Cataluña roza los 1.000 millones por el impuesto de sucesiones, su mayor recaudación en 15 años

La Generalitat recaudó el año pasado 980,7 millones de euros gracias al impuesto sobre sucesiones y donaciones. La cifra es un 4,7% superior a la del año anterior y un 11% más de lo que preveía ingresar el Govern de Pere Aragonès durante el ejercicio. Rozando los 1.000 millones, supone la cuantía más alta cosechada en los últimos 15 años. Cataluña es como un salmón que nada a contracorriente: sus ingresos crecen mientras otras comunidades autónomas, con Madrid como pionera, explotan las bonificaciones fiscales de un tributo que, como el resto de impuestos patrimonialistas, disgusta a organizaciones empresariales y a las rentas más acaudaladas.

La cifra consta en el último informe de ejecución presupuestaria del Gobierno catalán, en el que se explica que el aumento del último año se debe al incremento del número de declarantes y del valor de las herencias declaradas. Pero la cifra ha sufrido un importante crecimiento desde 2021 (un año antes se ingresaron 596 millones), que se explica por dos motivos básicamente. El principal es un cambio del régimen regulador del impuesto aprobado en 2020, que fijaba mayor presión fiscal para los herederos con mayores recursos económicos. El otro es el aumento de la mortalidad vinculado a la covid, aunque los efectos en 2023 tendrían que ser residuales. El Departamento de Economía y Finanzas ha defendido en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la defensa del anteproyecto presupuestario de 2024 que no superó el trámite parlamentario, que se ha producido un auge de presentaciones.

La patronal Foment del Treball ha defendido en los últimos años la necesidad de introducir una mejora de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, de forma que se produjera una rebaja gradual y se aproximara a la bonificación del 99% existente en la Comunidad de Madrid (la entidad exige también eliminar el impuesto de Patrimonio). Esa misma petición fue la que defendió Junts como mayor motivo de peso para no aprobar las Cuentas autonómicas del 2024, que acabaron desembocando en el adelanto electoral catalán para el 12 de mayo. El Govern, que sí preveía una rebaja del impuesto de la renta (IRPF) para los contribuyentes que ingresen menos de 33.000 euros, defendía que la situación de las finanzas catalanas, con una continuada necesidad de gasto y una abultada deuda, no permitía perder un tributo cedido que es el segundo que ofrece mayores recursos tras el de transmisiones patrimoniales (el que grava sobre todo la compraventa de inmuebles de segunda mano). En alguna ocasión, además, la consejera de Economía y Finanzas, Natàlia Mas, ha subrayado que el 75% de los catalanes que heredan apenas pagan un euro.

Pese a la defensa ahora de bonificar el 99% del impuesto sobre donaciones, Junts era uno de los integrantes del Gobierno catalán junto a ERC cuando se alcanzó un acuerdo presupuestario con En Comú Podem que contemplaba un aumento de la presión fiscal, en el que se incluía la subida de sucesiones. Entonces se pactó la introducción de coeficientes multiplicadores para aquellos herederos con un patrimonio superior a los 500.000 euros y una reducción de la bonificación del 99% al 60% en el caso de transmisiones entre hijos y padres. La entrada en vigor de los nuevos gravámenes, en 2021, dejó marca enseguida. Aquel ejercicio la Generalitat recaudó 950 millones, una cifra que se redujo un año después, hasta los 937 millones, y que ahora ha vuelto a escalar.

423 millones menos por la caída inmobiliaria

Tras ese aumento de la recaudación se encuentra también la acción de la Agencia Tributaria de Cataluña, según han reconocido algunos informes de ejecución presupuestaria mensuales de la Generalitat. La memoria de la institución de 2022 destaca diferentes iniciativas para la comprobación de las valoraciones de fincas, así como para controlar a contribuyentes que no declaran el impuesto aduciendo supuestos cambios de residencia que acaban siendo ficticios.

La evolución del impuesto sobre sucesiones y donaciones es una de las que mejoran la disponibilidad de recursos de la Generalitat, en un entorno general de contracción del 6,6%. Esa caída la animó la evolución del mercado inmobiliario, afectado por la subida de los tipos de interés, que impactó fuertemente sobre los dos principales gravámenes que le afectan: transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El primero ingresó 1.842 millones, con una caída del 12,8% respecto a 2022; y el segundo, con 605 millones, se redujo un 20%. En conjunto, esa contracción supone una merma de 423 millones en la caja autonómica, más de cuatro veces la caída esperada por el Govern.

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