¿Qué se juega España con la votación del plan fiscal? Parte del quinto desembolso de los fondos europeos y una posible multa de Bruselas

Que se apruebe o se rechace la reforma fiscal que se vota este jueves en el Congreso no solo se va a notar en la recaudación de la Agencia Tributaria. Si decae la propuesta del Gobierno, es muy posible que el quinto pago del plan de recuperación no llegue a los 7.200 millones en subvenciones previstos. Y, además, puede acarrear una multa por parte de Bruselas. Este doble castigo se debe a que el Gobierno ha vinculado la introducción del tipo mínimo del 15% a las multinacionales, que hubiera tenido que estar en vigor ya el pasado enero —una demora por la cual la Comisión Europea ha abierto un expediente a España—, a los cambios tributarios a los que se ha comprometido para desbloquear el quinto tramo de las ayudas comunitarias. Todo forma parte del mismo dictamen, que el pasado lunes desató el caos en la comisión de Hacienda del Congreso: muchas iniciativas fueron tumbadas, desde la propuesta de elevar la fiscalidad del diésel a la extensión de los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, evidenciando las dificultades del Gobierno para armar mayorías parlamentarias y dejando en el aire millones de euros en recaudación.

El impuesto mínimo a las multinacionales es una iniciativa que se acordó en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre más de 140 países, y que la Unión Europea trasladó a una directiva comunitaria que cada Estado miembro hubiera tenido que incorporar a su sistema jurídico ya el pasado enero. España aún no ha hecho los deberes. La inestabilidad política, la repetición electoral y las dificultades para llegar a acuerdos ante la difícil aritmética parlamentaria han demorado el proceso, que a día de hoy aún no ha concluido.

Tras enviar en primavera un dictamen motivado que instaba a poner en marcha la medida, la Comisión Europea abrió un expediente sancionador a España y otros tres países —Chipre, Portugal y Polonia— ante la Justicia comunitaria. El tipo mínimo del 15% es una especie de suelo de tributación para gravar más a las mayores corporaciones, las que facturan más de 750 millones de euros anuales y que más uso hacen de sofisticadas técnicas de ingeniería fiscal para rebajar su factura con hacienda. Según la OCDE, este nuevo esquema puede brindar hasta 200.000 millones adicionales en recaudación a escala global. En el caso de España, el Gobierno calcula unos ingresos extra de unos 2.000 millones de euros.

La reforma fiscal es un asunto aparte, aunque forme parte de la misma votación. El Gobierno decidió introducir en el dictamen que incluye el tipo mínimo del 15% varias medidas tributarias que Bruselas le exige para liberar el quinto pago de los fondos europeos. En concreto, España se ha comprometido a revisar los beneficios fiscales ineficientes detectados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y a poner en marcha las recomendaciones del comité de expertos para la reforma tributaria, que se presentaron en la primavera de 2022.

El documento del Consejo de la UE que evalúa el Plan de Recuperación y Resiliencia de España hace referencia a la “entrada en vigor de las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE, garantizar un impuesto mínimo sobre la renta de las sociedades, hacer que el sistema tributario sea más eficiente, modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias, lo que incluye una perspectiva de género, centrándose en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes”.

Este quinto desembolsos de los fondos europeos, sin embargo, no depende solo de la aprobación de la reforma fiscal. Hay otras medidas que van vinculadas a ello —como la modificación de la Ley de Aguas, la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y creación de diversos tipos de servicios para las víctimas de violencia sexual, entre otras—, por lo que una negativa del Congreso a dar luz verde a los cambios tributarios no comprometería todo el tramo, pues en estos casos se aplica una minoración del importe total que es proporcional a la importancia del objetivo a cumplir.