Cuando salir de casa es una odisea: atrapados por falta de accesibilidad

Cincuenta y seis escalones y cuatro pasillos separan el portal de la puerta del piso de Amparo Jiménez, en la calle de Clivia, en Madrid. Un edificio sin ascensor que hace que su familia no pueda hacer vida normal. Ni su marido, José Martínez, de 57 años, que sufre de la enfermedad pulmonar EPOC, con un 53% de discapacidad; ni su hijo, con una movilidad reducida y un 75% de discapacidad; ni su hija, con anemia degenerativa, que le causa fatiga y cansancio y un 37% de discapacidad; ni ella misma, Amparo, que sufre de operaciones de espalda. Para más inri, la vivienda, de la que son inquilinos, es de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS, el antiguo Ivima).

En esa comunidad, ocho vecinos son propietarios y dos inquilinos en pisos que son de la AVS. “Llevamos desde 2015 reclamando a la Comunidad de Madrid, y también desde 2018 al Defensor del Pueblo, para que ponga un ascensor. Tras los requerimientos de este último, en 2020 se pronunció la AVS que pediría presupuestos para su instalación. Hasta hoy”, argumenta Amparo. “Mientras, mi marido cada vez que regresa del hospital tiene que ir escalón por escalón poniéndose una medicación de rescate, y cuando entra por la puerta se dirige directamente al balcón porque casi no tiene oxígeno”, relata. “Y aunque mi hijo vive con nosotros, ocasionalmente se muda a la casa de su pareja, que tiene ascensor, para evitar las escaleras”.

No es un caso aislado. Muchas personas con discapacidad han tenido que abandonar su casa por falta de accesibilidad, prácticamente un 22% con movilidad reducida, que asciende al 31% en el caso de quienes se desplazan en silla de ruedas, según el informe Accesibilidad y movilidad: mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios. Otras 100.000 personas no tienen la posibilidad de buscar una alternativa y viven permanentemente encerradas en sus propias casas. La falta de acuerdo entre vecinos (47%) y los motivos económicos (55%) son las principales razones para no llevar a cabo este tipo de mejoras, apunta Laura López, vicepresidenta ejecutiva de esta fundación.

Otro estudio de Fotocasa calcula que un 38% de los españoles vive en viviendas poco accesibles. Según el Real Decreto 1/2013, en diciembre de 2017 vencía el plazo para que todas las edificaciones, en su parte pública, permitieran el uso y el acceso de todas las personas. Siete años después, la situación no ha mejorado, pese a las subvenciones existentes para la eliminación de barreras.

“Aunque la ley es de obligado cumplimiento, las administraciones no tienen capacidad para controlar la efectiva adecuación a la normativa de accesibilidad de los edificios existentes”, revela Elisa Entrena, miembro de la Comisión de Accesibilidad del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Una exigencia que normalmente se realiza a través del Informe de Evaluación del Edificio, en aquellos municipios que lo tienen regulado, o bien cuando se plantean intervenciones de rehabilitación integral o se actúa en las zonas comunes de las comunidades de propietarios.

Esta misma opinión comparte Anxo Queiruga, presidente de Cocemfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, para quien las administraciones no realizan un seguimiento ni actúan de oficio para garantizar su cumplimiento: “No hay recursos, estrategia, ni instrumentos para ello”.

Además del Real Decreto 1/2013 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, hay otras normativas que cumplir en paralelo, como es la Ley de Propiedad Horizontal. “Existen resquicios legales que utilizan las comunidades de propietarios para no ejecutar las intervenciones necesarias, amparándose en un coste excesivo”, razona Queiruga. Cocemfe lleva años proponiendo una reforma de esta ley para que los costes de las obras y actuaciones de accesibilidad en los elementos comunes donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos en su integridad por las propias comunidades de vecinos, aunque exceda de las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, una vez descontadas las subvenciones, como fija la norma.

También desde Famma, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, su presidente, Javier Font, cree que en España se apuesta por construir viviendas accesibles para personas con discapacidad sobre el papel, pero la realidad es muy distinta. “La Ley de Propiedad Horizontal es el gran obstáculo que existe para desbloquear la situación que viene castigando a millones de personas”, dice.

Mayores dificultades

No es un secreto que las dificultades más importantes se encuentran en los accesos y las áreas comunes del edificio, pero el problema principal sigue siendo la falta de un ascensor. Aunque el perfil del ciudadano que vive en bloques de tres o más alturas sin un elevador, y que representa al 10% de la población, son personas mayores de 60 años, también hay jóvenes en viviendas más céntricas que deciden dejar el edificio sin ascensor en beneficio de una mayor comodidad, precisa Carmen Fernández, arquitecto técnico con especialidad en accesibilidad. Y describe el caso de una persona con 45 años que residía en un edificio de nueve viviendas distribuidas en tres plantas, que tras pasar la covid-19 le dejó importantes secuelas para la movilidad y respiración. “Tras diversas gestiones para instalar un ascensor, y ante las dificultades por la cantidad de casuística que se daba entre los vecinos, decidió mudarse”, relata.

Desde el año 2010 el Código Técnico de la Edificación obliga a que todos los edificios residenciales, tanto de promoción pública como privada, sean accesibles en los accesos y en las zonas comunes (pasillos, garajes, jardines…), sin embargo, en lo referente a los proyectos de viviendas protegidas se programa un mínimo de un 4% de inmuebles accesibles.

“Sería interesante ampliar esta obligatoriedad a cualquier tipo de promoción, aunque sería más práctico que los promotores de vivienda libre entiendan la necesidad que tiene la sociedad de este tipo de pisos accesibles y que se trata de iniciativas rentables, sin tener que recurrir siempre a la exigencia de la normativa”, opina Entrena.

Mientras, llevar a cabo actuaciones de accesibilidad (ascensor, rampa, salvar el escalón del portal, abrepuertas motorizado…) tiene un precio. La barrera de 2.000 euros por hogar es el punto de inflexión para considerar probable o no la ejecución de estas acciones, según explica la Fundación Mutua de Propietarios.

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