Canarias limitará el alquiler vacacional a pisos superiores a 39 metros cuadrados y exigirá el permiso de los vecinos

El Gobierno de Canarias, sustentado por la alianza entre Coalición Canaria y Partido Popular, ha hecho público el Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, la norma que regulará esta actividad en las islas y que será previsiblemente aprobada este mismo año. El texto, sometido a información pública, obliga a que las viviendas residenciales que se quieran usar para este negocio tengan una antigüedad mínima de diez años, un mínimo 39 metros cuadrados útiles de superficie y un máximo de ocho plazas. Además, habrán de disponer de una toma de corriente homologada para recargar vehículos libres de emisiones o bien justificar la existencia de un punto de recarga de acceso público en un radio de 500 metros.

“Con la nueva ley, una parcela residencial no va a permitir el uso exclusivo de hospedaje en ninguna modalidad de alojamiento turístico”, ha explicado la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León (Partido Popular), quien ha recalcado que “esto supondrá un cambio respecto a la regulación actual, que no establece límites cualitativos ni cuantitativos, y donde cualquier vivienda de los 1,78 millones que hay en Canarias puede destinarse a este fin con una declaración responsable”.

La nueva normativa establece, a su vez, que será necesaria la autorización expresa de la junta de propietarios cuando los estatutos permitan esta práctica. En las plantas bajas no se puede reconvertir un local a vivienda vacacional. En la primera planta se permitirá el uso turístico con un acceso común si su superficie útil, sumada al resto de usos no residenciales en el edificio, no supera los 250 metros cuadrados útiles. En las plantas superiores solo se permitirá un piso turístico si debajo no hay ninguno con uso residencial. Además, en ellas, solo podrá haber una residencia turística por cada 10 viviendas habituales, siempre que cuenten con acceso independiente, entre otros requerimientos.

Este tipo de alojamientos no podrá superar el 10% de la edificabilidad residencial total del municipio (el 20% en La Palma, La Gomera y El Hierro), un requerimiento que choca con casos como el de Yaiza, en Lanzarote, donde la vivienda vacacional supone el 22% de la oferta; o el 21,5% de La Oliva (Fuerteventura); el 10,62% en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria); el 13,35% en Adeje (Tenerife); el 10,72% en Hermigua (La Gomera), según datos facilitados por el Gobierno insular. En este caso, serán los 88 ayuntamientos canarios los encargados de hacer velar por la norma. “Serán los municipios que tengan desarrollados o desarrollen sus planes urbanísticos los que puedan articular medidas para hacerlo de una forma más eficiente”, ha explicado De León, quien ha subrayado en rueda de prensa que “solo podrá haber vivienda vacacional cuando el planeamiento urbanístico diga que puede haberlo”.

A los propietarios que ya posean una vivienda vacacional, se les someterá a una inspección para comprobar que cumplen los parámetros establecidos y, de no hacerlo, serán penalizados sin poder ejercer la actividad turística durante 10 años. La consejera ha admitido que “los 35 inspectores en activo son claramente insuficientes”. En este sentido, De León ha anunciado que “se estudia y prepara una encomienda de gestión con el Colegio de Registradores para el acceso al registro turístico por vía telemática, con el fin de coordinar la información, la inspección y el control de la actividad”.

Cambio de destino

El Ejecutivo justifica la necesidad de esta normativa con el argumento de que las viviendas de uso turístico han restado oferta al alquiler residencial. “La vivienda cumple una función constitucional que es el que sirva de residencia habitual a los más de dos millones de canarios y canarias, por lo que será excepcional su habilitación para uso turístico”, ha explicado el director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, quien ha añadido que el inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración responsable, que deberá ir acompañada de una memoria técnica de actividad clasificada, así como de una cédula urbanística. Además, no podrán dedicarse a fines turísticos las viviendas sometidas a ningún régimen de protección pública (VPO).

Según el anteproyecto, este modelo no se ha generado a raíz de la construcción de nuevas viviendas, sino que aparecen como cambios de destino de viviendas ya existentes, “lo que implica que la oferta de viviendas no es elástica a corto plazo”. Para reponer el parque de viviendas con destino residencial permanente haría falta la clasificación de más de 500 hectáreas de suelo urbanizable con tal destino, “acompañada de los oportunos procesos de cesión, equidistribución y urbanización, procesos todos ellos tradicionalmente complicados y lentos, y, además, tal clasificación ex novo iría en contra de los criterios de ordenación territorial establecidos en la legislación vigente”, estoma el texto.

El Gobierno destaca a su vez que el trasvase de uso residencial permanente a una actividad económica de explotación comercial de la vivienda se “ha hecho al margen, cuando no en contra”, de la planificación urbanística y territorial vigente, “pensada para un modelo básicamente residencial”. Por ello, añade el texto, “puede afirmarse que han sido las reglas del mercado y el libre albedrío de los propietarios los que se han impuesto sobre el modelo urbanístico y territorial técnicamente elaborado”.

Actualmente, hay 53.938 de pisos turísticos registrados en las islas, según los datos del Ejecutivo, un 39,7% más que en noviembre de 2022. En total, hay disponibles 220.409 plazas. Por islas, Tenerife es la que más establecimientos tiene: 22.756. Le siguen Gran Canaria (13.229), Lanzarote (7.577), Fuerteventura (7.046), La Palma (1.667), La Gomera (1.119) y El Hierro (544). El porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas asciende al 4,37% de total en la provincia de Las Palmas, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife asciende al 3,78%.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ha expresado este jueves “su más profundo y frontal rechazo” al texto legal, con el que a su juicio las viviendas vacacionales quedan “heridas de muerte” y sujetas a un “exterminio”, según las palabras de su vicepresidente, Javier Valentín. “Con este anteproyecto solo es cuestión de poner la fecha definitiva de la erradicación de las viviendas vacacionales en Canarias”.

El anuncio de la nueva regulación se produce en un momento en el que coinciden un récord de visitantes y facturación en las islas con un creciente rechazo a la excesiva turistificación por parte la sociedad. Tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como la patronal hotelera Ashotel han manifestado esta semana su “preocupación” e “inquietud” ante una protesta que se ha convocado en cinco islas, entre ellas las dos islas capitalinas (Gran Canaria y Tenerife) el 20 de abril contra la masificación de las islas bajo el lema Canarias tiene un límite.

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