Los incentivos fiscales impulsan la I+D privada en España

A las afueras de la ciudad tinerfeña de San Cristóbal de La Laguna se erige el centro de investigación de Arquimea, una empresa fundada hace 18 años por Diego Fernández y que en este lapso se ha expandido por EE UU, el sureste asiático. Y Canarias. La empresa aterrizó en las islas en 2019 atraídos por las exenciones fiscales, y aquí ha fundado este laboratorio que trabaja en áreas como física cuántica, robótica, biotecnología e inteligencia artificial. “Contamos con un modelo de financiación principalmente privado”, explica por videoconferencia su director, Rubén Criado. “Por eso, las exenciones fiscales son muy importantes”.

España dedica un 1,2% de su PIB a I+D+i, lo que sitúa la inversión española en torno a un punto por debajo de la media de la UE-15 y alejada de países como Alemania o los países nórdicos, que superan el 3%, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El organismo destaca, además, que las empresas pequeñas muestran “una propensión a la innovación de las más bajas” de los países de la Unión Europea. Así las cosas, uno de los objetivos confesos durante la pasada legislatura de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, fue incentivar la I+D privada en ciencia. Para ello, una de las principales herramientas son las deducciones fiscales. Estas han pasado de 239 millones a 535 millones entre 2010 y 2019 (último período liquidado), según los datos del ministerio.

Conocer la cifra exacta de inversión a partir de estas deducciones es complicado. El beneficio fiscal a la I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades alcanza el 25% de los gastos dedicados a investigación y desarrollo (I+D) y el 12% de los destinados a innovación tecnológica. Estos 535 millones deducidos permiten establecer una horquilla amplia de entre 2.000 y 4.000 millones de euros de inversión privada en ciencia mediante estos incentivos.

Otra forma de calibrar el impacto es mediante los informes motivados vinculantes, con el que se otorgan deducciones fiscales y subvenciones a los proyectos de I+D+i privada. Estos documentos sirven para calificar las actividades como de I+D o como innovación tecnológica y son ―como su nombre indica― vinculantes para la Agencia Tributaria. Esta herramienta ha pasado de 3.250 solicitudes en 2011 a 10.016, según los registros oficiales. La Comunidad de Madrid es la que más proyectos copa, con 3.821, seguida de Cataluña (2.113), Comunidad Valenciana (1.246), Andalucía (627) y Castilla y León (316). Canarias es, sin embargo, la autonomía que más crece, tras pasar de 14 en 2011 a 313 en 2021 y pasa de invertir en ciencia apenas un millón a 163 millones.

Este acelerón ha sido posible, fundamentalmente, gracias a las exenciones fiscales. Estos incentivos son un derecho que tienen todas las empresas que realicen gastos en investigación y desarrollo ―y también en innovación tecnológica―, y se basan en deducciones del impuesto de sociedades. En el conjunto de España, los porcentajes de incentivos por gasto en investigación y desarrollo están entre el 25% y el 42%, En Canarias las exenciones son superiores: oscila entre el 45% y el 75,6%. Además, las inversiones en activos en las islas cuentan con una desgravación del 28%, frente al 8% en el resto del territorio español. Los gastos para personal investigador, por último, cuentan con un incentivo del 37%, frente al 17%, según los datos del Cabildo de Gran Canaria. “Estas herramientas llevan en marcha desde hace muchos años”, explican fuentes de la Zona Especial Canaria ―un programa de baja tributación prevista para una serie de actividades―. “Es ahora, sin embargo, cuando se empieza a conocer”.

Arquimea es uno de los ejemplos más destacados de empresas que se han radicado en Canarias en los últimos años al calor de sus exenciones fiscales. Hay otras, como Wooptix (también en Tenerife), participada por Intel y Tokyo Electron, que hacen I+D+i de chips. Otro es Wimmic en Gran Canaria, dedicada a la investigación de chips, y con clientes como SpaceX. “Con los mismos fondos propios podemos hacer más en las islas que en cualquier parte de España”, confirma en este sentido Rubén Criado, un madrileño que ahora reside en Santa Cruz de Tenerife. Como él, otros 100 investigadores que trabajan en el centro de La Laguna. “Es, en buena parte, personal que no podía regresar a España a hacer ciencia porque las condiciones no eran buenas. Este proyecto se lo ha permitido”.

El empleo en I+D en España, de hecho, se ha triplicado entre 2008 y 2020 hasta los 72.128 actuales, según los datos de Eurostat. Cataluña (que quintuplica sus datos hasta 18.679), Madrid (11.596, con un repunte del 293%) y País Vasco (7.373, +89%) son, de nuevo, los motores del mercado laboral científico. Todas las autonomías registran fuertes crecimientos en el periodo, con casos como Andalucía (+155% hasta 5.453 empleos), Galicia (+214% hasta 2.401 empleos), Asturias (+511% hasta 1.480 empleos).

En Canarias, por ejemplo, ha pasado de ser casi testimonial en 2011 (375 empleos) a rozar los 2.000. En las islas, la mayor parte de las empresas se radica en dos principales (Gran Canaria y Tenerife). Fuerteventura ultima la construcción de un estrato puerto, que permitirá el lanzamiento y seguimiento de pseudosatélites ―también conocidos como HAPS (high altitude platforms pseudosatellites) son artefactos que se sitúan a medio camino entre un satélite convencional y un dron―. Estas instalaciones son parte de un proyecto financiado con fondos comunitarios que pretende operar en áreas como biodiversidad, seguridad, emergencias. La partida más importante del contrato, con un total de 17 millones de euros, se dirige al desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de los incendios forestales.

“Canarias está apostando desde hace tiempo por crear una sólida industria alrededor del sector aeroespacial”, afirma el consejero delegado de Telespazio Ibérica, Carlos Fernández de la Peña, con capacidad para crear unos empleos de calidad que no están sujetos a la temporalidad de otras actividades”. De La Peña destaca el papel “fundamental” que va a tener la isla. “Su apuesta por convertirse en el centro neurálgico europeo de los pseudosatélites, la situarán como un claro referente en la tecnología aeroespacial”. Telespazio, por cierto, colabora con la propia Arquimea y la empresa israelí NSLComm en otro proyecto canario: el desarrollo de la red de microsatélites llamada BeetleSat, que supondrá una inversión de 300 millones tendrá a Canarias como punto estratégico de lanzamiento, un movimiento que se ha propiciado a través de la mediación de la ZEC.

La propia Arquimea anunció recientemente un acuerdo con el Cabildo de Tenerife para impulsar la creación de CanarySat, un centro de control de satélites que estará instalado en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), así como un gateway o telepuerto que conectará con Canalink, un operador neutro de comunicaciones. La inversión prevista es de 300 millones de euros y se espera que participen socios nacionales e internacionales que busquen entrar en un proyecto tecnológico con un “alto potencial de crecimiento”.

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