Bruselas urge a España a acabar con las “condiciones discriminatorias” de los interinos

Nuevo choque entre España y las instituciones europeas a cuenta de las condiciones laborales de los trabajadores temporales de la Administración pública. Esta vez es por “discriminaciones contrarias al derecho de la UE” entre los empleados públicos con plaza fija y los interinos. Y, por eso, la Comisión Europea reabre un expediente que mantiene desde hace ya 10 años y que había suspendido porque España había cambiado la norma. Pero “los problemas de discriminación persisten” y esto lleva al Ejecutivo de la Unión a retomar el procedimiento de infracción y darle al Gobierno dos meses de plazos para resolver la situación o justificar que la diferencia de trato responde a “razones objetivas”, según ha anunciado este mismo jueves. Si no lo hace, Bruselas continuará adelante con un proceso que puede acabar con el Estado español ante la justicia europea.

La lista de desencuentros que tiene España con las instituciones europeas por las diferentes condiciones laborales de los trabajadores temporales del sector público o por cómo se castiga el abuso de la temporalidad por la Administración añade este jueves otro capítulo. Las normas europeas no distinguen entre empleados del sector privado y del sector público. Además, dentro de este último tampoco lo hacen entre personal laboral contratado y funcionarios (sujetos estos últimos a un estatuto propio). España sí que lo hace y eso da pie a diferencias en las condiciones laborales de unos y otros empleados. Los choques más estruendosos se han visto en el Tribunal de Justicia de la UE, pero no solo han tenido este escenario.

El que ahora se reactiva se desarrolla dentro de los llamados procedimientos de infracción, un mecanismo que tiene el Ejecutivo de la Unión para abrir expediente a un Estado miembro que aprueba normas que no respetan la legislación comunitaria o que no la traspone debidamente, y que también puede acabar en una denuncia ante la justicia europea. En este caso se trata de un procedimiento que se abrió en 2014, siendo comisaria de Empleo la belga Marianne Thyssen, porque España no contabilizaba los periodos de interinidad de los funcionarios a la hora de calcular los incrementos salariales (trienios y sexenios) ni los ascensos; y no solo para los que todavía eran interinos, que no tenían acceso a la misma carrera profesional que los fijos, tampoco lo contaba para quienes habían obtenido una plaza fija siendo antes temporales.

España trató de que la Comisión entendiera que la diferencia de trato que había entre quienes son funcionarios fijos y los interinos estaba justificada por razones objetivas, como no pertenecer a la misma categoría o que unos tenían un vínculo permanente con el empleador (la Administración) y otros, solo temporal. Pero para el Ejecutivo europeo estos argumentos no fueron válidos y acabó abriendo el expediente con el argumento de “la legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables (como los derechos de vacaciones) para los empleados con contrato de duración determinada que trabajen en el sector público español, en comparación con los empleados fijos”.

La notificación conocida este jueves admite que el Gobierno español ha hecho reformas para corregir esta situación, pero también se deduce que estas no han sido suficientes a ojos de Bruselas: “La segunda carta de emplazamiento adicional aborda las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales”, explica el comunicado emitido por la Comisión, que da ahora dos meses “para subsanar las deficiencias señaladas”.

De no hacerlo, la Comisión avanzará en el procedimiento de infracción remitiendo al Gobierno una opinión razonada. Si después de este requerimiento tampoco se resuelve la situación, entonces Bruselas lleva al Estado miembro ante los tribunales de Luxemburgo. La vía elegida para este procedimiento por el Ejecutivo comunitario no conlleva multa si los jueces fallaran contra España.

Junto a este expediente, a menos de una semana para que llegue agosto, Bruselas ha anunciado este jueves medio centenar de decisiones sobre procedimientos de infracción, y la gran mayoría ellas atañen a más de un país. En el caso de España, además del asunto de los funcionarios hay decisiones sobre otros siete asuntos que van desde no haber facultado correctamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer cumplir el reglamento europeo de servicios digitales, carencia que comparte con Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia; hasta la trasposición incompleta de la directiva de reestructuraciones y resoluciones bancarias.

La Comisión también ha apercibido a España por “la prohibición impuesta de cotizar a planes de pensiones de empleo y personales por encima de los importes máximos deducibles a efectos fiscales”. Cree Bruselas que esto “puede entrar en conflicto con la libre circulación de trabajadores, servicios y capitales y el derecho de establecimiento garantizados por los Tratados”. En el mismo campo, el del ahorro para la jubilación, el Ejecutivo de la Unión ha abierto expediente a España y Portugal por no “notificar las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones del Reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones personales”. Las otras tres comunicaciones atañen al plan de rendimiento y tarificación del Cielo Único Europeo en los servicios de navegación aérea, los incumplimientos de los objetivos de recogida y reciclaje, y la trasposición incompleta de una directiva sobre créditos.

España es, junto con Grecia, el país con más procedimientos de infracción abiertos en la UE. Según los datos de finales de 2023, tenía 44 expedientes abiertos frente a una media de 26 entre los Veintisiete. Además, el tiempo que emplea Madrid en resolver estos contenciosos con Bruselas supera a los del resto de socios: 63,2 meses, frente a un promedio de 36.

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