Así retribuirá Escrivá a los supervisores del macrofondo de pensiones de promoción pública

El macrofondo de pensiones de promoción pública ideado y desarrollado por el equipo del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está a punto de arrancar de forma efectiva en próximas semanas previsiblemente, según aseguran fuentes de este departamento. Tras más de un año de intensos trabajos técnicos —entre los que ha estado el diseño y comercialización de la también novedosa figura de los planes de empleo simplificados— se siguen cerrando los requisitos legales para que pueda empezar a entrar el dinero en los fondos de pensiones de promoción pública (a los que podrán acceder las pymes, trabajadores autónomos y sus asociaciones, empleados públicos, colegios profesionales y mutualidades).

El último de estos trámites se ha incluido en una orden ministerial que se publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y determina cómo se retribuirá a los 13 miembros de la futura Comisión de Control Especial, que se encargará de “supervisar todos los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos”, dicta el texto normativo. Estos profesionales —que serán escogidos en próximos días por la Comisión Promotora y de Seguimiento, el otro órgano gestor del macrofondo— deberán acreditar “al menos cinco años de experiencia profesional en la gestión de fondos o planes de pensiones o en otras actividades relacionadas que garanticen el suficiente conocimiento, capacidad de supervisión y gestión, además de no incurrir en incompatibilidades ni en situaciones de conflictos de interés”, añade la orden ministerial. El régimen de incompatibilidades se establecerá reglamentariamente más adelante y determinará con qué actividades podrán compaginar o no su pertenencia a este organismo.

Esta comisión de control estará formada por un total de 13 miembros: cuatro propuestos por los sindicatos más representativos, otros cuatro a propuesta de las asociaciones empresariales más representativas y cinco elegidos por el Ministerio de Inclusión. A diferencia de los vocales de las comisiones de control de los fondos de pensiones de promoción privada, que ejercen su función de forma gratuita, todos los miembros de este organismo que supervisará el macrofondo de promoción pública recibirán una remuneración por su asistencia a las reuniones previstas por la propia ley (al menos una mensual, una trimestral y otra anual) que será de 3.375 euros brutos al mes en doce pagas, lo que supondrá unos pagos anuales de 40.500 euros brutos. Si bien, a esta cantidad se podrá sumar una “retribución adicional” que oscilará entre los 1.390 y 1.668 euros más por cada reunión extraordinaria a las antes mencionadas o aquellas celebradas por distintos comités de trabajo que puedan constituirse.

Reuniones extraordinarias

El variable de esta retribución adicional, que podrá cobrarse por un máximo de 22 reuniones extraordinarias anuales, vendrá marcado por el volumen de patrimonio de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos y que deban supervisar estos profesionales en cada momento. Así, hasta que el volumen del patrimonio gestionado por este fondo no supere los 1.500 millones de euros —algo que tardará bastantes meses en suceder, previsiblemente— la retribución adicional por las reuniones extraordinarias será de 1.390 euros. Esta cantidad irá creciendo progresivamente hasta que el fondo supere los 4.500 millones de euros, que se abonará la cantidad máxima prevista para la remuneración adicional de 1.668 euros por cada reunión extra. Para fijar estos pagos, los responsables ministeriales han tomado como referencias las remuneraciones percibidas por los miembros de Consejos de Administración de empresas del sector financiero y la norma que regula el sector público empresarial, explica la orden ministerial.

Además, los miembros que ejerzan los cargos de presidencia, vicepresidencia y secretaría de esta comisión “percibirán una remuneración adicional de un 25%, 15% y 20% respectivamente, sobre un importe de 71.000 euros brutos”. Lo que se traduce en: 88.750 euros brutos anuales para quien ocupe la presidencia; 81.650 euros al año para la vicepresidencia; y 85.200 euros brutos para el puesto de secretaría. Estos tres cargos se escogerán entre los propios miembros elegidos y si no hubiera acuerdo de dos tercios,la presidencia recaerá en uno de los miembros propuestos por los sindicatos; la vicepresidencia, uno de los de los empresarios; y la secretaría será para uno del Ministerio de Inclusión” indica la ley que regula esta comisión.

No obstante, todas estas retribuciones no comenzarán a abonarse a los miembros de esta comisión hasta el patrimonio conjunto de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos haya alcanzado al menos 1.000 millones de euros.

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