El Gobierno revoluciona la Selectividad con la mitad de exámenes y una prueba de madurez académica

El Gobierno ha diseñado una nueva Selectividad que reduce a la mitad el número de exámenes y gira principalmente en torno a una prueba de madurez académica, que tendrá un carácter competencial y se parecerá más al modelo internacional del Informe Pisa que al formato de evaluación tradicional. La propuesta, que el Ministerio de Educación tiene previsto presentar este miércoles a las comunidades autónomas y a las universidades, incluye un periodo transitorio para que estudiantes y profesorado se adapten a la nueva forma de aprender y enseñar. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, supone la mayor reforma del sistema de acceso a la universidad desde que se creó hace casi medio siglo, y completa la reforma educativa iniciada con la aprobación de la nueva ley de enseñanza, la Lomloe. La implantación de la nueva Selectividad será, pues, gradual. El primer gran cambio se notará ya en los exámenes que se realicen en junio de 2024. Y el cambio se completará en la prueba que tendrá lugar en 2027.

Los cambios no afectarán a los estudiantes que en septiembre empiezan segundo de bachillerato, porque en este y en otros muchos aspectos la Lomloe comenzará a aplicarse después del verano en los cursos impares y solo un año más tarde en los pares. Los alumnos que el curso que viene empiezan primero de bachillerato, así como los que comiencen tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se presentarán a un modelo transitorio de Selectividad elaborado por el Gobierno, que introduce cambios respecto al sistema actual, pero de menor calado. La gran transformación empezará a operar en las pruebas de acceso a la universidad de los estudiantes que el próximo mes de septiembre inicien segundo de la ESO y los niveles inferiores.

El modelo transitorio estará en vigor en los cursos 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026, constará de un mínimo de cuatro ejercicios (ahora son cuatro o cinco, dependiendo de si el territorio tiene lengua cooficial) y de un máximo de seis (ahora son ocho o nueve). Durante estos tres años de transición, los cuatro exámenes que todos los estudiantes deberán hacer pesarán lo mismo para la nota global de las pruebas, un 25%, y versarán sobre Historia de la Filosofía, Historia de España (ambas materias comunes en todas las ramas de bachillerato), la materia de modalidad obligatoria elegida por cada alumno (por ejemplo, Matemáticas para los estudiantes del bachillerato de Ciencias y Tecnología), y un cuarto examen de nuevo formato, embrión de la nueva prueba general de madurez académica, que durante estos años de transición estará centrado en evaluar “las destrezas del ámbito lingüístico”. Dicho ámbito lingüístico abarcará, además del castellano y en su caso la lengua cooficial que haya en el territorio donde se examine el estudiante, preguntas en la lengua extranjera que haya elegido, normalmente, el inglés.

Este nuevo ejercicio de madurez académica se basará “en un dosier” formado por varios documentos, que podrán ser textos (literarios, de opinión, informativos...), imágenes, infografías, audiovisuales o de otro tipo. Todos girarán en torno a un mismo tema, que podrá ser de actualidad, científico, humanístico o de otra clase. La prueba se dividirá en tres. La primera parte estará destinada a “la lectura detenida y el análisis” de los documentos y durará 15 minutos. La segunda parte constará de 15 o 20 preguntas “cerradas o semiconstruidas” que estarán orientadas a poner a prueba la “capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez” del alumnado. Dos o tres de estas preguntas estarán formuladas en la lengua extranjera. A este segundo apartado se le asignarán 40 minutos. La tercera y última parte de la prueba consistirá en tres preguntas abiertas (una en lengua extranjera) en torno a las cuestiones del dosier, que exigirán “construcción por parte del alumnado” y no tendrán “una sola respuesta correcta inequívoca”. Durará 45 minutos.

A partir del curso 2026/2027, los ejercicios específicos independientes de Historia de la Filosofía y de Historia de España desaparecerán y la evaluación de las competencias específicas de estas dos materias pasarán a ser asumidas por la prueba general de madurez. Este ejercicio pasará a representar un 75% de la nota global. Su duración podrá duplicarse (con un descanso en medio, en ese caso, de al menos media hora). Y solo estará acompañado por otro examen (que representará un 25% de la calificación global) sobre la materia de modalidad obligatoria elegida por el alumno.

Tanto durante la etapa de transición como en la que se abrirá a partir del curso 2026/2027, la reforma del ministerio que dirige Pilar Alegría mantiene el esquema que funciona ahora, consistente en que los alumnos podrán presentarse a ejercicios adicionales para subir nota. La calificación de la primera fase de la Selectividad, llamada de acceso, está formada por los exámenes obligatorios (cuyo peso en la nota final de esta fase es del 40%) y el expediente académico del bachillerato, que pesa un 60%. La segunda fase, llamada de admisión, permite a los estudiantes superar el 10 y llegar a un máximo de 14 puntos a la hora de solicitar plaza en una carrera. La reforma reduce, sin embargo, el número de exámenes opcionales de un máximo de cuatro a dos.

De esta forma, a partir del curso 2026/2027, los estudiantes se examinarán de un mínimo de dos exámenes (los obligatorios) y de un máximo de cuatro.

Durante los tres años de transición, los exámenes optativos solo podrán ser de materias de modalidad (por ejemplo, Geografía o Griego en la rama del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales). Pero a partir del curso 2026/2027 los estudiantes podrán elegir también presentarse a exámenes opcionales de las materias comunes de segundo de bachillerato (Historia de la Filosofía, Historia de España, Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y, donde exista, lengua cooficial y literatura).

Como sucede ahora, serán las universidades las que establezcan el coeficiente que se utiliza para ponderar, en la calificación definitiva global, el peso de estos exámenes opcionales, en función de la carrera a la que solicita ingresar el alumno. Todos los ejercicios, no solo la prueba de madurez académica, deberán tener un enfoque competencial.

La reforma del marco general de la Selectividad es competencia del Gobierno, si bien el Ministerio de Educación tratará de llegar a consensos con las universidades (con las que ya ha habido contactos para elaborar la actual propuesta) y con los Ejecutivos autonómicos, aunque un pacto con los del PP se antoja muy improbable. La reforma será aprobada mediante real decreto del Gobierno. Pero podría hacerse en dos tiempos, primero un decreto que regulase el periodo transitorio y después otro con el que regirá a partir del curso 2026/2027.

Los motivos del cambio

Sucesivos Gobiernos han planteado la reforma de la Selectividad, que, sin embargo, no se ha llegado a ejecutar. Las actuales pruebas son fruto de pequeñas reformas parciales del modelo original e incluso sus defensores la consideran un mal menor como herramienta para asignar las plazas universitarias en un contexto competitivo (esto es, para un escenario en el que, al menos en algunas carreras, la oferta es inferior a la demanda). Uno de sus principales problemas es su extensión: el número de exámenes, hasta un máximo de nueve, está muy por encima de lo que es habitual en los países del entorno. Su otro gran punto débil es que las pruebas han permanecido ancladas en una concepción muy memorística, alejado de la renovación que en las últimas décadas han ido aplicando los principales países desarrollados, siguiendo el camino abierto por el Informe Pisa que organiza cada tres años la OCDE en cerca de 80 países.

La reforma educativa en curso pretende cambiar ese modelo de enseñanza tradicional, basado en gran medida en que, a lo largo de su escolarización, los alumnos reproduzcan en los exámenes contenidos estudiados de forma muy parcelada en cada asignatura, por otro en el que sean capaces de movilizar y relacionar entre sí los conocimientos que han adquirido, un sistema conocido como aprendizaje por competencias. El objetivo final no es que los alumnos puedan repetir contenidos, sino que sean competentes en una serie de terrenos, como el comunicativo o el del razonamiento matemático, y que ello les sirva para resolver problemas y situaciones lo más parecidas posibles a las que se van a enfrentar a lo largo de su vida. En tal contexto, admite el documento del Gobierno, una reforma a fondo de la Selectividad resultaba imprescindible: los estudiantes aprenden y el profesorado enseña en función de cómo será la evaluación posterior de ese proceso. Dicho de otra forma: cambiar los currículos de todas las etapas educativas dejando una Selectividad tradicional sería cambiarlo todo para que todo siguiera igual.

La reforma diseñada por el Gobierno pretende ser moderada, al plantear un periodo de transición (faltan cinco años para que entre en vigor el verdadero cambio) y mantener como ejercicios independientes (fuera de la prueba general de madurez académica) las pruebas de la modalidad de bachillerato elegida por el alumno (un mínimo de un examen y, opcionalmente, un máximo de tres). Previsiblemente, la propuesta recibirá críticas por ir demasiado lejos, diluyendo las materias comunes —ya desde los cursos de transición las de carácter lingüístico (con el castellano y las lenguas cooficiales, especialmente el catalán, como probables armas arrojadizas)— en un examen general de madurez académica. También habrá quien lamente que no avanza lo suficiente hacia un modelo competencial e integrador de saberes.

Evitar incendios educativos

El ministerio intenta con su propuesta reformar a fondo la Selectividad y, al mismo tiempo, prevenir otro incendio en el ámbito educativo. El diseño busca no generar inquietud entre los estudiantes y el profesorado en un tema muy sensible y también evitar un choque con las universidades. El ministerio lleva meses trabajando en la reforma de las pruebas. Un borrador anterior, elaborado por el entonces secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, no fue bien recibido por los rectores, y poco después, Tiana fue sustituido en el cargo por José Manuel Bar.

El relevo de Tiana, exrector de la UNED y artífice, solo por detrás de la exministra Isabel Celaá, de la Lomloe, fue presentado por el Ministerio de Educación como un paso natural una vez concluida la primera fase de la legislatura con la aprobación de los decretos de currículos, las normas que regulan qué se debe aprender en cada etapa educativa y cómo evaluarlo. Tiana, un hombre elegido en su día por Celaá de talante discreto, se retiró sin querer hacer declaraciones. Su sustituto, con una larga experiencia educativa (ha sido profesor, director de instituto, inspector educativo y vocal de la comisión de Educación del Congreso en su etapa como diputado socialista), es una persona de confianza de la ministra Alegría.

Las universidades retienen con la propuesta del Gobierno la capacidad de premiar aquellas materias que consideran más adecuadas que un alumno curse en bachillerato a la hora de entrar en una determinada carrera a través de los exámenes optativos. Pero estos se ven reducidos de cuatro a dos. El número total de exámenes disminuye drásticamente (sobre todo a partir del curso 2026/2027). Pero se mantienen en la etapa transitoria dos exámenes de materias comunes (incluida Historia de la Filosofía, que ahora no es obligatoria en las pruebas de acceso a la universidad de toda España), y los estudiantes podrán seguir eligiendo estas asignaturas como optativas a partir de 2026/2027 para subir nota.

La propuesta redactada por Educación constata que el modelo de Selectividad condiciona “en gran medida lo que efectivamente se trabaja en la etapa del bachillerato”, por lo que su reforma resulta “imprescindible” para dar coherencia al nuevo sistema de aprendizaje que busca implantar la Lomloe. Un modelo que, describe el documento, “da valor, más que a la adquisición de una serie de conocimientos disciplinares declarativos o a la memorización de conceptos presentados de manera parcelada, a la capacidad de saber movilizarlos para resolver una necesidad”.

Avanzar en la objetividad de la corrección

El ministerio también espera que el nuevo diseño competencial de la prueba permita “avanzar en una línea de mayor homologación y equilibrio” de las pruebas de Selectividad de los diferentes territorios sin invadir las competencias autonómicas, como sucede con el Informe Pisa, que examina “sistemas educativos muy diferentes”. El documento descarta que vaya a aplicarse “una misma prueba en todo el territorio nacional”. Pero propone “crear grupos de trabajo con representación de las distintas administraciones, universidades e institutos o agencias de evaluación (autonómicos)” encargados de elaborar “un marco común de diseño de la prueba así como de su corrección”. El curso que viene, se realizarán ensayos de los nuevos ejercicios con muestras de alumnos.

Cada uno de los ejercicios, que son redactados por las diferentes comunidades autónomas, deberá tener una “guía de codificación” con las respuestas correctas. Cuando se trate de respuestas a preguntas abiertas, la guía tendrá que “recoger con claridad las ideas, expresiones y estructura que debería contener la respuesta del alumnado” para ser considerada válida, a ser posible ilustrándolo con ejemplos. El documento plantea que el ejercicio de madurez académica pueda ser corregido de forma colegiada por profesores de diferentes especialidades. Los docentes que corrijan estas pruebas deberán ser formados “para la corrección de cada ejercicio concreto”. Educación ha estudiado cómo funciona el sistema de acceso a la universidad en el resto de países europeos, y su propuesta de reforma considera “particularmente interesante” el modelo sueco, de “larga tradición en la evaluación de capacidades generales”.

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