UGT denuncia ante el Defensor del Pueblo el recorte del servicio de mediación laboral de Castilla y León
El sindicato advierte que los acuerdos de gobierno del PP y Vox en Extremadura y Murcia anticipan “una conducta anticonstitucional” por el anunciado recorte de subvenciones a organizaciones de trabajadores y empresarios
Los sindicatos más representativos denuncian desde hace años el “ataque continuado” que Vox ejerce contra ellos y las funciones que les reconoce la ley. El discurso antisindical del partido de ultraderecha en la oposición cristalizó definitivamente en políticas concretas cuando la formación de Santiago Abascal tomó las riendas de la Consejería de Empleo de Castilla y León, gracias a un pacto de Gobierno con el PP. Una de las pruebas más tangibles es el recorte a la mínima expresión de la financiación del Servicio de relaciones laborales (Serla) de la comunidad autónoma, que se gestiona a través de una fundación creada por sindicatos y patronal. Este lunes UGT ha presentado ante el Defensor del Pueblo una queja contra esta política del Ejecutivo autonómico, “contraria a la Constitución” según el sindicato. Además, anticipa que los acuerdos de gobierno del PP y Vox en otras comunidades, como en Extremadura o en la Región de Murcia, anticipan otras conductas “anticonstitucionales” por el anunciado recorte de subvenciones a sindicatos y patronales.
El texto presentado por UGT ante el Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, denuncia que “algunos responsables políticos de comunidades autónomas han comenzado una campaña de acoso a estos organismos y a los institutos y fundaciones que ejecutan las competencias en materia de mediación y arbitraje, que son un desarrollo de una competencia estatal”. Por ello, indica UGT, “cualquier acción o decisión proveniente de una comunidad autónoma, que dificulte o directamente imposibilite los medios de solución autónoma de conflictos, sobrepasa las competencias autonómicas, que están limitadas a la ejecución de las competencias en materia laboral”.
Así, continúa UGT, “deben considerarse inconstitucionales todas aquellas decisiones que impidan el ejercicio de los instrumentos de mediación y arbitraje diseñados en el marco de su autonomía y en el ejercicio de la libertad sindical, de la negociación colectiva y el diálogo social por los agentes sociales; son contrarias a la Constitución en consecuencia la restricción de la financiación de los servicios de mediación y arbitraje desarrollados por los agentes sociales de forma injustificada o excesiva”.
El sindicato señala como “paradigma” de esta política la reducción de financiación del Serla en Castilla y León, “de forma tan radical que pone en riesgo su propia existencia”. El objetivo del Serla consiste en buscar lazos entre los empleados y las empresas para evitar acudir a la justicia para resolver conflictos laborales.
UGT anticipa que “esta conducta inconstitucional” también se daría en Extremadura y la Región de Murcia si se cumplen los programas de gobierno del PP y Vox, dados “los llamamientos a la reducción considerable de subvenciones a sindicatos y patronal” que recogen. En Murcia el texto dice lo siguiente: “Modificaremos la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos”. El de Extremadura es aún más directo: promete la “reducción considerable de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto de lo percibido en el año 2022″.
Ante esta situación, el sindicato solicita al Defensor del Pueblo que advierta a los gobiernos autonómicos, “en general”, de “su obligación de revertir todas las decisiones y de paralizar de todas las acciones que pongan en riesgo la actuación de las organizaciones sindicales, impidiéndoles el desarrollo de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas; y, en particular, la cesación de toda conducta que ponga en riesgo el ejercicio de los instrumentos de mediación y arbitraje”. E insiste para que esta queja alcance al resto de autonomías: “Que se recomiende a los gobiernos autonómicos a no adoptar ninguna decisión que pueda impedir o lesionar los instrumentos de solución autónoma de conflictos”.
La premisa de la que parte UGT es que hay intereses generales cuya satisfacción “el Estado delega en el sindicato”, como por ejemplo ese ejercicio de mediación y arbitraje que “evita y canaliza el conflicto social”. Por ello, asfixiar la capacidad de los agentes sociales de prestar este servicio acabaría constituyendo un ataque a ese principio: “La consecución de los fines de interés general no está absorbida por el Estado, si no que se armoniza en una acción mutua Estado-sociedad”. El sindicato recuerda que el Tribunal Constitucional considera que “la facultad reconocida a los representantes de los trabajadores y empresarios de regular sus intereses recíprocos mediante la negociación colectiva es una facultad no derivada de la ley, sino propia que encuentra su expresión jurídica en el texto constitucional”.
El responsable de la Consejería de Empleo, Mariano Veganzones, del partido ultra, descalifica recurrentemente a los representantes de los trabajadores e intentó eliminar la financiación prestada para esta intermediación. El presupuesto del Serla manejado en anteriores mandatos del PP, sin la extrema derecha en estos departamentos, rondaba el millón de euros. Veganzones insistió en dejarlo sin aportación alguna, acusándolo de “chiringuito”, pese a tramitar en 2022 3.534 conflictos individuales y 341 colectivos.
Más allá de la retirada de fondos al Serla, Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León, denuncia la desaparición o reducción de varios programas que ejecutaba la Consejería de Empleo antes de la llegada de Vox. Entre ellos menciona el de riesgos laborales, de asesoramiento para inmigrantes o de orientación laboral para desempleados.
El Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta ahora en funciones Yolanda Díaz, envió sendos requerimientos formales a la Junta para impedir la decisión del Ejecutivo autonómico. Finalmente, la financiación se redujo a un 60%, suma insuficiente para los sindicatos porque creen que igualmente saturará los juzgados al llegar a los tribunales cuitas laborales antes solventadas por el Serla.
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