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La UE corrige las previsiones de pensiones de Escrivá y hace más probable un ajuste en 2025

El informe de envejecimiento, con el que se valorará en 2025 si activar el mecanismo de corrección de las pensiones, usará un crecimiento medio de la economía del 1,2% en lugar del 2% que utiliza la Seguridad Social

Pensiones
Una pareja de jubilados paseaba por las calles de Sevilla el pasado octubre.PACO PUENTES
Antonio Maqueda

En 2025 se evaluará la reciente reforma de pensiones y se activarán medidas si se detecta una desviación del gasto previsto hasta 2050. El Ministerio de Seguridad Social ha elaborado un informe en el que justifica que no harán falta más reformas. Sin embargo, la Comisión Europea ha publicado las previsiones sobre las que se basará esa evaluación de 2025. Y en ellas corrige el crecimiento económico que augura el ministerio para las próximas tres décadas. En lugar del 2% anual que usa el departamento de José Luis Escrivá, la Unión Europea fija un 1,2% de crecimiento medio entre 2022 y 2050. Enmienda las proyecciones de la Seguridad Social y hace más probable que se emprenda un ajuste en 2025.

La UE ha hecho públicos los supuestos con los que se confeccionarán las previsiones de gasto en pensiones del Ageing Report, el informe sobre envejecimiento cuyos resultados se publicarán en 2024 y que en España se utilizará en 2025 para evaluar si hacen falta medidas con las que corregir la evolución del gasto en pensiones. Si se estima que, una vez restadas las medidas adoptadas de ingresos, los desembolsos superan el 13,3% del PIB en el promedio entre 2022 y 2050, entonces habría que aprobar nuevas reformas. De no hacerlo, se pondría en marcha a lo largo de cinco años un incremento automático de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores por valor, cada año, de una quinta parte del desajuste calculado.

Según el estudio del Ministerio de Seguridad Social, la partida de pensiones no sobrepasará el 12,4% del PIB una vez sustraídas las medidas de ingresos y, por lo tanto, no haría falta activar este mecanismo pactado con Bruselas, introducido en la ley y que se evaluará cada tres años. Sin embargo, para llegar a esa conclusión, el departamento del ministro José Luis Escrivá vaticinó un crecimiento medio del PIB del 2% en el periodo. Por el contrario, el informe de la UE utilizará una previsión mucho más conservadora: del 1,2%, ocho décimas menos al año, lo que implicaría que, casi tres décadas después, el PIB sería un 20% menor y, en consecuencia, el gasto en pensiones acabaría siendo bastante mayor en proporción al tamaño de la economía.

La proyección que se empleará se acerca mucho más a la que pronostica la Autoridad Fiscal. Este organismo usaba un avance medio del PIB del 1,3% y calculaba, al contrario de lo que considera la Seguridad Social, que sería necesario activar el mecanismo de corrección en 2025. La UE corrige, por tanto, el optimismo con el que elaboró el ministerio sus previsiones. Al elaborarse los cálculos de 2025 con estos números y no con los de Escrivá, aumentan las probabilidades de que dentro de algo más de un año se tenga que activar el instrumento de corrección. Instituciones como la OCDE, la Autoridad Fiscal, el Banco de España o Fedea ya han alertado sobre este hecho. En definitiva, los supuestos de la UE ponen de manifiesto que existe un riesgo de que la reforma se haya cerrado en falso y que no sea suficiente para asegurar la sostenibilidad. Seguiría por tanto pendiente el reto de financiar en los próximos años la jubilación del baby boom, la generación más numerosa y que se corresponde con los nacidos en España entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta.

Por su parte, el ministro Escrivá ha tildado muchas veces de agoreras las previsiones de otros expertos y organismos. Y fuentes del ministerio señalan que, aunque esta metodología común genera resultados no totalmente equivalentes a las proyecciones realizadas por la Seguridad Social, los principales parámetros macroeconómicos se comportan de manera similar en ambas proyecciones. El ministerio destaca el buen comportamiento en las previsiones europeas de la productividad, el empleo y las tasas de participación en el mercado laboral, en línea con los incentivos creados para impulsar de forma voluntaria la edad de jubilación. Y subraya que la traslación de estos escenarios macroeconómicos y demográficos al gasto en pensiones es un ejercicio que aún no ha concluido en el seno del Ageing Report.

La Autoridad Fiscal planteaba en su escenario base que entre 2022 y 2050 el gasto promedio en pensiones alcanzará el 15,1% del PIB tras volver a vincular las prestaciones al IPC. Y señalaba que las medidas de ingresos planteadas solo suponían una corrección de un punto del PIB. Así que faltaban 0,8 puntos para cumplir con el límite de gasto neto exigido por Bruselas y recogido en la legislación. Este desfase equivale a unos 11.000 millones de euros anuales con el tamaño actual de la economía e irá creciendo conforme lo haga el PIB. A esto habría que añadir el desequilibrio contable que ya existe por valor de unos 10.000 millones, un déficit que persiste incluso después de que ya se hayan transferido más de 20.000 millones anuales de impuestos a la Seguridad Social y 7.000 millones a las pensiones de los funcionarios.

Si se toman todos los cálculos del ministerio y únicamente se cambian las cifras de PIB para poner el 1,2% de la UE, esto en principio elevaría el gasto sustancialmente sobre el que prevé el Gobierno. De hecho, la Autoridad Fiscal elaboró varios escenarios con diferentes proyecciones de crecimiento. Y aunque el resultado final dependerá de más factores, de estas estimaciones podría deducirse que por cada décima menos de crecimiento del PIB, el gasto subiría en unas dos décimas. Así que sería plausible pensar que el gasto neto de medidas podría escalar hasta el 14% del PIB solo por cambiar la previsión de crecimiento. Supondría situarse siete décimas por encima de la barrera del 13,3% fijada en el mecanismo de corrección.

Incluso si el PIB crece hasta 2025 algo más que lo proyectado para el periodo, esto no supondría una diferencia muy significativa. Eso sí: el Gobierno todavía tiene que acordar con la Comisión Europea la manera en que se proyecta la senda de gasto sobre PIB. Y Eurostat tendrá que supervisarlo junto al resto de países en el consejo del Ageing Report. Uno de los elementos que deberían valorar es el efecto que tendrán los incentivos a la jubilación demorada. Las estimaciones de la Seguridad Social se basan en que la mitad de los nuevos pensionistas se jubilará de forma voluntaria tres años más tarde de la edad legal. Gracias a esta hipótesis del ministerio, la proyección del gasto en pensiones bajaba 1,4 puntos de PIB. Sin embargo, la Autoridad Fiscal ya redujo este efecto a la mitad: 0,8 puntos de PIB. E incluso así advertía del reto que suponía lograr que un porcentaje tan importante retrasara durante tanto tiempo su jubilación. En el primer año de vigencia de los nuevos incentivos, la evolución del retiro demorado ha sido muy positiva, duplicándose del 4% de las jubilaciones al 8%. Sin embargo, todavía queda mucho para llegar al 50% de las jubilaciones y que lo hagan durante tres años. Un informe de Fedea afirmaba sobre esta previsión que “convendría ser más cautos” y que, además, el ahorro por año retrasado estaba sobreestimado.

La revisión al alza del PIB que ha publicado el INE, la cual no se ha contemplado en estos supuestos, mejoraría algo el dato de partida de gasto en pensiones. Además, el Gobierno habla del impacto positivo que tendrán en los ingresos la reforma laboral, el afloramiento de economía sumergida y la subida del salario mínimo. Considera que estos elementos tendrían un efecto de 0,6 puntos de PIB en el promedio 2022-2055. No obstante, la Autoridad Fiscal, que será la encargada en 2025 de evaluar las medidas de ingresos, tendrá que examinar si tiene en cuenta estas iniciativas al no tratarse de medidas vinculadas a las pensiones y encontrarse en realidad plasmadas en las proyecciones que se usan de PIB o empleo.

Otro elemento importante en estos cálculos es la población. Eurostat estima que en 2050 habrá 1,8 millones menos de personas en edad de trabajar que lo que dibuja la Seguridad Social. Las cifras del organismo europeo, que son las que se emplearán para el examen de 2025, hacen que la proporción de jubilados respecto al número de trabajadores se eleve de manera sustancial, aumentando también las probabilidades de activar el mecanismo de corrección. Los mayores de 65 años representan ahora el 33% de la población entre 20 y 64 años. Y esta proporción será del 64% en 2050 con los números de Eurostat. Es decir, se pasará de los dos trabajadores por pensionista a los 1,2 dentro de casi tres décadas.

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Antonio Maqueda
Periodista de la sección de Economía. Graduado en Periodismo en la Universidad de Navarra y máster por la Universidad de Cardiff, ha trabajado en medios como Cádiz Información, New Statesman, The Independent, elEconomista y Vozpópuli.
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