Próxima parada, ¿un impuesto global a los superricos?

Marlene Engelhorn tiene poco más de 30 años, es heredera de la fortuna milmillonaria de la multinacional BASF y, al igual que un nutrido ramillete de superricos de distintas procedencias, se plantó en enero en el Foro de Davos pidiendo a los líderes políticos pagar más impuestos para combatir la desigualdad. El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió diseñar una tasa temporal a las rentas más altas para financiar los costes de la pandemia. Brasil, que ocupa la presidencia temporal del G20, aspira a cerrar este verano una declaración conjunta sobre un tributo mínimo a los más acaudalados. Y la mayor economía del mundo, EE UU, donde las subidas fiscales no suelen ser bienvenidas, acaba de proponer que se grave más a los mayores patrimonios. ¿Mera coincidencia o el inicio de una revolución fiscal para que los más ricos del globo tributen más?

Nunca antes tantas voces y tan distintas habían puesto a la vez el foco en los impuestos a las grandes fortunas, que aspiran a convertirse en uno de los temas calientes del debate internacional en un contexto de creciente desigualdad y en el que los países necesitan más recursos para hacer frente a retos mayúsculos: la enorme deuda acumulada con la pandemia, la transición ecológica, la digitalización o el envejecimiento.

“Los muy ricos deben pagar más impuestos por muchas razones. Hemos visto a los cinco hombres más ricos del mundo duplicar su fortuna desde 2020, mientras que 5.000 millones de pobres han disminuido su riqueza”, zanja Rebeca Gowland, directora internacional de Patriotic Millionaires, una asociación fundada en 2010 en EE UU a raíz de una carta que 60 millonarios enviaron al entonces presidente, Barack Obama, para que subiera los impuestos a las mayores fortunas. Ahora reúne a más de 300 personas. “El sistema económico actual está diseñado para beneficiar a un número muy pequeño de personas muy ricas. Los trabajadores pagan tasas impositivas mucho más elevadas”.

Los datos no faltan y son muy elocuentes. El número de multimillonarios es exiguo, unas 2.700 personas, pero su fortuna es abrumadora y no para de engordar. Creció un 7% entre 2022 y 2023, hasta superar los 12 billones de dólares, casi 10 veces el PIB español, según el último Informe sobre Ambiciones Multimillonarias del banco suizo UBS. La mayoría de ellos residen en EE UU. Otro dato llamativo es que los nuevos superricos han alcanzado este estatus más por herencia que por iniciativa empresarial. Es decir, por cuna y no por su trabajo. Hace tres décadas, en 1995, había tan solo 377 contribuyentes considerados multimillonarios, que acumulaban menos de un billón.

Este pequeño pero poderoso grupo de personas no solo va acumulando más patrimonio, también mejora sus estrategias para rebajar su factura con la hacienda pública. De acuerdo con el informe Evasión Fiscal Global 2024 del Observatorio Fiscal de la UE, los megarricos —es decir, con patrimonios superiores a los 1.000 millones de dólares— pagan un porcentaje irrisorio de impuestos personales como el IRPF en comparación con su fortuna: un tipo efectivo de entre un 0% y un 0,5%.

Ejemplos hay muchos. Cuando la pandemia aún daba coletazos, en verano de 2021, salieron a la luz las declaraciones de la renta de las 25 personas más ricas de EE UU, como Elon Musk, Bill Gates o Michael Bloomberg. Según esta información, difundida por red de periodistas ProPublica, los grandes magnates del país soportan un tipo efectivo más bajo que la clase trabajadora.

Buena parte de esta paradoja radica, muy sencillamente, en que el sistema lo permite. La riqueza, entendida como propiedades, acciones, empresas, tiene un mejor tratamiento fiscal que la renta del trabajo. En EE UU y en España. Los más acaudalados también son grandes consumidores de servicios de ingeniería fiscal: estructuran sus patrimonios para que generen poca renta e ingresos sujetos a impuestos, por ejemplo a través de instrumentos como las sociedades patrimoniales.

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, lo dejó muy claro en la reunión con sus homólogos del G20 que acaba de celebrarse en Sao Paulo. “Los más ricos pueden evitar pagar el mismo nivel de impuestos que otros menos ricos. Queremos impedirlo”, dijo. Y lanzó una declaración de intenciones: “Queremos que Europa haga avanzar esta idea de una imposición mínima para los individuos lo más rápido posible, y Francia estará a la vanguardia”.

Su equivalente brasileño, Fernando Haddad, instó en la misma tribuna a actuar “juntos” para limitar la evasión y elusión fiscal de los megarricos y crear un tributo global a las grandes fortunas, en línea con el impuesto mínimo a las multinacionales consensuado entre más de 140 países bajo el liderazgo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

“Hay una sensibilidad cada vez mayor sobre este asunto”, reconoce Pascal Saint-Amans, analista en el centro de estudios Bruegel y máximo conocedor de las negociaciones multilaterales en materia tributaria. Las vivió en primera mano durante años: fue director del Centro de Administración y Política Fiscal de la OCDE cuando se selló el acuerdo sobre la tributación de las multinacionales, cargo que abandonó tras alcanzarse el pacto. Quizás por eso, por haber estado entre las bambalinas, es cauto sobre la posibilidad de seguir el mismo camino con los milmillonarios: “Personalmente, creo que no hay posibilidad de ver un impuesto mínimo global para los ricos en el corto plazo”.

Los países son demasiado diferentes, los hay con impuestos altos y con tributación casi inexistente, justifica. “Sin embargo, debe haber una vía para luchar contra la competencia fiscal de los ricos, que son más móviles [tienen más facilidad para cambiar de residencia] que el resto de la población. La OCDE, por ejemplo, podría empezar a trabajar para abordar las prácticas fiscales nocivas. A largo plazo, podría haber margen para aumentar la cooperación. No olvidemos que el fin del secreto bancario ya se produjo, lo que permitió a los países gravar mejor el capital”, matiza.

Una opinión hasta cierto punto compartida por la economista estadounidense Kimberly Clausing, catedrática de la UCLA y miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional: “Creo que es un buen punto de partida tener esta conversación y comprender por qué es deseable gravar a quienes están en la cima, al menos a un nivel mínimo. Y otro punto de partida puede ser Europa. Porque existe una enorme movilidad, pero los derechos impositivos se fijan principalmente a nivel del Estado nación. Podría dar el ejemplo y generar consenso. Pero creo que es más difícil reunir a 140 países y decir ‘todos vamos a acordar una determinada tasa mínima’”.

Alega que la distribución de la renta y de la riqueza es distinta en cada país. “No tiene sentido que Suecia y Estados Unidos adopten la misma tasa marginal, porque los problemas económicos subyacentes son muy diferentes, a pesar de que ambos son países ricos. Entonces, se puede empezar con el intercambio de información, garantizar que los países hagan cumplir sus propias leyes, construir una especie de argumento intelectual o consenso de que el sistema tributario juega un rol crucial”, añade.

Uno de los grandes generadores de consenso o, al menos, información sobre la materia, a través de su actividad académica e investigadora, es el economista francés Gabriel Zucman. Profesor en la Universidad de Berkeley, de la Paris School of Economics y director del Observatorio Fiscal de la UE, acaba de presentar en el G20 de los ministros de Finanzas su propuesta de un impuesto mínimo a los mayores patrimonios. La iniciativa, detallada en el informe Evasión Fiscal Global del que es coautor, permitiría según sus cálculos recaudar 250.000 millones de dólares adicionales al año a escala global.

Impuesto sobre el patrimonio

España no es tierra de grandes fortunas comparado con los países vecinos: solo tenía a 24 multimillonarios en 2023, según los datos de UBS, que acumulaban un patrimonio conjunto de 129.000 millones de dólares. En Alemania eran 109 contribuyentes, con 496.000 millones en total, frente a los 34 de Francia, que sin embargo concentraban una riqueza muy elevada: 501.000 millones de dólares. Pese a estos números, España es el único miembro de la UE que grava la riqueza en su totalidad a través no de uno, sino de dos tributos: el de patrimonio, autonómico, y el de grandes fortunas, estatal y con carácter temporal, pero que el Gobierno quiere convertir en permanente. En el entorno europeo, solo Suiza y Noruega cuentan con figuras parecidas.

“La mayoría de los países ha eliminado el impuesto sobre el patrimonio en los últimos años [uno de los casos más recientes es el de Francia] porque tiene un efecto negativo sobre la inversión y recauda muy poco. Es una figura obsoleta y supone una doble imposición: grava activos que ya han tributado, por ejemplo, en renta o sucesiones y donaciones”, argumenta Cristina Enache, economista del think tank Tax Foundation. Considera que, aunque haya un debate abierto sobre la imposición fiscal a las grandes fortunas a nivel internacional, “no se pueden poner puertas al campo”: “El tema ha aparecido en la agenda, pero no le veo ningún recorrido”.

Que el impuesto español sobre el patrimonio español sea obsoleto e ingrese muy poco es un hecho compartido por economistas de todos los bandos. Tampoco el nuevo tributo a las grandes fortunas ha supuesto saltos cualitativos: calca el diseño de su homólogo autonómico, salvo por el hecho de que el umbral a partir del cual se exige es más elevado, tres millones de euros. No obstante, hay un amplio consenso sobre el mantenimiento del impuesto a las herencias y, a la vez, sobre la necesidad de remodelar en profundidad la imposición sobre la riqueza, una conclusión reflejada en el Libro Blanco para la reforma fiscal.

Aunque se suela hablar de impuesto a los millonarios o sobre el patrimonio a secas, la realidad es más compleja. Hay distintas dimensiones de la riqueza —propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, sociedades, acciones, dividendos, herencias, donaciones...— y por ende diferentes caminos para exigir a los más acaudalados una contribución mayor. De hecho, aunque Francia haya eliminado el equivalente al impuesto sobre el patrimonio, sí ha mantenido una tributación especial para determinados activos, al igual que otros países.

La propuesta de Zucman y su equipo pasa por establecer un impuesto mínimo a nivel global del 2% solo para los milmillonarios. Ese se calcularía sobre su fortuna ya que, defiende, es la medida que mejor define la capacidad económica del colectivo —y no la renta—. “Está en línea con lo que se ha hecho en la imposición fiscal las multinacionales. Hay un acuerdo internacional sobre un impuesto mínimo global del 15% que se aplica en la UE desde el 1 de enero de este año. El siguiente paso es hacer lo mismo con las personas muy ricas”, señaló en una reciente entrevista con EL PAÍS. Y, si no se llega a un acuerdo, insta a que cada país avance de manera unilateral.

De la misma idea es Abdul Muheet Chowdhary, del South Centre Tax Initiative, organización que representa a los países en desarrollo. “La cooperación internacional y las soluciones unilaterales son complementarias”, expone. “Los países deberían considerar de inmediato la implementación de soluciones unilaterales porque en la actualidad es lo factible. No existe una solución internacional ya preparada y desarrollarla llevará tiempo. Sin embargo, está claro que las soluciones unilaterales no son suficientes”, porque existe el riesgo de que las grandes fortunas trasladen su residencia.

Existe también una sensación de que hay un momentum. La reforma de la fiscalidad societaria ha llegado a una suerte de fin de ciclo con la implementación del tipo mínimo del 15%. Aunque se siga trabajando en la otra pata del acuerdo de la OCDE, el llamado pilar uno —gravar a parte de los beneficios de las mayores multinacionales—, ya se da por muerto porque EE UU y China, donde residen la mayoría de estas sociedades, no lo aplicarán. Por otro lado, el Sur del mundo está pidiendo tener más voz en el debate fiscal internacional, y lo está haciendo a través de un nuevo canal: las Naciones Unidas. El pasado noviembre, el bloque de las economías en desarrollo se impuso para negociar un nuevo marco fiscal global en el seno del organismo.

“En el futuro inmediato, la reforma podría ser promovida por aquellos países que tienen más que ganar con ese impuesto, donde residen los multimillonarios: EE UU y Europa”, lanza Chowdhary, quien también representa el South Centre en el subcomité de impuestos sobre el patrimonio de la ONU. Reconoce, sin embargo, que las pocas figuras nacionales que hasta ahora han gravado las grandes fortunas no han logrado grandes avances en justicia fiscal. “Pero el hecho de que no haya sucedido en el pasado no significa que no pueda suceder en el futuro. Los impuestos a la riqueza tienen un gran potencial y, si están bien diseñados, pueden reducir la desigualdad y mejorar la redistribución”.

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