El Gobierno aflora 100.000 empleados públicos en prácticas y eleva la plantilla total a tres millones

En España existen oficialmente 2.967.578 empleados públicos, según las últimas cifras de julio de 2023 recogidas en el Registro Central de Personal, que acaba de actualizar el departamento de Función Pública —que ha pasado de depender del Ministerio de Hacienda en la anterior legislatura al de Transformación Digital en la actual—. Esta cantidad de empleados públicos es superior en 236.461 personas a las registradas un año antes, lo que aparentemente supondría un fuerte incremento del empleo público del 8,6% en un año, cuando el total de trabajadores en administraciones y entidades públicas era de 2,7 millones.

Aunque a primera vista pueda parecer que la creación de empleo público fue cinco puntos porcentuales superior al ritmo de crecimiento del empleo privado (que aumentó un 3% entre mediados de 2023 y 2022), la realidad es que no todo este aumento de empleos en el sector público obedece a nuevas contrataciones. Por un lado, se debe a un efecto de afloración estadística, y, por otro, al incremento de trabajadores interinos. Estos últimos ocupan plazas ya existentes, pero dejadas vacías por sus propietarios por distintos motivos (promoción, jubilación —seis de cada 10 empleados públicos tiene más de 50 años—, o por su marcha al sector privado…).

En concreto, los responsables de Función Pública decidieron, ya en enero, incorporar en al Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas —donde aparecen recogidos los datos del Registro Central de Personal— a dos nuevos colectivos que antes no quedaban reflejados en esta estadística: el personal en formación o prácticas y aquellos trabajadores con contratos temporales de menos de seis meses, explican los responsables de esta publicación. Esto ha supuesto, según los últimos datos de este boletín (que se actualiza en enero y julio de cada año) la afloración de casi 100.000 trabajadores en proceso de formación. Concretamente, la estadística oficial incluye ahora 96.500 empleados en prácticas (37.796 son personal funcionario, cuya plaza exige cursos de formación; y otros 58.649 son personal laboral).

El otro colectivo que se incorpora a la estadística es el de aquellos que tienen un contrato temporal inferior a los seis meses. Pasan a formar parte del epígrafe de la plantilla denominado “personal laboral” igual que el resto de temporales. Con ello, el número de trabajadores adscrito a ese grupo pasa de 609.083 en julio de 2022 a 641.599 un año después, lo que supuso un incremento del 5,3% (32.516 efectivos más). Si bien en este caso, los responsables del registro no han desglosado cuántos de ellos corresponderían a contratados de corta duración o a creación de empleo temporal de más de seis meses.

Estos dos tipos de empleados públicos incorporados a la estadística explicarían más de la mitad de los nuevos trabajadores contabilizados hasta mediados del pasado año en las Administraciones, mientras que personal funcionario interino explicaría prácticamente la otra mitad, ya que se registraron 97.711 efectivos interinos más en un año. Así, en julio de 2022 era 657.557 y subieron a 755.268 en el mismo mes de 2023. Los sectores sanitario y educativo de las comunidades autónomas son los que más personal interino acumulan. Mientras que dentro de la Administración General del Estado (AGE) se han generado más de lo habitual para cubrir puestos de gestores en la Seguridad Social (por el ingreso mínimo vital); el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la gestión de los fondos europeos.

A diferencia de los empleados en prácticas y de los contratados por menos de seis meses, donde la estadística ha aflorado empleo ya existente, en el caso de los interinos, estas plazas no son nuevas pero sí se cubren con nuevas contrataciones. De hecho, así aparece reflejado en el registro de afiliados a la Seguridad Social en las Administraciones Públicas, donde se han contabilizado en este mismo periodo cerca de 100.000 nuevos afiliados. Esto representa un crecimiento anual del empleo público del 3,4% frente al avance del 2,7% con el que cerró la afiliación en general el pasado año. Desde la pandemia y también en el último año, aproximadamente uno de cada cinco nuevos empleos los ha generado el sector público.

Diferencias en la contabilidad

Ambos registros —el de Seguridad Social y el Central de Personal— reflejan el mismo número de asalariados del sector público: tres millones de trabajadores. Sin embargo, las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) apuntan a la existencia de medio millón más de empleados públicos. Es más, fuentes gubernamentales han explicado que esta incorporación de nuevos colectivos a la estadística del boletín de personal obedece, entre otras cuestiones, a intentar acercar los registros de empleados públicos a las cifras de la EPA, algo que aún queda lejos porque esta última contabilidad refleja la existencia de 3,5 millones de trabajadores en las Administraciones y sector público empresarial.

¿A qué se debe este desfase entre los registros oficiales y la EPA? Para empezar hay que detectar dónde están los trabajadores de más en la encuesta del INE. Con un rápido vistazo se detecta que dichos empleados se concentran, sobre todo en la Administración autonómica, donde la EPA dice que hay unos dos millones de trabajadores, 155.000 más que lo que aparece en el Registro de Personal; y en los Ayuntamientos y entidades locales, donde la encuesta dice que hay 700.000 trabajadores frente a los casi 600.000 del registro de Función Pública. Estas diferencias se producen porque al ser una encuesta, cuando se pregunta a los encuestados por quién es su empleador, muchos de ellos que trabajan para contratas de comunidades autónomas o ayuntamientos responden (erróneamente) que trabajan para estas Administraciones.

Pero, además, según las metodologías que usa el Registro Central de Personal sus estadísticas no incluyen, entre otros: a altos cargos de las Administraciones Públicas; cargos electos; personal al servicio de los órganos constitucionales, así como órganos equivalentes en las comunidades autónomas; personal de sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones o de otros entes con dotación diferenciada del sector público del Estado; personal del sector público institucional de las comunidades autónomas y de la administración local, con excepción de los organismos autónomos; personal en reserva, segunda actividad; trabajadores del Centro Nacional de Inteligencia; ni magistrados, jueces y fiscales.

En definitiva, la plantilla real de trabajadores de todas las Administraciones, instituciones y empresas públicas es superior a los tres millones que incluye la estadística oficial de personal pero inferior a los 3,5 millones que salen reflejados en la Encuesta de Población Activa del INE. En cualquier caso, esta plantilla crecerá sustancialmente en los próximos meses a medida que se vayan ocupando los puestos correspondientes a las últimas Ofertas Públicas de Empleo, que solo el pasado año supusieron un récord histórico de casi 40.000 empleos, tanto de promoción interna como de nueva creación.

Las mayores generadoras de empleo público en términos absolutos son, sin duda, las comunidades autónomas. Estos organismos, que ya emplean a casi 2,1 millones de trabajadores en toda España, han creado 240.000 puestos de trabajo desde justo antes de la pandemia hasta finales de 2023 (y casi medio millón desde 2013, cuando se registró el nivel más bajo de empleo tras la crisis financiera). Le siguen las Administraciones locales, que han generado unos 50.000 empleos desde 2019 (100.000 desde 2013); y la Administración estatal, con 20.000 puestos más desde la pandemia. Pero, entre los organismos públicos que más han aumentado su plantilla en esta última etapa de recuperación tras la crisis de la covid está la Seguridad Social, donde los efectivos han crecido hasta 30.600, un 33% más que en 2019. Sin embargo, aún no han recuperado los niveles de empleo de diez años antes.

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