La propuesta de Trabajo para subir el SMI un 4% no logra el respaldo de patronal y sindicatos

El Ministerio de Trabajo propone que el salario mínimo crezca un 4%, de los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas actuales a 1.123. Esta es la cifra que el departamento de Yolanda Díaz ha transmitido a los agentes sociales en la segunda reunión al respecto, celebrada este lunes por la mañana en el ministerio. De momento, los sindicatos rechazan esta propuesta, aunque reconocen que se acerca a sus posiciones y que hay margen para llegar a un acuerdo.

Por su parte, la patronal tampoco apoya el planteamiento de Trabajo porque no se compromete a cumplir las dos condiciones que exigen para aceptar un incremento: una deducción de las cuotas sociales en el sector agrario y un aumento de las contratas públicas que compense el alza del SMI. “Hemos sido informados de la propuesta planteada por el Gobierno, si bien hemos vuelto a poner sobre la mesa los planteamientos que llevamos ya en la primera reunión, que tienen que ver, en especial, con la necesidad de indexar los contratos públicos al SMI y con que su evolución vaya a la par del marco general de la negociación colectiva”, indican fuentes de la CEOE. Respecto a este asunto, fuentes de Trabajo explican que lo hablarán con los ministerios que tienen esa competencia, especialmente el de Hacienda. Pero desde este ministerio ya han avisado de que no les gusta la idea. “No tendría ningún sentido que la subida del salario mínimo interprofesional fuera a costa de que las Administraciones públicas tuvieran que hacer frente a un mayor coste por los servicios que prestan”, ha dicho esta tarde la ministra María Jesús Montero.

A consultas de este periódico, desde Trabajo explicaban antes de la segunda reunión que esta mesa de diálogo se dedica a actualizar el salario mínimo, no a otros asuntos. Por ello, consideraban que ni la petición referente al campo ni la de las contratas públicas debían estar en el centro del debate. La reunión de este lunes ha cambiado esta posición, al menos para el segundo tema. “No somos competentes en esta materia, pero estamos dispuestos a trasladar esta petición a los ministerios competentes. Por tanto, hay margen para el acuerdo y esas concesiones administrativas que puedan ser revisadas, tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios”, ha comentado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

El ministerio clave a este respecto es el de Hacienda, dirigido por la socialista Montero. “La subida del salario mínimo no puede ser a costa de la propia recaudación del conjunto de los españoles. Indexación, aunque sea una palabra que a la gente le resulte rara significa que ahora pagaremos por esos servicios más de lo que veníamos pagando anteriormente. Siendo deseable la subida del salario mínimo no puede ser a costa de esta cuestión, que siempre la han presentado invariablemente la patronal y los empresarios”, ha comentado la responsable de las cuentas públicas. En Trabajo insisten en que la propuesta les parece “razonable”. “No podemos imponerlo, pero creemos que se puede hablar”, añaden. También será importante lo que diga Economía, en plena disputa con Trabajo a cuenta de la reforma de los subsidios por desempleo.

No hay fecha para la próxima reunión, pero los sindicatos indican que Trabajo les ha informado de que se celebrará “en breve”, en cuanto conozcan la disposición de Hacienda a emprender esta reforma. Con todo, el ministerio no necesita el respaldo de los agentes sociales para aprobar el incremento, ni siquiera requiere una mayoría parlamentaria. En cuanto se apruebe en el Consejo de Ministros, con toda probabilidad antes de que acabe el año, se traslada al Boletín Oficial del Estado (BOE). “Estoy plenamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo. Estamos muy cercanos”, ha añadido Díaz.

La otra condición de CEOE y Cepyme para acceder a un incremento es un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, “con una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos ya vigentes”, indican las patronales en una nota de prensa. Trabajo también venía rechazando esta posibilidad, ya que consideran que los incrementos del SMI no han tenido un efecto negativo en el sector. Fuentes de la negociación señalan ahora que Trabajo también se abre a explorar esta posibilidad, que en este caso sí entra dentro de su ámbito de competencia.

Con estas dos condiciones, la patronal pone encima de la mesa un incremento del 3%, que se podría ampliar con un 1% adicional a final de año si la inflación cierra por encima de esta cifra. Estos términos coinciden con lo pactado por sindicatos y patronal en el acuerdo salarial suscrito en mayo.

Los sindicatos quieren ir más allá

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha señalado al final de la reunión que la propuesta de Trabajo “asume la petición de la patronal”. “Queremos saber si la patronal es coherente con lo que ella misma pide. Pidió 3+1 y el Gobierno plantea un 4%″, ha agregado. No ha especificado cuál es la propuesta exacta de su sindicato, ya que será superior o inferior en función de si la patronal termina participando en el acuerdo. Sin los empresarios, UGT pedirá más ambición a Trabajo.

Lo que sí ha dejado claro Luján es que “a lo largo de la legislatura”, el salario mínimo debería alcanzar los 1.200 euros, cifra con la que, según los cálculos del sindicato, se alcanzaría el 60% del salario medio. El compromiso de PSOE y Sumar es que la menor retribución posible se equipare a este porcentaje. En Trabajo estiman que el SMI ya ha alcanzado ese 60% y que para mantenerlo se debe incrementar de forma parecida a la inflación. La previsión es que el alza de los precios de 2023 termine muy cerca de ese mencionado 4%.

Por su parte, CC OO ha dicho que el incremento debería ser superior al planteado por Trabajo, de en torno al 5%, para compensar más el alza de los productos básicos (de en torno al 10% a lo largo del año). “Pero venimos a una mesa de negociación y estamos dispuestos a negociar”, ha comentado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO. “Las organizaciones empresariales no han movido su postura y, por tanto, no ha habido margen para intentar acercar posiciones. Cada una de las partes nos hemos mantenido en las mismas”.

Tanto Luján como Vicente han destacado que están de acuerdo con la reivindicación de la patronal respecto a los contratos públicos. Pero han matizado que esta no debería ser una línea roja, que sería más adecuado alcanzar un compromiso ahora para el salario mínimo y abordar este asunto más adelante. El pacto salarial de mayo ya fijaba posición al respecto de sindicatos y empresarios: planteaban “eliminar la imposibilidad de realizar una revisión de precios o al menos permitir la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación que impliquen incrementos de costes laborales”. Esto repercute especialmente en empresas que prestan servicios de bajo valor añadido y que contrata el Estado, como limpieza o jardinería. Es la propia Administración Pública la que suele contratar a las empresas que plantean un precio más bajo, que suele ir relacionado con retribuciones inferiores a la media.

Respecto a las bonificaciones para el sector agrícola, tanto UGT como CC OO han manifestado su rechazo. Creen que para abordar esta cuestión, primero deberían mejorar las condiciones laborales, que se desbloquee la negociación colectiva y que muchos convenios superados por el SMI se actualicen.

Trabajo, CC OO y UGT han acordado las tres últimas subidas del SMI (de 950 euros brutos en 14 pagas a principios de 2020 a 965 en septiembre de 2021, de ahí a 1.000 en septiembre de 2022 y de esa cifra a 1.080 en enero). A ellos se sumó la patronal en el acuerdo de enero de 2020, que elevaba el SMI a 950 euros mensuales. Ese fue el primer incremento con Díaz como ministra de Trabajo, pero antes hubo otro acelerón, en diciembre de 2018. El entonces Gobierno en solitario del PSOE, que tomó las riendas tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se comprometió con sus socios parlamentarios de Unidas Podemos a incrementar el SMI de 736 a 900 euros, pacto que cristalizó en el BOE en el inicio de 2019.

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