La lucha de dos profesoras por la prohibición total del móvil hasta los 16 años: “La adicción de mi hijo comenzó a los 10, en el cole”

Desde que arrancó el curso en septiembre, la alarma por el uso que los menores hacen de sus móviles ha llevado a cientos de familias a organizarse para exigir que se limite el uso en las escuelas; a nuevas comunidades autónomas a regular el uso y permitirlo solo con fines pedagógicos en los centros, y al Gobierno a crear un grupo de 50 expertos para analizar los daños y crear un documento que sirva de base para una nueva ley integral de protección de los menores en el entorno online. La cadena de reacciones ante los crecientes problemas de salud mental o de acoso entre iguales por la utilización ilimitada de redes sociales y el visionado de contenidos inapropiados ha llevado a dos profesoras a presentar en el Congreso de los Diputados más de 76.000 firmas para la prohibición total del móvil a menores de 16 años. “¿Prohibir en una democracia? Sí, no me da ninguna vergüenza defenderlo”, dice Ángela Sánchez-Pérez (48 años), una de las docentes que han recogido las firmas a través de la plataforma Change.org, que este martes se ha reunido con diputados de cinco grupos parlamentarios para exponerles la propuesta.

Esta profesora de primaria, que ejerce en centros públicos de la Comunidad de Madrid desde hace 17 años, relata de forma muy gráfica el daño que supone para un menor llevar un teléfono móvil encima las 24 horas. Uno de sus alumnos de sexto de primaria le enseñó un vídeo en el que se veía cómo le amputaban dos piernas a un perro y cómo este echaba a andar solo con las otras dos patas. “Me dijo entre risas que eso sí era saber mantener el equilibrio. Yo casi me mareo al verlo, pero él, igual que muchos de su edad, se ha acostumbrado… Luego nos sorprenden las agresiones de hijos a padres o las violaciones en grupo”, reflexiona la docente, que desde que subió la petición a internet ha recibido cientos de e-mails con casos concretos que reportan otros profesores, orientadores, pedagogos y hasta agentes de comisarías locales. También testimonios como el de Marta Bentura: “Tengo un hijo de 13 años sin móvil y es el único de su clase que no lo tiene. Aun así, es muy adicto a las pantallas en cuanto te descuidas. Su adicción comenzó cuando a los 10 años le dieron iPad en el cole para estudiar. Fue un antes y un después (para mal)”.

En la petición, que registraron en el Congreso el 5 de noviembre —como todavía no han conseguido 500.000 firmas, no han podido registrarlo como Iniciativa Legislativa Popular—, señalan como motivo de peso para fijar la prohibición hasta los 16 que es la edad en que finaliza la enseñanza secundaria obligatoria. Según los expertos, en ese momento se produce un cambio madurativo dentro de la etapa adolescente. Además, consideran que la prohibición no debe circunscribirse únicamente a los centros educativos —en algunas regiones, como Galicia, el uso está limitado desde 2015―, sino que debe ser “total”.

En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), siete de cada 10 menores de entre 10 y 15 años tienen móvil. La edad de primer acceso se sitúa ya en los siete años e internet es utilizado por el 95,1% de los escolares que tienen entre 10 y 15 años.

La otra impulsora de la propuesta, Natalia Jiménez (47 años), es también profesora, de secundaria, en un centro de Barcelona. “Los especialistas nos hablan de adicción, de un aumento de los intentos de suicidio, de acceso temprano al porno o de falta de concentración en el aula… esto empieza a ser un problema de salud pública y por eso pedimos la intervención del Estado, igual que sucedió con la prohibición del consumo de alcohol en menores”, explica. En los últimos años —lleva casi 20 ejerciendo la docencia—, ha visto por primera vez una creciente incapacidad de concentración por parte de los alumnos, que necesitan “instrucciones muy cortas”, y, si no las tienen, “desconectan muy rápido”. El informe GEM 2023 de la Unesco establece que el tiempo medio que tarda un alumno en recuperar la atención después de recibir una notificación ronda los 20 minutos. “Vemos que los enunciados de las actividades o de los ejercicios de los exámenes no los entienden porque no los leen hasta el final, no entienden la importancia de leer las instrucciones. A eso se suma que llegan a clase muy cansados porque se meten en la cama con el móvil, y el acoso escolar por canales privados de chat o redes sociales se ha disparado”, cuenta.

Ambas docentes, que creen que “lo más gordo” sucede cuando los chicos están fuera de los centros educativos, han visto que los chavales saben desde edades tempranas cómo saltarse las aplicaciones de control parental y, en el caso de Madrid, incluso el programa cortafuegos instalado por la consejería en los ordenadores y tabletas de los centros. Sobre esta cuestión, la OCU alertó la semana pasada de la “falta de obstáculos” que están permitiendo a los menores desinstalar esas herramientas de sus teléfonos móviles, sobre todo las diseñadas para dispositivos con sistema operativo iOS (de Apple), según pudieron comprobar en un análisis de las 10 apps de control parental más descargadas en España.

Según el último informe GEM de la Unesco, desde 2010 se ha duplicado el tiempo diario que los adolescentes pasan conectados en España, Francia e Italia: los que tienen entre 15 y 16 años dedican dos horas y media, mientras que los menores de entre 12 y 14 años destinan tres horas y 12 minutos. “Una revisión de 89 estudios sobre pantallas en diferentes países sugiere que son los estudiantes de primaria los más afectados por ese incremento, y se ha visto que afecta negativamente a la alimentación, el sueño, la salud mental y la ocular”, apunta Laura Stipanovic, experta de la Unesco. El documento señala que un consumo superior a dos horas al día está relacionado con la aparición de síntomas depresivos, peor rendimiento académico, y mayor sedentarismo.

Para el abogado especializado en derecho digital Borja Adsuara, la prohibición no es la solución. “No se puede hacer un paralelismo con la venta de alcohol o tabaco hasta los 18 años, en este caso lo que es adictivo no es el móvil, sino las redes sociales, el problema no es el dispositivo en sí, y prohibiéndolo estamos asumiendo que no se puede hacer un buen uso”, expone. Una alternativa sería, según este experto, modificar el reglamento español de protección de datos y elevar de 14 a 16 la edad para que un menor pueda dar sus datos para un servicio online sin el consentimiento de sus padres —salvo contenidos con regulación propia, como el juego electrónico o el visionado de porno, donde la edad mínima son 18 años—. Eso permite en la actualidad que un menor de 14 años ya pueda acceder y registrarse en redes sociales. El reglamento europeo de protección de datos permite a cada estado fijar el mínimo entre los 13 y los 16 años.

Los grupos parlamentarios, contrarios a la prohibición

Para la portavoz de Educación del grupo socialista en el Congreso Luz, Martínez Seijo —una de las diputadas que junto al PP, Vox, EH Bildu y Junts recibió el martes a la docente—, el hecho de prohibir la tenencia y el uso de los móviles a menores de 16 años supondría “extralimitar la función del Estado”, ya que “el marco constitucional contempla la potestad de los padres de elegir cómo educar a sus hijos”. “El alcohol está prohibido hasta los 18 años porque se considera perjudicial, pero la evidencia científica sobre los efectos de la tecnología en la salud de los menores está todavía muy verde para dar ese paso”, indica. “Hay que estudiar el uso pernicioso y la adicción que genera el móvil, pero no podemos cerrar las puertas a los avances de la tecnología. Además, si lo prohibimos, siempre podrán usar el móvil de sus padres o el ordenador de casa. Son las familias las que tienen que promover un uso responsable”.

Desde el PP, tampoco son partidarios de prohibir. “Hay que educarlos y hacerlos corresponsables, la prevención da mejores resultados… tenemos que conseguir que las familias sean conscientes de los riesgos que supone la tecnología para sus hijos, ahí tenemos una labor importante”, apunta Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del partido.

Para la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, el código penal no puede ser la respuesta a los nuevos retos de la sociedad. “Una medida tan punitiva no va a solucionar el problema, ¿qué vamos a hacer, poner policías en la calle y denunciar y multar a las familias? Apostemos por más educación y concienciación”. Pozueta, que asegura que desde su partido no tienen una postura concreta al respecto, considera que se trata de una realidad “que cuenta con muchas aristas”; entre ellas, la falta de conciliación. “Igual que la televisión fue la cuidadora de muchos menores mientras sus padres trabajaban, ahora lo son estas nuevas pantallas… hay muchos adultos que son analfabetos digitales y necesitan formación”, indica.