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Navarra deja de subvencionar a los centros privados que segregan por sexo en Bachillerato

El Ejecutivo foral aplica la previsión de la nueva ley educativa, la Lomloe, que prohíbe financiar colegios que segregan

Amaia Otazu
Colegio Miravalles-El Redín, en Pamplona, en septiembre.
Colegio Miravalles-El Redín, en Pamplona, en septiembre.L. Rico

El Departamento de Educación de Navarra ha renovado los conciertos de Bachillerato con 20 centros escolares. Es la primera vez que les toca reeditar esta subvención en una etapa educativa no obligatoria, tras la aprobación de la Lomloe, la ley educativa del Gobierno de Pedro Sánchez. La cuestión cobra una especial relevancia si se tiene en cuenta que entre estos centros están los que segregan por sexo en la comunidad, Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín, vinculados al Opus Dei. Cada uno de ellos, configurado como un centro unitario, reparte a su alumnado en sedes independientes ubicadas incluso en barrios distintos: las niñas en Miravalles e Izaga, los niños en El Redín e Irabia. Hay que recordar que la Lomloe prohíbe financiar con dinero público a los centros de educación diferenciada, por lo que, para poder obtener esta subvención, se han comprometido a mezclar a los estudiantes en la etapa de Bachillerato. Ya han firmado y entregado la documentación requerida, y Educación ha confirmado que les concederá la financiación. EL PAÍS ha intentado recabar sin éxito la versión de la dirección de los centros. La última vez, con la renovación del concierto de Educación Primaria, no cumplieron con lo acordado, pero ahora saltarse la norma conllevaría la extinción directa de la financiación.

Hace poco más de un año, en abril de 2021, estos dos centros se comprometieron por escrito a mezclar al alumnado de los seis cursos de Primaria para poder recibir la financiación correspondiente a dicha etapa educativa, pero cuando llegó septiembre, se comprobó que solo habían respetado la ley en el primer curso. Poco después, Educación les aplicó una prórroga en forma de extinción progresiva para garantizar que los estudiantes pudieran terminar este ciclo obligatorio en el modelo elegido: diferenciado y gratuito.

El mecanismo legal de la supresión progresiva del concierto solo puede ser aplicado en Navarra, gracias a la Ley Foral 17/2012, que establece que los conciertos educativos con los centros que segregan a su alumnado por sexo “podrán ser prorrogados por acuerdo motivado del Gobierno de Navarra a los solos efectos de garantizar la continuidad del alumnado actualmente matriculado en estos centros hasta la finalización de las etapas educativas obligatorias”. Esta disposición fue impulsada por IU y aprobada en 2012, siendo presidenta Yolanda Barcina (UPN).

El servicio de Inspección Educativa argumentó que no había plazas ni espacios suficientes para reubicar a los casi 1.700 alumnos afectados en el modelo y programa lingüístico elegidos por sus familias, garantizando asimismo la unidad familiar en una misma escuela. Además, se alegaron razones pedagógicas para no fragmentar los grupos de escolares ya formados. Siguiendo la normativa foral, el Ejecutivo ―formado por PSN, Geroa Bai y Podemos― acordó entonces que estos centros eliminaran la segregación en sus aulas de manera escalonada. Es decir, se les mantendrá la financiación siempre y cuando el alumnado de primero, ya en aulas mixtas, pase de curso en las mismas condiciones hasta completar la etapa en el curso 2026/27. En términos prácticos, se ha garantizado la continuidad del alumnado matriculado antes de la aprobación de la Lomloe hasta su paso a Secundaria.

No obstante, estos argumentos carecen de validez en Bachillerato, puesto que es una etapa no obligatoria. Y, de hecho, su concierto tiene una presencia escasa o caso anecdótica en buena parte de las comunidades, como Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, mientras que en Galicia no existe. En el caso de Navarra, a partir de ahora si los centros incumplieran la norma, el departamento extinguiría de forma directa la subvención y dejarían de recibir financiación pública para dicha etapa educativa. Decisión que se traduce en que dejarían de percibir dinero del erario público a partir del 31 de agosto de 2023, una vez finalizado el curso, por lo que el alumnado de segundo de Bachillerato podría terminar estos estudios en aulas diferenciadas.

Por otra parte, tanto Irabia-Izaga como Miravalles-El Redín han solicitado asimismo la renovación del concierto educativo en el segundo ciclo de Educación Infantil, una etapa en la que ya se cumple la normativa porque las aulas son mixtas.

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