La ‘ley Celaá’ diseccionada por seis protagonistas

En marzo se abre el plazo de matriculaciones del curso 2021-2022, y la intención del Gobierno es que la Lomloe (Ley Orgánica para la Modificación de la LOE) ―más conocida como ley Celaá― eche entonces a andar. EL PAÍS disecciona a través de seis protagonistas (tres padres y tres docentes) la octava reforma educativa de la democracia, que afecta a 8,2 millones de alumnos y, como todas, nace precedida de una gran bronca y sin pacto de los grandes partidos.

El fin de los guetos

El gran objetivo de la ley Celaá es lograr una equidad en la escuela que no existe. Hoy nueve de cada 10 niños sin recursos y ocho de cada 10 hijos de inmigrantes están escolarizados en la escuela pública, pese a que esta instruye al 67,1% del alumnado (la concertada al 25,5% y la privada al 7,4%). Hasta el siempre cauto Andreas Schleicher, director de las pruebas de calidad educativa PISA, reprocha el escenario: “La privada en España se ha convertido en una forma de segregar a los alumnos por su contexto social, pero no parece muy efectiva a la hora de elevar la educación, al menos de acuerdo con los resultados de PISA”.

El Gobierno considera que la enseñanza subvencionada (sufragada con los impuestos de todos) debería arrimar más el hombro. Entre las ONG que luchan por deshacer los guetos está Save The Children, donde trabaja la psicóloga Sara Adrián, que coordina el Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia (CRIA) Puerto Rubio en Madrid. En este espacio luminoso y colorido, un grupo de maestras y asistentes sociales atienden a un centenar de chicos cuyos padres no pueden ayudarles con las tareas por su escasa formación o su insuficiente conocimiento del castellano. La ayuda escolar es “fundamental” para estos menores. El conocido como “olvido veraniego” se traduce en su caso en un retroceso académico de un mes. Mientras que los alumnos pudientes aprenden viajando, los desfavorecidos apuran esas horas de bochorno consumiendo televisión.

Si un niño no costea la clase complementaria, tiene que abandonar el aula en el 10% de los centros concertados de siete comunidades analizadas en un informe encargado por los padres de la escuela pública (CEAPA) y de la patronal de la privada (CICAE). En Madrid, asegura la consultora, ocurre en el 28% de los concertados. Sea exagerada o no la cifra, lo cierto es que esta discriminación se vive en las aulas, y por eso algunas ONG reclamaron con éxito al Gobierno que saque las actividades de pago de la jornada lectiva.

“Estamos en contacto con la docena de centros ―públicos o concertados religiosos― en los que estudian y nos cuentan en qué flojean, qué deberes tienen”, cuenta Adrián, a quien le gustaría que algunos colegios se implicasen más. Todos los alumnos vienen derivados de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. La psicóloga reclama más medios para los centros mantenidos por el Estado sin distinguir su titularidad. Durante la pandemia, la ONG dejó a los chicos una tableta para poder seguir las clases, relata, y muchos no pueden devolverla porque no han llegado las prometidas por las Administraciones

Madrid es la segunda región de Europa que más segrega en los colegios (también en los públicos). ¿A qué se debe? “A la segregación geográfica de los grupos sociales, pero también al establecimiento de una zona única para la elección de centro, las pruebas estandarizadas, la promoción de los centros concertados o la diferenciación entre centros bilingües y no bilingües en inglés”, se señala en un reciente artículo de la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Por eso en la ley se prevé que prime al escolarizar a un niño la cercanía al centro. Cada autonomía fijará para cada escuela un cupo de alumnos con necesidades especiales ―las ratios serán menores en zonas sensibles―, habrá “plazas vivas” para matriculaciones durante el curso (muchas veces de inmigrantes), no se podrá ceder suelo público para construir un colegio privado o los procesos de admisión serán más transparentes.

La fusta de la concertada

La enseñanza concertada religiosa ha movilizado todo su arsenal en contra de la ley Celaá, y en el primer batallón están siempre dos de estos colegios ―Tajamar (chicos) y Los Tilos (chicas)―, que se enclavan a escasos dos kilómetros del centro de Save The Children, los tres en el obrero distrito de Puente de Vallecas de Madrid. El Opus Dei inauguró Tajamar en 1958 entre escombreras por expreso deseo de su fundador, Jose María Escrivá de Balaguer, que quería escolarizar a parte de los 12.800 niños marginados del barrio, según se cuenta en su página web.

Pablo Táuler, padre de nueve hijos y presidente de la Ampa del colegio ―que imparte una FP muy reputada―, insiste en que el centro no segrega. “Casi todos los alumnos [2.000] son del barrio. El hijo de un conductor de la EMT, de un taxista.... y el 20% es inmigrante. Hay chinos, venezolanos, algún sirio...”, relata, aunque reconoce que parte viene de otras zonas con más poder adquisitivo (Moratalaz, Vicálvaro o Rivas). Los chicos de familias sin medios, sin embargo, no se mueven de barrio y por eso la ley termina con la zona única, premia la cercanía a la casa. “¿Por qué me obligan a ir a esta pescadería de abajo de mi casa si me gusta la de más allá?”, critica Táuler, de 46 años, profesional en el sector financiero, el “autoritarismo” de la ley.

Este padre, que echa de menos más consenso en la tramitación de la ley y que no se gestara tras la pandemia, asegura que en Tajamar “solo” hay que pagar una cuota de 114 euros mensuales y existen ayudas para los necesitados (que van de 220 euros a 560 por curso). “Lo hemos hablado con el colegio, hay becas, quien tenga solo 10 euros que ponga eso”, relata. Sin embargo, en la web aparecen muchos otros conceptos a abonar. Por ejemplo, en enseñanza primaria se desglosan como gastos mensuales 30 euros por cada asignatura de la que se reciba una hora más a la semana (se ofertan hasta seis materias), 20 de gestión de tabletas, 10 de “comunicación en línea”, 30 de kidscare (telemedicina) o 50 de “interevaluación”.

El Gobierno quiere frenar esta sangría de dinero —son cuotas irregulares y muy popularizadas, que además las familias se desgravan aunque está prohibido―, pero es un hecho que la concertada está infrafinanciada. La Generalitat catalana cifra en 145 millones de euros el desequilibrio. Ante este déficit presupuestario, la ley propone que una comisión evalúe la merma económica y la tenga en cuenta en próximos Presupuestos. El PP, que como el PSOE ha pasado de puntillas por este espinoso asunto cuando gobierna, llegó a montar una mesa de negociación con la concertada en 2011, pero nadie se sentó en ella hasta 2018, ya con Isabel Celaá como ministra.

Táuler defiende la separación de sexos en el aula. El desarrollo de las mujeres, sostiene, es anterior al de los hombres, y esas dos velocidades no conviven bien en clase. “Los chicos con las chicas no comparten espacio, pero ligan fuera”, explica el padre, pues sus edificios están pegados. El Gobierno cree que estos centros discriminan y para “fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres” pretende quitarles el concierto, pero parece muy complicado. El Tribunal Constitucional y el Supremo no han visto segregación en sus sentencias ante intentos previos en Andalucía, y por eso los socialistas no incluyeron la medida en el anteproyecto, pero han terminado cediendo ante la insistencia de Podemos.

La discapacidad como instrumento

“Todos los años hay problemas con niños que no se matriculan en el centro [ordinario] que quieren porque no hay auxiliar educativo, se nos discrimina”, se desespera Ángela Rodríguez, de 36 años, madre de Noa, de tres años, que tiene Síndrome de Down. Esta terapeuta ocupacional y su marido, Javier, echaron los papeles para el colegio público de su barrio en Oviedo muy convencidos de su decisión. Se puede ir andando y acudirían los amiguitos de Noa de la escuela infantil. “Antes la cría no andaba segura y la cogían de la manina en los ejercicios de psicomotricidad”, recuerda con ternura Ángela.

En el dictamen de escolarización el orientador determinó, en paralelo, que la pequeña iba a necesitar durante el curso un maestro de audición y lenguaje, otro de pedagogía terapéutica y un auxiliar educativo. Y de ahí las malas noticias en julio. Le denegaron a Noa la plaza por falta de este último en el centro y la derivaron a otro colegio más lejos en el que no la han matriculado. “¡Si tenía 11 puntos, han entrado niños con muchos menos!. La están discriminando cuando yo no he pedido nada. ¡Han sido ellos!”, se indigna Ángela.

En teoría con la nueva ley todos los centros tendrán medios para escolarizar a niños como Noa. Ella ha vuelto a la escuela infantil del pasado curso mientras sus padres, como otra pareja en Gijón, siguen batallando por la plaza con abogados. “Me preocupa porque van pasando las semanas y los niños van avanzando y ella, que va a su ritmo aprendiendo, no está allí”, cuenta apenada la madre. Desde la Consejería de Educación de Asturias explican que se combina la voluntad de los padres y los recursos existentes y Noa ha sido admitida en una escuela de su área de influencia que cuenta con especialistas y auxiliares.

Si un tema escuece al Gobierno es el tema de la discapacidad, principal arma del movimiento Stop Celaá, que insiste en denunciar que la nueva norma acabará conduciendo a la desaparición de las escuelas especiales. “Los centros de educación especial no se van a cerrar. Señorías, dejen de jugar con la vulnerabilidad, de enfrentar a este Gobierno con un tema tan delicado y tan sensible”, reclamó el pasado jueves a las bancadas de la derecha Luz Martínez Seijo, portavoz socialista de Educación en el Congreso. La idea es adaptar en el plazo de 10 años las escuelas tradicionales para que puedan acoger a más niños con discapacidad y que asistan a los centros de educación especial ―que servirán de referencia y formarán a los docentes― aquellos escolares que no puedan ser atendidos “en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”, es decir, solo los que necesiten educación “muy especializada”, según la norma. Las familias contrarias a la nueva regulación consideran que al limitarse de ese modo el papel de los centros de educación especial, tendrán que acabar cerrando por falta de recursos. Visto el revuelo, el Gobierno insiste en que en la aplicación de la norma se tendrá en cuenta “la voluntad de las familias” en la escolarización, pero las familias creen que no les da garantías de que puedan elegir llevar a sus hijos a la educación especial. Un 17% de los estudiantes españoles con discapacidad (35.000), asisten ahora a centros especiales. Los críticos con la ley desconfían de que con la norma todos los colegios vayan a tener medios adecuados y además creen que hay problemas de convivencia e integración muy difíciles de superar en un centro ordinario.

El Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU ha reprendido a España por la falta de integración de estos menores, al hilo del caso del alumno Rubén Calleja, también con Síndrome de Down, que fue forzado a abandonar su centro de primaria a los 11 años e inscribirse en un centro especial. La resolución ha llegado con una década de retraso. Rubén tiene ya 21 años. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la ONCE o Down España son grandes promotores de la inclusión. Otras muchas entidades, en cambio, se han adherido a la plataforma Inclusiva, sí, Especial también, para protestar por la ley.

La guerra del castellano

La barcelonesa Ana Losada preside la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña y este miércoles protestó ante el Congreso por la decisión en la ley de que el castellano deje de ser referencia como lengua vehicular para todo el Estado, una expresión que aparece por primera vez en 2013 en la ley Wert. Esa era la línea roja para que Esquerra apoyase la norma. La AEB analizó hace unos meses 2.214 programas educativos de las escuelas públicas catalanas y no halló ninguno en el que la lengua vehicular fuese el castellano, por lo que en realidad el artículo de la ley Celaá no cambia nada. “Solo en 126 centros incluyen en alguna etapa alguna asignatura en castellano, que suele ser Educación Física, Plástica…”. En la concertada más de lo mismo. Asegura que solo tienen constancia de que en 12 centros subvencionados ―hay 1.305― oferten en primaria más de dos horas de castellano a la semana.

Losada, de 52 años, matriculó a su hija en su colegio concertado de Hospitalet. Hasta 5º de EGB ella estudió en castellano y desde entonces la mitad de las materias en catalán. Un escenario muy diferente al de su hija, que cursaba solo dos horas en español a la semana, las de Lengua, hasta que en 2016 un tribunal ―amparándose en sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña― dictó que recibiese el 25% del curriculum en castellano tras interponer Losada un recurso. La escolar ya está en secundaria y estudia (y con ella sus compañeros de clase) en este idioma tres horas de Lengua y Literatura y tres horas y media de Ciencias Sociales. En su momento Losada, licenciada en Historia, se salió del chat del colegio por la tensión. Con el tiempo, “la situación se ha normalizado mucho” e incluso “muchos padres en privado me han agradecido que sus hijos estudien más en castellano”.

Los promotores del artículo en la ley aseguran que el objetivo es “facilitar los programas de inmersión lingüística” de las autonomías con lengua cooficial y sostienen que los escolares catalanes tienen un dominio del castellano igual o superior a la media. “El Gobierno ha mandado un mensaje: no se puede estudiar en castellano en todo el Estado. Con este cambio, el Gobierno vasco puede transformar el régimen de tres sistemas educativos (castellano, euskera y mixto) a uno y que no pase nada”, discrepa Losada. Insiste en que no quiere volver a tiempos de Franco: “Mi hija, criada en un ambiente castellanoparlante, debería de estudiar el 60% del tiempo en catalán (y el 40% en castellano) y el niño de Vic, que solo escucha catalán en casa, al revés, un 60% en castellano”. El catalán lo escriben el 65,3% de los habitantes, cuando en 1981 eran apenas un 31,5%, según datos de la Generalitat.

Educación al alcance de todos

Ernesto Gutiérrez-Crespo es orientador en el Centro Integrado de FP Elorrieta-Erreka Mari de Bilbao. El País Vasco se enorgullece de tener por tradición una tasa baja de abandono temprano de las aulas (el 7,3% de los jóvenes tienen como mucho el título de ESO), cuando la española sonroja y lidera la cola en Europa con un 17,9%. Gutiérrez, pedagogo y psicólogo, no duda de la razón: “En Euskadi la inversión es mucho mayor. Y eso se ve en las ratios por clase, en la atención a la diversidad, el apoyo...”. Si España quiere mejorar sus índices ―ya no cumple la meta que le marcó la UE del 15% de abandono este año― no queda otra que invertir más en la formación, porque en esto también somos farolillo rojo. La ayuda a los rezagados menguó un 90% en los años del ministro de Educación popular José Ignacio Wert. El Gobierno se ha comprometido a aumentar el gasto hasta llegar al 5% del producto interior bruto en 2025. En 2017, último año del que hay datos, supuso el 4,24%.

En 2030, el 65% de las ofertas de empleo requerirán profesionales con cualificaciones medias y un 35% con altas —según un estudio de la UE―, y el ministerio es consciente de que hay que lograr como sea que todos los escolares tengan una mínima preparación. Hoy uno de cada tres ha repetido al menos una vez a los 15 años y es un mecanismo de frustración, además de tener un altísimo coste económico (3.340 millones de euros al año, según el ministerio). “No sirve de nada la repetición si no se rompe con lo anterior y se apuesta por nuevas metodologías. Hay que hacer un plan personalizado”, sostiene Gutiérrez-Crespo, presidente de la Asociación de Psicopedagogía de Euskadi. Pone el ejemplo del aprendizaje colaborativo basado en retos de FP que se aplica en su comunidad.

La nueva ley contempla que en primaria solo se pueda repetir una vez y no más de dos antes de cumplir los 16 años. El propio ministro Íñigo Méndez de Vigo, que sustituyó a Wert, lo reconoció en este periódico: “He comprendido que repetir curso no es la solución”.

La ley Celaá permite aprobar bachillerato con un suspenso, un hecho que ha creado un gran escándalo, pero que es práctica habitual en los claustros. La norma termina también con los itinerarios tempranos que fuerzan al alumno a decantarse hacia asignaturas de FP o bachillerato con 14 años. Gutiérrez está de acuerdo con su desaparición, que condiciona la vida del menor desde muy pronto y, sobre todo, valora que haya pasarelas que permitan siempre seguir estudiando. “Está bien que no sean itinerarios excluyentes, que con unas asignaturas se pueda pasar al bachillerato desde el FP Medio”, opina. En 3º de la ESO, los alumnos que vayan mal podrán matricularse en un programa de diversificación curricular (que simplifica el curriculum), que continuará en 4º y permitirá obtener el título. La idea también es que desaparezcan los compartimentos estanco de las asignaturas ―“el rol del profesor debe ser otro”, piensa―, que las autonomías decidan más contenidos de la programación y dar más libertad de acción a los centros, hoy ahogados en papeleos y corsés.

Religión a la deriva

Al madrileño Pablo Coronado, diplomado como maestro de Educación Física, parte de la familia y de sus amigos le han recomendado que se recicle con unas oposiciones y deje de ser profesor de Religión, ahora que la asignatura va a perder fuerza en la escuela y puesto que no es funcionario. Sin embargo, él, padre de cuatro hijos, no tiene dudas: “La gente busca estabilidad, pero yo me sigo agarrando a lo que el Señor ha querido, y es educar a los niños en los valores que sus padres desean”.

Los acuerdos con el Vaticano de 1979 ―que el Gobierno quiere renegociar― impiden que salga de la jornada la clase de Religión, pero ahora esta materia no tendrá una alternativa. Aparecerá ―si el alumno elige Religión― en su boletín de notas, aunque no computará. Eso, de facto, supondrá que en la escuela pública o concertada no religiosa (minoritaria) muchos alumnos que la escogían para mejorar su nota en bachillerato ―en vez de Francés o Dibujo Técnico― o pensando en una beca no la cursen, lo que puede suponer una pérdida de puestos de trabajo de profesores de Religión, porque no son funcionarios ―son propuestos por el obispo y su sueldo lo sufraga el Estado―, sino indefinidos o temporales. “Se dice mucho que la Lomce [ley Wert] nos favoreció, pero dejó en manos de las comunidades la duración de las clases y en algunos sitios se imparte 45 minutos a la semana”. El Estado invierte al año 300 millones en el pago de los 12.994 profesores de Religión (datos del curso 2018-2019).

“Los acuerdos dicen que Religión tiene que tener un trato equiparable a las demás disciplinas fundamentales y no se va a cumplir”, se queja Coronado, que representa a los profesores de esta materia en el sindicato ANPE. “Lo que se está haciendo en España es ir a contracorriente de Europa”, enfatiza. En otros países ―no es el caso de Francia― hay una materia alternativa que plantea dilemas desde un punto de vista aconfesional. “Eso es lo que la Conferencia Episcopal ha propuesto al Gobierno. Una asignatura sobre de dónde venimos, hacia dónde vamos, la importancia del otro, los actos de solidaridad…”, enumera. Los obispos lamentaban este viernes que su propuesta “no ha recibido respuesta por parte del ministerio”.

¿Qué harán los escolares que no cursen Religión si no hay alternativa? La ley es muda, se deja en manos de los centros y las autonomías. Otro motivo de gresca mientras el PP lleva al Constitucional la ley Celaá.

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