Los países de la UE rebajan la propuesta de la ley ‘rider’ comunitaria pese al malestar de España, Bélgica y Países Bajos

Los ministros de Trabajo de la Unión Europea han fijado su posición para negociar con el Parlamento Europeo sobre la directiva de trabajo en plataformas digitales. El texto pactado no ha gustado al Gobierno español. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado que el texto “devalúa” la propuesta que lanzó la Comisión Europea en diciembre de 2021 y la “teoría que han ido fijando los tribunales europeos y el Tribunal de Justicia de la UE”. La diferencia entre lo que planteó Bruselas y lo aprobado este lunes en Luxemburgo es que la primera opción presuponía que la relación del trabajador de la plataforma era la de asalariado. En cambio, el Consejo elimina esa presunción y llama a los países a “asegurarse” de que la relación entre el empleado y la empresa sea “correcta” de acuerdo con una serie de criterios. Por ello, España y otros siete Estados, entre ellos Bélgica y Países Bajos, han firmado una declaración conjunta para mantener el espíritu de la proposición original.

Fijar la posición de los Estados miembro no ha sido nada fácil. Los 18 meses que han pasado desde que Bruselas presentó la propuesta que hubiera supuesto la transformación en asalariados de más de cuatro millones de trabajadores de plataformas lo demuestra. De un lado, Francia presionaba para que se relajaran los criterios, secundada por bastantes países. De otro, España, apoyando el planteamiento de la Comisión -muy basado en la ley rider española- y apoyada por un grupo de Estados que, al menos, podían bloquear que el Consejo de la UE fijara una posición a la baja.

Esas posturas enrocadas no se movieron durante 2022. La presidencia checa, apoyada por Francia, trató de sacar una posición en diciembre del año pasado, pero chocó con la postura del grupo que lideraba España. Suecia ha vuelto a intentarlo y, finalmente, ha logrado que las negativas se conviertan en abstenciones. El Consejo ha fijado así su posición para que ahora se pueda negociar el texto legal definitivo con el Parlamento Europeo, que aprobó su postura hace unos meses.

La directiva que puso sobre la mesa la partía de la presunción de que la situación del trabajador de la plataforma digital era la de asalariado. En esto, precisamente, se inspira de la norma española, aunque la propuesta europea la desborda porque afecta a todos los empleados de plataformas y no solo a un sector (el del delivery). En el siguiente artículo, ayudaba a definir algo esta situación al establecer un listado de cinco circunstancias que podían darse en la relación y señalar que bastaba que se dieran dos para que la relación fuera se daba entre un empleado y su empresa. Ese quinteto era: el sueldo lo fija la compañía; hay uniforme o requerimientos similares de identificación; el trabajo es controlado por medios digitales; se restringe la libertad en la organización del trabajo, y, por último, se restringe la posibilidad de que el trabajador cree una base de datos de clientes.

Esa presunción queda ahora diluida ya que la posición del Consejo solo descarga en los Estados la opción de “asegurarse” de que la relación entre trabajador y empresa es la “correcta”. Después orienta cómo hacerlo al fijar un listado de siete circunstancias de las que basta con que se den tres para que sea una relación laboral. La ampliación del listado consiste, básicamente, en añadir dividir en la del control de la organización del trabajo, concretándolo en el horario, la posibilidad de rechazar pedidos y la de poder subcontratar los encargos.

El texto del Parlamento, por su parte, es más cercano a la propuesta de la Comisión, aunque no se alinea plenamente con ella. Esa mayor cercanía es a la que se ha agarrado la ministra Díaz para subrayar a su entrada al Consejo de la UE celebrado en Luxemburgo que confía en que durante la negociación de los dos colegisladores comunitarios, la posición de los Estados miembro se corrija. También ahí ha anunciado que España y otros siete países (Bélgica, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumania y Eslovenia) firmaban una declaración conjunta en la que apostaban por mantener la presunción de laboralidad en la directiva.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal