La cara oscura de las joyas de San Valentín
¿Ha obsequiado a su pareja con algún tipo de joya para celebrar su amor? ¿Y se ha preguntado si en su proceso de fabricación hay un historial de explotación y abuso de los derechos humanos?
Es posible que este 14 de febrero, Día de los Enamorados, reciba un obsequio de su pareja o lo regale usted. Quizá, una pieza de joyería. No queremos amargar la ocasión especial a nadie, pero sí invitar a pensar. ¿Tiene idea del origen de ese anillo, de ese diamante, de esos pendientes de oro? ¿Sabe que en su proceso de elaboración podría haber muerto alguien, incluso? Es posible que nunca se lo haya planteado así. Le sucede a la mayoría de la gente. Porque aunque en todo el mundo se gastan miles de millones de euros en joyería cada año, ni siquiera las propias marcas pueden garantizar si detrás de sus productos hay un historial de explotación laboral y/o violaciones de derechos humanos. Con motivo del Día de San Valentín, la organización Human Rights Watch se lo ha preguntado y ha investigado.
La alta joyería está solo al alcance de unos pocos, pero mueve muchísimo dinero. Por ejemplo, en solo dos días de 2017, San Valentín y el Día de la Madre, los estadounidenses gastaron cerca de 10.000 millones de dólares. Se calcula que en todo el mundo se extrae cada año de las entrañas del planeta unos 90 millones de quilates (18 toneladas) en diamantes en bruto y unas 1.600 toneladas de oro que generan unos beneficios de alrededor de 240.000 millones de euros.
Alrededor de 40 millones de personas trabajan en minas artesanales por el mundo de las que se extrae el 20% de todo el oro que luego se comercializa. Las industriales emplean, por su parte, a otro millón de trabajadores. No se puede obviar que esta labor proporciona ingresos a muchísimas personas, pero tampoco que detrás de un collar o un reloj puede existir todo un rosario de abusos, tal y como expone el informe El coste oculto de la joyería: derechos humanos en las cadenas de producción y responsabilidad de las empresas joyeras, que acaba de publicar Human Rights Watch con una finalidad muy concreta: "Esperamos que las empresas revisen sus políticas y hagan más por mejorarlas", asevera en conversación telefónica Jo Becker, coautora del informe.
El documento cita a agencias como la Organización Internacional del Trabajo para poner de relieve que alrededor de un millón de niños están empleados en las minas, algo que contraviene las leyes internacionales. Unos se matan o resultan heridos en accidentes laborales, otros sufren problemas respiratorios por inhalar polvo o dolores crónicos de espalda al levantar pesadas rocas. Así le pasó a Rahim, un adolescente de 13 años de Tanzania que tuvo un accidente cuando el agujero en el que estaba metido colapsó. Le costó varias lesiones internas y una semana y media de hospital.
También pueden estar expuestos a sustancias tóxicas como el mercurio, utilizadas en el procesamiento de oro, que causa daños cerebrales irreversibles. Es el día a día de Peter, ghanés de 15 años y trabajador en un yacimiento propiedad de una empresa china que no le advirtió de ese riesgo. Aunque no tiene otra opción: "Hago el lavado del oro con mercurio desde hace un par de años. Uso el dinero que gano para comprar comida, ropa y le doy una parte a mi madre".
Los adultos tampoco salen bien parados: el informe llama la atención sobre los que están sometidos a trabajos forzosos o sobre poblaciones indígenas desplazadas a la fuerza de sus territorios, tal y como ocurrió en Zimbabue cuando el Gobierno fue acusado de expulsar a una comunidad entera en la región de Marange para explotar una mina. No se olvidan las consecuencias del comercio ilegal de oro y diamantes que financia a grupos armados en países en conflicto y que perpetran acciones violentas contra la población, incluyendo masacres y violencia sexual como se ha visto en la República Democrática del Congo o la República Centroafricana.
Existen mecanismos para certificar la salvaguarda de los derechos humanos, pero son insuficientes o no se aplican bien
No menos importantes resultan los daños al medioambiente como la contaminación, la destrucción de recursos naturales o el vertido de residuos. Un ejemplo es el desastre de la mina de oro y cobre de Mount Polley de Canadá, ocurrido en 2014.
Todos estos horrores pueden existir detrás de un anillo.
El informe repasa los pasos dados por los actores clave dentro de la industria de la joyería para garantizar que los derechos fundamentales son respetados en su cadena de suministro de oro y diamantes. En concreto, la organización ha publicado el resultado del escrutinio a 13 compañías que representan mercados de todo el mundo y que, juntas, ingresan alrededor de 30.000 millones de dólares anuales. Y lo que han encontrado es que la mayoría de ellas no cumple con los estándares internacionales sobre abastecimiento responsable, aunque algunas ponen más empeño que otras porque sí que han dado pasos para verificar la procedencia de sus productos. Otras, simplemente, se fían de la versión de sus proveedores sin haberlas comprobado.
Las 13 firmas analizadas son Tiffany and Co, Harry Winston y Signet de Estados Unidos, Boodles de Reino Unido, Bulgari de Italia, Cartier de Francia, Chopard y Rolex de Suiza, Pandora de Dinamarca, Christ de Alemania, Kalyan, Tanishq y Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd. (TBZ) de India. A todas se les pidió por escrito información sobre sus políticas en materia de derechos humanos y una reunión. Nueve contestaron con información más o menos detallada, otra telefoneó y tres no respondieron: Kaylan, Rolex y TBZ. Este periodico también ha intentado, sin éxito, obtener una valoración del informe de estas tres empresas citadas.
Con la información proporcionada por las empresas y otra disponible públicamente, HRW clasificó a estas 13 compañías según su grado de cumplimiento con la adopción de políticas de control de la cadena de abastecimiento, su revisión del estado de los derechos de los trabajadores y sus posibles violaciones, con el rastreo de los insumos y con la información que hacen pública sobre sus acciones. "Hemos visto que varias están dando pasos para mejorar, pero otras no y, en definitiva, todas tienen que hacer mucho más", afirma Becker.
Los hallazgos, efectivamente, indican que ninguna cumple al cien por cien pero una —Tiffany and Co—, es la única que ha tomado "medidas significativas" para asegurar un abastecimiento responsable. Otras cuatro, —Bulgari, Cartier, Pandora y Signet— han realizado "algunas acciones importantes" para lograrlo. Cuatro más —Boodles, Chopard, Christ y Harry Winston— han puesto en práctica "pocas medidas" y una, Tanishq, no demostró haber dado ninguno de los pasos requeridos. Las tres que no respondieron no se han incluido en la clasificación.
Las medidas más aplaudidas y replicables vienen de parte de varias empresas analizadas: Tiffany and Co. ha demostrado que rastrea el oro que utilizan desde la mina de origen y que evalúan de manera exhaustiva las consecuencias para los derechos humanos. Cartier adquiere toda su producción en una mina de oro modelo en Honduras, Chopard trabaja con cooperativas de minería a pequeña escala en América Latina para mejorar las condiciones laborales y Pandora se divulga los riesgos para los derechos humanos que son identificados en sus auditorías.
La diferencia entre unas y otras no es un problema de falta de regulación. Existen mecanismos para certificar la salvaguarda de los derechos humanos en el proceso de producción de las joyas, pero son insuficientes o no se aplican bien, según describe el informe. "Una de las razones puede ser que resulte más caro hacer cumplir todos los requisitos en la cadena de abastecimiento, pero por esa razón estamos pidiendo a la industria entera que mejore", añade Becker. Estas responsabilidades están recogidas en guías como la de la ONU Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, la guía de la OCDE para el suministro responsable de minerales, el Proceso de Kimberley para los diamantes o el certificado del Instituto de Joyería Responsable.
Sin embargo, por diversas razones ninguna de estas opciones suponen una garantía suficiente de que los diamantes y el oro hayan sido extraídos de manera limpia: el cumplimiento de la guía de la OCDE es meramente voluntario y no está bien monitorizado, el Proceso de Kimberley se fija en los países de origen, pero no en las minas en concreto (por lo que darían por bueno un diamante extraído de un yacimiento donde se maltrata a los trabajadores, solo porque está en un país con buena reputación) y el Instituto de Joyería Responsable, que aglutina a mil empresas del sector, "cuenta con estándares, medidas de gobernanza y sistemas de certificación deficientes", reza el informe.
La organización ha lanzado junto a 29 grupos de la sociedad civil y sindicatos un llamamiento a la industria para mejorar sus prácticas de abastecimiento, y por ahora, tres de las 13 empresas se han comprometido a hacer mejoras, según confirma Becker. El informe, de hecho, se envió a todas las aludidas antes de su lanzamiento y se repitió la solicitud de información a las tres firmas que no habían contestado. "Nos comunicamos hace unas semanas con TBZ y Kaylan, pero de Rolex no hemos obtenido ninguna respuesta", añade la investigadora.
Las compañías captarán el mensaje si los clientes empiezan a interesarse
Jo Becker, investigadora de HRW
Pero ¿qué puede hacer un consumidor para asegurarse de que está comprando de manera responsable? Para Becker, más de lo que se imaginan a priori. "Es importante preguntar al comerciante qué sabe del origen de esa joya y en qué condiciones se han extraído sus materiales. Incluso aunque se lo digas a un dependiente y este no lo sepa, las compañías captarán el mensaje si los clientes empiezan a interesarse", indica.
La investigadora anima a contactar directamente con las grandes firmas a través de sus páginas web y también a adherirse a #BehindTheBling (detrás del brillo). Esta es una campaña difundida en redes sociales que solicitar a las 13 empresas analizadas que publiquen información periódicamente sobre cómo rastrean el origen de su oro y diamantes, identifiquen a los riesgos de que se violen derechos humanos en sus cadenas de suministro y auditen la conducta comercial de sus proveedores, así como a buscar oportunidades para incorporar oro y diamantes de minas artesanales y de pequeña escala que respeten los derechos de los trabajadores.
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