Un capitalismo incorregible

Esta vez no ha sido una organización no gubernamental como Cáritas, Oxfam Intermón, Cruz Roja o Save the Children, ni un estudio de expertos el que ha disparado la alarma por el empobrecimiento de los más vulnerables. Ha sido el Banco de España el que ha señalado el deterioro de las condiciones de vida de los segmentos más pobres de la sociedad.

Los datos son contundentes. En 2022, un 9 % de hogares, (1,6 millones de familias) no pudieron cubrir los gastos esenciales con su renta total debido al “crecimiento observado de la inflación y de los tipos de de interés”. La situación se ha agravado con respecto a 2020, en que los hogares con dificultades representaban el 7%. Las penalidades son más severas para el 20% de la población con menos ingresos, en el que los hogares que no pudieron cubrir sus gastos esenciales representaban 17% del total en 2022, frente al 14,6% de dos años antes.

Lo más inquietante de esta radiografía social es que el deterioro se ha producido a pesar de las extraordinarias medidas adoptadas por el Gobierno de coalición como la creación del Ingreso Mínimo Vital, el fuerte aumento de las pensiones y del salario mínimo. El estudio de Banco de España reconoce que no ha tenido en cuenta estas u otras medidas como el Código de Buenas prácticas, aplicadas en los últimos trimestres, que en su opinión habría contribuido a amortiguar algunos de los efectos señalados. Es significativo que no se haya cuantificado el impacto que han tenido las ayudas a los más necesitados. No hay que especular mucho para imaginar lo que puede ocurrir con un futuro Gobierno que elimine o reduzca estos apoyos.

Los estragos de la alta inflación han sido mayores de lo previsto en todas partes. El informe económico anual del Banco Internacional de Pagos, reconoce que “el sorprendente aumento de la inflación ha erosionado sustancialmente la capacidad del poder de compra de los salarios”.

A pesar de las acertadas medidas de apoyo a los más vulnerables, han resultado insuficientes para neutralizar la imparable inercia de un modelo de capitalismo que se ha convertido en un sistema generador de desigualdades. Un sistema que ha normalizado la existencia de trabajadores en riesgo de pobreza, que en la UE alcanza el 12%; en España, el 13 %, pero que habían superado el 20% en 2019. Una realidad que explica como las remuneraciones de los asalariados redujeron su peso en la producción total de la economía hasta el 46,9% en 2022, frente al 49,7% en 2020.

Es necesario replantear una distribución más equitativa de la renta generada entre salarios y beneficios corporativos. El aumento de los márgenes empresariales, de un 25% en el sector energético, es un claro indicador de las dificultades de corregir este modelo de capitalismo tan voraz.

Una forma de reducir la inercia hacia la desigualdad es asegurar que la producción de ciertos bienes esenciales, como la vivienda, estén fuertemente intervenidos por las administraciones públicas. No es una utopía. Austria y Holanda han logrado excelentes resultados.

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