El G-20 acuerda “cooperar” sobre la fiscalidad de los superricos sin mencionar un impuesto global

El G-20 se ha comprometido por primera vez a abordar la fiscalidad de los megarricos en una declaración conjunta firmada en Río de Janeiro (Brasil) por los ministros de Finanzas del bloque. “Con pleno respeto a la soberanía fiscal, buscaremos colaborar de manera cooperativa para garantizar que las personas con un patrimonio neto muy elevado paguen impuestos de manera efectiva”, señala el documento, que se publicará esta noche y al que tenido acceso EL PAÍS. En ello, los representantes de las mayores economías del mundo reconocen que la elusión y evasión fiscal agresiva de los más pudientes pueden golpear los sistemas tributarios y restarles progresividad, pero evitan mencionar como solución un impuesto global o un marco común de tributación, un planteamiento defendido por Brasil, país que tiene la presidencia rotatoria del foro y que encargó al economista francés Gabriel Zucman elaborar una propuesta para gravar más a las mayores fortunas del globo.

Fernando Haddad, ministro de Finanzas de Brasil, ya había adelantado el jueves en la rueda de prensa posterior al encuentro con sus homólogos que la declaración conjunta incluiría la propuesta defendida por su país “para que se comience a pensar en la tributación internacional no solo de las empresas, sino también de los individuos ultrarricos” —planteamiento defendido desde el principio por España—. Porque de eso se trata, de un primer paso que supone un punto de inflexión en el debate fiscal internacional, pues nunca antes en un foro como el G-20 —que abrió este melón hace tan solo cinco meses, el pasado febrero— se había acordado una posición común sobre un asunto tan candente y a la vez espinoso como es la fiscalidad de los individuos.

Fuentes cercanas a las negociaciones explican que todos los países participantes han estado a favor de reconocer que hay que corregir la tributación de los mayores patrimonios, individuos que suelen tener una elevada movilidad internacional y estructurar sus fortunas para rebajar sus obligaciones fiscales, para que aporten al fisco lo que les corresponde. Donde no hay acuerdo es sobre el cómo. En concreto, hay países como EE UU y Alemania que no ven necesario un pacto internacional sobre la fiscalidad de los más acaudalados.

La secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen, lo dejó claro en sus declaraciones en Río de Janeiro: “No vemos la necesidad ni creemos que sea deseable intentar negociar un acuerdo global sobre este tema. Creemos que todos los países deberían asegurarse de que sus sistemas tributarios sean justos y progresivos”. De ahí que los titulares de las finanzas públicas de los miembros del bloque mencionen en su declaración conjunta el “pleno respeto a la soberanía fiscal” y una colaboración “cooperativa” en lugar de una coordinación internacional.

Aun así, el acuerdo es histórico. Fuentes de un Gobierno del G-20 explican que, aunque no se haga referencia a un impuesto a los superricos, sí se lanzan varias propuestas para mejorar la colaboración internacional con el objetivo de luchar contra la evasión y elusión de los grandes patrimonios. “La cooperación podría implicar el intercambio de mejores prácticas, el fomento de debates en torno a los principios fiscales y el diseño de mecanismos contra la evasión fiscal, incluido el abordaje de prácticas fiscales potencialmente perjudiciales”, señala la declaración. Los países firmantes también abogan por mantener en el futuro conversaciones tanto en el G-20 como en otros foros y buscar la contribución de organizaciones internacionales, académicos y expertos.

“Por primera vez en la historia, ahora hay un consenso entre los países del G-20 de que se debe corregir la forma en que gravamos a los superricos, y un compromiso de trabajar juntos para lograrlo. Es un paso importante en la dirección correcta”, ha señalado el economista Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la UE y uno de los mayores expertos en evasión fiscal. El estudio que encargó el Gobierno brasileño concluye que, si las cerca de 3.000 personas más ricas del mundo, con patrimonios superiores a los 1.000 millones de dólares, tributaran cada año por el 2% de su riqueza, los Estados contarían con entre 200.000 y 250.000 millones de dólares adicionales a escala mundial. Su propuesta no plantea, un impuesto ad hoc sobre la riqueza, como podría ser el tributo español sobre el patrimonio, sino un estándar que garantice una imposición mínima calculada a partir de las fortunas de este colectivo.

El planteamiento del también docente de la Paris School of Economics y la Universidad de California (Berkeley) se inspira en parte en el acuerdo global alcanzado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20 para que las grandes multinacionales tributen más. Y la declaración conjunta firmada en Río justo invita a este órgano formalizado por las dos instituciones a considerar “trabajar sobre estas cuestiones en el contexto de políticas fiscales progresivas efectivas”, sin darle sin embargo un mandato explícito. Este es otro punto sobre el cual no hay consenso, ya que la ONU también está trabajando para negociar un nuevo marco fiscal global en el seno del organismo.

“Se trata de un avance global importante: por primera vez en la historia, las mayores economías del mundo han acordado cooperar para gravar a los ultrarricos”, ha señalado Susana Ruiz, responsable de Política Fiscal de Oxfam Internacional. Hace un par de semana, la ONG coordinó, junto al Club de Madrid, la publicación de una misiva firmada por una veintena de antiguos jefes de Estado y de Gobierno de distintos países —entre ellos, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero—, en la que pedían a EE UU y al resto de los líderes del G-20 que elevaran la imposición fiscal a los megarricos. “En la cumbre del G-20 de noviembre de este año, los líderes deben ir más allá de sus ministros de finanzas y respaldar una coordinación concreta: acordar un nuevo estándar global que grave a los ultrarricos”, ha añadido Ruiz. Una tesis que comparte el premio Nobel y copresidente de ICRICT (Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Internacional de Tributación de Empresas), Joseph Stiglitz: “Ahora es el momento de ir más allá y alinear la agenda con el proceso en curso de la ONU para alcanzar una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional”.

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