El caos de las deducciones autonómicas: 821 euros por hijo en Castilla y León y 36 en Andalucía

De los 36 euros en Andalucía a los 821 de Castilla y León. Estos son los importes que los contribuyentes de ambas comunidades, de media, se han deducido en la declaración de la renta por el nacimiento o la adopción de un hijo, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. ¿Qué explica tanta diferencia? Porque cada territorio establece sus propias deducciones autonómicas en el IRPF. Algunas de ellas son comunes a todas las regiones, sobre todo las sociales y familiares —nacimiento, asistencia a personas con discapacidad, gastos escolares...—, aunque los requisitos para acceder a ellas y los importes varían. Otras son específicas de cada autonomía. En total, hay más de 200, muchas con alcance limitado tanto en importe como en número de beneficiarios. “Es un laberinto”, opina Luis Del Amo, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE).

Los números hablan por sí solos. De los más 21 millones de declaraciones de la renta presentadas en 2020, la última estadística disponible, solo 1,8 millones de contribuyentes aplicaron deducciones autonómicas, por un importe total de 413,9 millones y una media de 220 euros por cabeza —la estadística no incluye Navarra y País Vasco, con régimen propio—. Los datos de 2019, libres de las distorsiones que pudo provocar la pandemia, arrojan resultados parecidos: 1,7 millones de declarantes se acogieron a estas ayudas, con una cuota media de 238 euros.

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que la proliferación de rebajas en la renta impulsadas por las comunidades ha sido gradual con el paso de los años. “Suelen crearse, pero no suprimirse, porque no hay un control a posteriori”, explica. “Y hay otras problemáticas: se aplican a las personas con renta, y los más vulnerables no alcanzan el umbral suficiente, y muchas veces no se solicitan por desconocimiento. Los contribuyentes confirman el borrador de la renta y ya está. Por ello, no siempre son políticas públicas eficaces, porque no van a beneficiar a quien realmente lo necesita”.

Justo estos días ha estallado una polémica sobre las ayudas públicas que se conceden también los más ricos. El debate ha explotado tras conocerse que varios diputados de la Asamblea de Madrid están acogidos al bono social, una rebaja en el recibo energético, solo por formar parte de una familia numerosa. Este colectivo tiene derecho a varias ayudas, entre ellas una deducción estatal en el IRPF que no discrimina por renta. Además, seis comunidades les reconocían una desgravación autonómica en 2020: Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia.

Diferencias de impacto

La Comunidad Valenciana tiene el número más elevado de deducciones autonómicas, una treintena, seguida por Castilla y León y Canarias. Cataluña, Extremadura y Madrid están en el otro extremo. En este maremágnum de rebajas hay algunas que llegan a tan pocos contribuyentes que el número de beneficiarios se considera secreto estadístico. De otra forma, se sabría con facilidad de quién se trata. Es el caso de la rebaja que reconoce Asturias por la certificación de la gestión forestal sostenible, la única que contempla una deducción de este tipo, la de Aragón por invertir en acciones de entidades que cotizan en empresas en expansión del mercado bursátil, o la de Baleares para donaciones, cesiones, contratos de comodato y convenios relativos al mecenazgo deportivo.

Entre las deducciones que menos dinero asignan por contribuyente, están los 25 euros de media por donaciones con finalidad ecológica en Aragón, una cifra que en Canarias fue de 14 euros en 2020 por el mismo concepto. En Cataluña, la cantidad media por donaciones a determinadas entidades en beneficio del medio ambiente y del patrimonio natural fue de 12 euros. En Murcia, la deducción media por inversión en dispositivos domésticos de ahorro de agua no alcanzó los 40 euros.

Sin embargo, la cuota y el número de contribuyentes no son necesariamente proporcionales. En Galicia, por ejemplo, solo 19 personas se desgravaron su inversión en entidades de nueva o reciente creación, pero el importe medio superó los 3.000 euros. De hecho, varias comunidades contemplan esta deducción, y las cantidades medias deducidas son de las más elevadas: en Andalucía y Aragón superan los 1.000 euros, en Baleares rozan los 2.000. El ejemplo opuesto pueden ser los 18 euros de media que 127.485 personas se han deducido en Cataluña por donativos a entidades que fomentan el uso de la lengua catalana u occitana, o los 164 euros promedio desgravados por gastos educativos por casi 190.000 contribuyentes residentes en Madrid.

Las deducciones con mayores impactos varían según el territorio, aunque las vinculadas a la vivienda o a la situación familiar suelen ser las más comunes y relevantes, y en muchos casos refuerzan las estatales dedicadas a la misma materia. En Andalucía, la más cuantiosa en importes y numerosa en contribuyentes es la reconocida a personas con discapacidad (casi 59.000 declarantes la recibieron, por una cuota total de seis millones de euros), En Madrid, la ayuda en el IRPF por arrendamiento de vivienda habitual benefició en 2020 a 57.688 ciudadanos, a más de 60.000 en el caso de la Comunidad Valenciana.

Eficiencia

La lógica de los beneficios fiscales, sean rebajas de tipos impositivos, deducciones o bonificaciones, suele encontrarse en el apoyo de políticas o actividades consideradas estratégicas o la ayuda a colectivos específicos. Ocurre con todos los grandes impuestos, desde el IVA —por ejemplo, la asistencia sanitaria está exenta y el turismo está gravado al 10% y no al 21%— al IRPF. Pero, mientras solo el Estado puede modificar tributos como el IVA o Sociedades, las comunidades tienen competencia sobre el 50% de la escala del impuesto sobre la renta —la mitad del tramo es autonómico y la otra mitad, estatal—, además de los mínimos personales y familiares.

“Hay una hiperinflación de deducciones autonómicas que afectan en algunos casos a poca gente, y en otros casos su contenido económico es mínimo”, insiste Del Amo. “Por ejemplo, la deducción por vivienda en pequeños pueblos alejados puede ser una buena idea, pero el incentivo debe ser lo suficientemente potente para que las zonas despobladas se revitalicen. Otra cosa que se echa de menos es que se analice el efecto de esa política. Tendría que haber un análisis a posteriori”, continúa.

La evaluación de las políticas públicas es, en general, una de las grandes tareas pendientes. La Autoridad Fiscal (Airef) es la encargada de ello —ya ha analizado 13 beneficios fiscales, el 60% del total, pero ninguno de ello en el IRPF autonómico—, pero el Gobierno muchas veces hace caso omiso a sus recomendaciones. “No hay un control ex-post de las deducciones, ni estatales ni autonómicas, cuando debería ser la norma. Si hay menos de 100 beneficiarios, podrían suprimirse”, subraya Mollinedo. “En su lugar, se podrían dar ayudas directas. Pero la Administración se tiene que dotar para que no pase lo mismo que con el ingreso mínimo vital, que al principio llegó a muy poca gente”.

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