Una propuesta de ley plantea penas de cárcel en EE UU por invertir con criterios ESG

La inversión con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (conocidos como ESG, por sus siglas en inglés) se ha convertido en uno de los frentes de la guerra cultural estadounidense. Entre numerosos gestores de inversión, esas iniciales se han puesto de moda en los últimos años. Numerosas empresas, primero, estadounidenses, y luego de todo el mundo, también han abrazado criterios de sostenibilidad y gobernanza en su gestión. Sin embargo, eso ha provocado una reacción en contra. El Partido Republicano ha emprendido una ofensiva contra el uso de esas pautas en las decisiones de inversión porque lo considera activismo político progresista. El último paso es una propuesta de ley registrada en la Cámara de Representantes estatal de Nuevo Hampshire, con sede en Concord, en la que tres diputados proponen que, en ciertos supuestos, el uso de criterios ESG sea castigado con penas de hasta 20 años de cárcel. Los propios promotores son conscientes de que su propuesta tiene algo de provocación.

El proyecto de ley prohíbe la inversión de fondos del Tesoro estatal de Nuevo Hampshire, las agencias de la rama ejecutiva, y del sistema de jubilación estatal en inversiones que tengan en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Una de sus disposiciones señala: “Será un delito punible con no menos de un año y no más de 20 años de prisión violar las disposiciones de esta sección mediante la inversión de fondos estatales o de los contribuyentes a sabiendas de una manera que viole el deber fiduciario en relación con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)”.

Uno de los promotores de la norma es el representante republicano Travis Corcoran. Dice que normalmente no responde a los periodistas porque los medios de comunicación estadounidenses “no se preocupan en absoluto por la verdad, sino que sirven como apologistas y propagandistas del Estado profundo estadounidense”, pero que le concede a EL PAÍS “el beneficio de la duda”.

Corcoran argumenta que “es simple matemática, estadística, lógica que si acotas tus selecciones en algún espacio como buscar casa, adoptar un perro o elegir un fondo de acciones, cuantos más criterios añades, menos opciones obtienes, y menos probable es que obtengas la mejor opción para tus criterios primarios”, en este caso, la rentabilidad. “Si buscamos al mejor violinista del mundo y decidimos limitar nuestra búsqueda a los zurdos albaneses, puede que tengamos suerte y encontremos al mejor, en el caso de que el mejor sea precisamente un zurdo albanés, pero es casi seguro que habremos descartado la docena de mejores opciones”.

“Eso puede o no ser un problema si estamos contratando para una orquesta. ¿Hay realmente una gran diferencia entre el mejor violinista del mundo y el 25º mejor?, pero cuando se trata de finanzas, las distinciones entre el primero, el quinto y el 300º puesto son claras, y se miden en dólares y centavos”, continúa. Y señala que la diferencia entre invertir en el mejor fondo del mercado y hacerlo limitándose al mejor gestionado con criterios ESG acaba produciendo una “enorme brecha que debe ser compensada por los contribuyentes”, según Corcoran, representante de un distrito del condado de Hillsborough .

“¿Por qué tienen que pagar los contribuyentes de Nuevo Hampshire cantidades demenciales de dinero solo para subvencionar las creencias de lujo de las clases parlanchinas con diplomas, pero realmente no muy inteligentes? Estas creencias, tal y como se expresan en las normas ESG, codifican ideas tontas como ‘las empresas deben tener un determinado número de mujeres en el consejo’, aunque no haya muchas mujeres en el mundo cualificadas en el área específica en la que opera la empresa, y ‘discriminar a los hombres blancos en la contratación y la promoción es beneficioso y moralmente bueno”, sigue, sacando a relucir todo el arsenal conservador en la materia.

Mike Belcher, otro de los promotores de la norma, argumenta en la misma línea que “la inversión ESG debe prohibirse en los fondos gestionados por el Estado porque esta práctica provoca necesariamente una disminución de los beneficios al dar prioridad a criterios distintos de las ganancias financieras”. “Como tal, la inversión ESG es similar al fraude en que estas ganancias no percibidas se aprovechan para el activismo social y político. El fraude es un delito grave, y esta práctica debería ser tratada del mismo modo”, añade.

“Hilarante”

Cuando se le pregunta a Corcoran si ve necesario imponer penas de cárcel, contesta: “¿Es necesario? No. ¿Hilarante? Absolutamente” y muestra cuáles son sus referentes: “Javier Milei, presidente de Argentina, ha demostrado la utilidad del drama, la pasión y una buena puesta en escena”, dice. “Aunque yo dejo mi motosierra en el granero, en lugar de llevarla a la Cámara de Representantes de Nuevo Hampshire, la retórica, el teatro y el humor tienen cabida en el proceso político”, señala, admitiendo implícitamente que su propuesta tiene algo de provocación.

Aun así, está convencido de que la ley se aprobará. “Por supuesto. Lo que no quiere decir que crea que se aprobará en 2024″, contesta. Recurre conscientemente a una falsa cita atribuida a Gandhi y la parafrasea: “Que se rían al principio. Que se peleen con nosotros después. Y al final, que teman las penas por delitos graves y dejen de malgastar el dinero de los contribuyentes en sus afanes vanidosos”.

“Esto va de ampliar la ventana de Overton del discurso político aceptable”, añade, en referencia a esa teoría del profesor Joseph Overton que representa el ideario aceptable por el público como una ventana estrecha, y sostiene que la viabilidad política de una idea se define principalmente por si está dentro del margen considerado aceptable. “Puede que la clase política se ría de mis copatrocinadores y de mí, pero la idea de criminalizar a la gente que no sabe usar una calculadora de notación polaca inversa para tomar decisiones de inversión basadas en intuiciones y vibraciones es buena”, concluye con algo de sorna.

Se apruebe o no, la propuesta es un ejemplo de cómo para la mayoría de los políticos republicanos los criterios ESG son una forma de imponer una agenda progresista por la puerta de atrás. Lo importante para ellos es maximizar el beneficio y lo demás son milongas de capitalismo woke, como lo denominan despectivamente, en referencia a quienes supuestamente han despertado (woke) ante las injusticias y los problemas sociales y se disponen a combatirlos.

Los gobiernos republicanos de Florida, Texas, Luisiana y Carolina del Sur han castigado a firmas de inversión por abrazar esos criterios. Más de una docena de Estados republicanos están promoviendo leyes antiESG que impiden que se gestionen fondos públicos con esos criterios o que se concedan licitaciones a empresas que los apliquen de forma que consideren discriminatoria.

Vivek Ramaswamy, que era uno de los candidatos republicanos a las primarias para la presidencia, había convertido la lucha contra el capitalismo woke y los criterios ESG en uno de los ejes de su campaña. Ramaswamy se retiró tras su fracaso en los caucus de Iowa y ahora ha ofrecido su apoyo a Donald Trump, favoritos para la nominación, que abraza un credo similar.

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