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La CNMC inicia un expediente sancionador contra Repsol ante posibles prácticas anticompetitivas

Competencia investiga a la energética por ofrecer descuentos adicionales en combustibles a través de aplicaciones o tarjetas de fidelización y por incrementar el precio de distribución a estaciones independientes

Repsol
El logotipo de Repsol en una gasolinera de Madrid.VIOLETA SANTOS MOURA (REUTERS)
J. S. G.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Repsol por posibles prácticas anticompetitivas, constitutivas de un “abuso de posición de dominio” en el mercado de la distribución mayorista de combustibles para automoción en España. En concreto, Competencia investiga a varias filiales de la petrolera española por emplear una agresiva política de descuentos, al tiempo que encarecía los precios mayoristas a sus rivales de bajo coste.

La investigación arrancó el año pasado cuando técnicos del organismo supervisor inspeccionaron sedes de Repsol, Cepsa y BP tras varias denuncias de las gasolineras low cost, aunque finalmente Competencia solo ha abierto expediente a la compañía presidida por Antonio Brufau. Entre las firmas expedientadas están Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Repsol Directo, Repsol Customer Centric, Solred, Campsa Estaciones de Servicio y a Repsol, como grupo influye en toda la cadena de valor del proceso de producción y comercialización de combustibles para la automoción.

La CNMC detalló que la petrolera habría aprovechado su posición de dominio en el mercado mayorista de hidrocarburos en España para ofrecer hasta diciembre de 2022 descuentos adicionales en combustibles a los usuarios de sus estaciones de servicio a través de aplicaciones o de tarjetas de fidelización y pago. Además, incrementó el precio que terceros, competidores —estaciones de servicio independientes—, le pagan por adquirir el combustible en el mercado mayorista. Por ello, dada la posición de Repsol en el mercado mayorista, las conductas habrían supuesto una estrategia “exclusionaria” frente a estos terceros. Además, esas conductas pueden haber tenido la capacidad de erosionar los márgenes comerciales de los competidores y limitar la competencia en la distribución minorista, según la CNMC. Las citadas conductas podrían constituir una posible vulneración del artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Repsol rechaza el expediente

Por su parte, fuentes de Repsol consultadas por Europa Press rechazaron “rotundamente” este expediente abierto por la CNMC y aseguraron que la compañía “no tiene una posición de dominio en el mercado de carburantes español y cumple de forma estricta con la regulación en materia de competencia”. Asimismo, recordaron que Repsol ha realizado “un enorme esfuerzo para ayudar a sus clientes a través de descuentos y hacer frente así a las subidas de precios derivadas de la guerra en Ucrania”, con más de 500 millones de euros destinados a descuentos en sus estaciones de servicio en España. Por ello, consideraron que el organismo de Competencia ha abierto un expediente sancionador “por una medida dirigida a favorecer a los consumidores”.

La investigación se inició a raíz las denuncias presentadas por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos por prácticas contrarias a los artículos 2 de la LDC y 102 TFUE. Ante la sospecha de existencia de posibles prácticas anticompetitivas, la CNMC abrió una información reservada (artículo 49.2 de la LDC) y llevó a cabo una inspección domiciliaria en la sede de Repsol. Finalmente, la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, a la par que se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

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Sobre la firma

J. S. G.
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.
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