El Eurogrupo reclama un “ligero ajuste” presupuestario para estrenar las nuevas reglas fiscales

España aún no tiene siquiera aprobado un proyecto de presupuestos para este año, y en Bruselas ya se empieza a hablar de cómo tienen que ser las cuentas de 2025. El Eurogrupo ha lanzado sus líneas básicas para el próximo ejercicio y plantea que sean “ligeramente contractivas” siguiendo las orientaciones de las nuevas reglas fiscales. Es decir, reclaman recortes de gasto o subidas de impuestos para empezar a reducir el déficit y la deuda y, al mismo tiempo, combatir la inflación. Defienden los ministros de Finanzas de la zona euro que esta es la apuesta presupuestaria adecuada a pesar del estancamiento en el área monetaria por la necesidad de reducir el endeudamiento acumulado en los años precedentes, con dos grandes crisis, la de la pandemia y la energética y de precios por la guerra de Ucrania, que han requerido importantes desembolsos públicos para evitar que el golpe en Europa sea mayor en hogares y empresas.

Desde las instituciones comunitarias reclamaron a los Estados miembro que para las cuentas de este año se fueran retirando esas medidas extraordinarias de ayudas y que el ahorro se destinara a reducir el déficit público. Este 2024, en el plano presupuestario, está siendo un año de transición: las nuevas reglas no están plenamente vigentes —todavía no las ha aprobado el Parlamento Europeo—. En el caso español la situación es aún más compleja. España aún no tiene las cuentas de 2024 aprobadas porque tuvo que prorrogar las de este año por el calendario electoral. Las autoridades españolas presentaron en Bruselas una proyección presupuestaria, orientativa y no definitiva hasta que logre aprobar los presupuestos de este año. No obstante, en el plan presupuestario inicial se advertía a la Comisión Europea que la situación fiscal española era “muy difícil” y cuando presentara las cuentas definitivas tendría que presentar una estrategia de reducción de deuda y de déficit creíble.

El ministro español, Carlos Cuerpo, ha asumido este escenario en su llegada al Eurogrupo al apuntar que se iba a abordar este tema y que iba a implicar en la “exigencia de reducción de déficit y deuda”. También planea este horizonte en el caso alemán, pese a que la situación de sus cuentas públicas es bastante mejor que la española. De hecho, la semana pasada el titular de Finanzas, Christian Lindner, envió una carta al resto de ministros de la coalición gobernante advirtiendo de que era el momento de ser austeros.

La entrada en vigor de las reglas fiscales este año —si finalmente el Parlamento Europeo da su bendición— implica la asunción de un calendario muy exigente. Como dice el texto aprobado este lunes en el Eurogrupo habrá que adaptar los presupuestos de los 20 países que componen la zona euro a esa recomendación de ser “ligeramente contractivos”. Pero antes, los países que superen el umbral de deuda pública equivalente al 60% o más tendrán que tener listos —negociados con la Comisión Europea y aprobados por el Consejo— sus planes de ajuste de cuatro años extensibles hasta siete si se comprometen a hacer reformas e inversiones.

“Nos comprometemos a garantizar su aplicación coherente y rápida a lo largo de este año”, subrayan los ministros en el texto aprobado. “Seguiremos aplicando reformas estructurales ambiciosas y preservando y, en su caso, aumentando el nivel de inversión, también en ámbitos de prioridad común, como las transiciones ecológica y digital, así como las capacidades de defensa, financiadas a través de fuentes nacionales y de la UE, incluido el Fondo de Recuperación y Resiliencia”.

En el caso español, esos fondos comunitarios del plan de recuperación son clave para mantener el nivel de inversión, dada la compleja situación fiscal y el alto déficit estructural. Y precisamente ahora ambos temas están sobre la mesa del Ejecutivo: la presentación de los presupuestos para este año no puede demorarse más de unas semanas y en pocos días tiene que tomarse algún tipo de decisión respecto del cuarto pago a España del plan de recuperación por unos 10.000 millones.

La semana próxima, el 20 de marzo, se agota el plazo de tres meses para que la Comisión Europea finalice su evaluación de los 60 hitos y reformas correspondientes a este tramo del plan español. En él hay una ausencia notable, la reforma del subsidio de desempleo, que el Congreso tumbó en enero por la falta de apoyo de los diputados de Podemos. Apenas faltan nueve días para que se cumpla el plazo y todo apunta a que España o Bruselas tendrían que pedir más tiempo o a que el Gobierno acepte una minoración temporal del pago (como ya ha sucedido en algunos casos, como el Lituania), y aprobar la reforma en el plazo de seis meses.

“Estamos intentando apurar los plazos para intentar llegar a esa evaluación a tiempo. En cualquier caso, este es el momento de avanzar y tener esas conversaciones a nivel técnico para conseguir una valoración positiva”, ha apuntado Cuerpo a su llegada a Bruselas, poniendo énfasis en los “avances” que se han hecho en las últimas semanas. No obstante, él mismo ha admitido que en este momento “las dos opciones son posibles”.

Fuentes del Gobierno español admiten que estos dos son los escenarios probables, porque no hay solo un problema con la reforma de subsidios, sino que también hay algún asunto de complejidad técnica sobre el que Bruselas pide cambios, viendo las exigencias del Tribunal de Cuentas Europeo en las auditorías del Fondo de Recuperación hechas hasta ahora. Esto podría implicar, apuntan otras fuentes del Gobierno, que fuera necesario un mes más de plazo para que el cuarto pago viera la luz.

“No se ha decidido una extensión por el momento”, ha apuntado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que esta misma semana viajará a Madrid para estar presente, precisamente en un acto sobre el Fondo de Recuperación en Madrid. “La cooperación con España es muy buena y consideramos a España entre los países que lideran la ejecución del fondo de recuperación, también con reformas complicadas”, ha zanjado.

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