Drama y olvido de las mujeres víctimas del ácido
Un informe acusa al Gobierno de Camboya de ignorarlas y de no obligar a cumplir la legislación sobre apoyo legal y médico a las víctimas de este brutal ataque que en este país es común y se considera unido al adulterio
Cuando Molita era prácticamente una recién nacida, los dueños de uno de los puestos de un mercado vecino atacaron a su madre con ácido altamente concentrado, rociando casi la mitad de su cuerpo. La agresión le provocó grandes secuelas a la mujer, como quemaduras en la espalda, los brazos, las piernas y la mitad de su rostro, y su oreja derecha quedó derretida. El ácido continuó quemando su piel los días posteriores y la víctima, que estaba embarazada de dos meses, sufrió un aborto espontáneo.
El cuerpo de esta madre había protegido en gran parte a Molita, que estaba con ella en ese momento. Pero el rostro de la pequeña también se quemó y perdió el ojo derecho. A pesar de que el ataque sucedió en 2014, los responsables todavía no se han enfrentado a la justicia. Probablemente, nunca lleguen a hacerlo.
La pequeña Molita y su madre son una de las 17 personas supervivientes de violencia de ácido documentadas en un informe publicado en febrero por la organización Human Rights Watch. El texto acusa al Gobierno de dejar a las víctimas de lado y no obligar a cumplir la legislación aprobada hace siete años que requiere apoyo legal y médico para las víctimas, con secuelas de por vida.
La autora del informe, Julia Bleckner, explica que para llevar a cabo su investigación habló con supervivientes que dijeron “haber sido amenazadas por policías y funcionarios judiciales para que abandonasen sus casos o salieran de los tribunales”. Otras han sido presionadas con sobornos o se han encontrado con la absoluta indiferencia de la policía.
Estos problemas son comunes a todas las víctimas camboyanas de delitos graves que buscan justicia a través del sistema penal camboyano. Bleckner explica que los supervivientes “se enfrentan una presión adicional para aceptar acuerdos financieros extrajudiciales inadecuados”. Como consecuencia, muchos de ellos renuncian a la justicia, sobre todo teniendo en cuenta el significante peso financiero al que tienen que hacer frente después de ser atacados.
Según la ley de 2012, las víctimas de ácido deben recibir tratamiento gratuito en los hospitales públicos, pero esta legislación se ignora con frecuencia. De hecho, ninguno de los supervivientes con los que habló la investigadora lo había recibido.
Según Bleckner, la corrupción y la negligencia de la policía también tienen “un efecto abrumador” sobre las personas que reportan casos. Algunas mujeres no denuncian las agresiones de violencia doméstica, por ejemplo, por temor a que la policía no haga nada o la denuncia les ponga en una situación de mayor riesgo. En muchos casos, esta violencia aumenta y puede concluir en un ataque con ácido.
Solo dos de cada cinco mujeres que experimentaron violencia de género en Camboya buscaron ayuda
La reticencia a denunciar se ve agravada por la falta de una ley de protección de testigos. Bleckner habló con supervivientes que describieron haber recibido amenazas de funcionarios judiciales o de familiares de los perpetradores para retirar los cargos. Sin una ley y un programa de protección de testigos efectivos, las víctimas de crímenes violentos se piensan dos veces poner denuncias por miedo a empeorar todavía más su situación.
Human Rights Watch también entrevistó a Sun Sokney, una mujer de 24 años que fue agredida por su esposo porque le acusaba de ser infiel. Cuando las palizas fueron a más, Sokney le pidió el divorcio y él respondió secuestrando a su hija de tres años.
Unos días después, su marido la siguió al salir del trabajo y la atacó con ácido concentrado. A pesar de que se fugó después del ataque, este la llama constantemente para volver, pero Sokney teme que la pueda atacar otra vez. Ni siquiera quiere seguir adelante con su denuncia para recuperar la custodia de su hija, por temor a que la policía no la crea y pueda ser aún más violento con ambas al estar enfadado.
El informe explica que la percepción general en la sociedad camboyana es que los ataques con ácido se producen a partir de las disputas de un “triángulo amoroso”. Por ello, según el texto, “muchas personas, incluidos los oficiales y los jueces, tratan a la víctima, especialmente si es mujer, como si mereciera el ataque como castigo por adulterio o por ser la amante de un hombre casado”. Las cicatrices que resultan del ataque son una marca de su “culpa” y las margina socialmente.
El ácido es un arma barata de fácil acceso que deja a las víctimas marcadas física y emocionalmente. Suelen sufrir discapacidades severas y deben depender de la ayuda de sus familiares. La proporción de víctimas masculinas es mayor en Camboya que en otros países, como India o Bangladesh, pero el informe indica que la mayoría son mujeres, y que gran parte de ellas, había sufrido episodios de violencia doméstica que no habían sido atendidos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de hecho, solo dos de cada cinco mujeres que experimentaron violencia de género en Camboya buscaron ayuda.
Los crímenes de ácido aumentaron significativamente en Camboya en 2000. El Gobierno, por entonces, decidió aprobar una “ley de ácido” para frenar la disponibilidad de estas sustancias, imponer sentencias más duras a los atacadores y facilitar que los supervivientes pudieran recibir tratamiento. El número de agresiones disminuyó. Desde entonces se han producido 25 con 32 víctimas, 23 de las cuales sobrevivieron: 19 de ellas eran mujeres y 13 hombres. Solo en 2010 se habían producido 36 ataques.
Pero a pesar de que la aprobación de ley fue un gran paso, no ha sido suficiente: pocos casos han llegado a los tribunales, los perpetradores rara vez han cumplido sus sentencias y el ácido sigue siendo fácil de comprar. La financiación para la organización que trabajaba con las personas supervivientes, Cambodian Acid Survivors Charity (CASC), también se redujo y cerró en 2015. No hay más organizaciones benéficas en Camboya para apoyar a los supervivientes de violencia por ácido y muchos han quedado sin apoyo. Por eso, como denuncia Bleckner, “es importante que el Gobierno cumpla con sus compromisos legislativos para proporcionar servicios médicos, legales y de rehabilitación”.
Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.
