte del Perú y el sur de Ecuador. No sé si son las circunstancias que definen las formas de vida en sus aguas, la calidad de las algas o los pequeños invertebrados que sirven de alimento al erizo, la temperatura del agua o la fuerza con que bate el mar, pero los erizos que crecen en las praderas marinas que rodean Marcona tienen algo que marca diferencias. Lo sabía la Comunidad Pesquera Artesanal de Marcona cuando impulsó la veda total implantada en 2011 y se encargó de controlar su cumplimiento. Volvió a la actividad en 2016, al abrirse un periodo de cinco años, llamado de ‘explotación exploratoria’, que permitía la pesca controlada y responsable. El erizo complementa los ingresos de alrededor de 700 familias, dedicadas tradicionalmente a la recolección de algas.
Los técnicos del Imarpe nunca llegaron a cumplir con sus compromisos: certificar la biomasa disponible, fijar existencias de captura, establecer planes de manejo y definir periodos de veda. Sus datos certificaban la reducción de capturas en los meses de verano, coincidiendo con la fase de reproducción, y el aumento en julio y agosto, cuando el invierno manda en el hemisferio austral y la calidad del erizo es mayor. En estos años, nunca se planteó una veda que protegiera la reproducción de la especie, como sucede en aguas chilenas, donde la pesca, transporte y venta del erizo se prohíbe durante tres meses completos. De un lado de la frontera tiene noventa días de protección, del otro lado ni uno. Los pescadores reclaman periodos de descanso por zonas, que se ajusten al estado de cada área de producción, en lugar de vedas generales.
El Informe de Monitoreo del Imarpe llega a tres conclusiones que soportan el cierre de los calderos: la disminución del tamaño de las gónadas, ‘las condiciones de mal tiempo en las zonas de explotación’ y ‘los bajos precios de compra del recurso’ (literal). De ser cierto, el primero se hubiera resuelto aplicando vedas como las de Chile, o marcando cuotas para las capturas. Imposible mantener la talla sin dejarlo crecer. El segundo tiene aire peregrino y el tercero queda desmentido por la realidad. Las líneas de distribución a restaurantes manejadas por la Comunidad Pesquera Artesanal han conseguido que los precios pasen de 0,30 céntimos a 2,5 soles por pieza.
El Ministerio de Producción carga sobre el mercado —productores, restaurantes y consumidores— las consecuencias de su inoperancia. Los pescadores, que se encargaron de controlar el cumplimiento de la veda implantada en 2011, pusieron los medios para hacerla posible y asumieron los costes que implicaba la tarea de vigilancia, aseguran que la productividad de las zonas de pesca no ha dejado de crecer en los últimos años.
